El sector pesquero, representado por la Confederación Española de Pesca (CEPESCA), confía en que la situación política actual y el período de incertidumbre previsible hasta la definición de un nuevo Ejecutivo no deteriore la defensa de los intereses de la flota española en Europa, dada la trascendencia de las propuestas de la Comisión Europea (CE) que le afectan. Igualmente, los pescadores solicitan además que esta situación tampoco socave la agenda de temas y demandas del sector ante el Gobierno español.

Así, el sector recuerda que Europa afronta una posible revisión de la Política Pesquera Común (PPC), una evaluación de la política de la Unión Europea para gestionar la organización común del mercado de los productos de la pesca o la propuesta de la CE articulada a través del “Plan de Acción de la UE: proteger y restaurar los ecosistemas marinos en pro de una pesca sostenible y resiliente”, entre cuyos objetivos está incrementar las Áreas Marinas Protegidas (AMP) del 12 % al 30 % de aquí al año 2030 y prohibir el arte de arrastre en dichas zonas.

Esta última propuesta, dice el sector, tendría unas consecuencias muy negativas para los intereses de la flota española, más aún tras el cierre de 87 zonas a la pesca de fondo en el Atlántico Nordeste, desde las costas de Irlanda hasta el Golfo de Cádiz, tras la aprobación del Reglamento de Ejecución (UE) 2022/1614 de la CE y su anunciada revisión antes de que finalice el año. A este respecto, el reciente dictamen del Comité Científico, Técnico y Económico de la Pesca comunitaria sobre el impacto de estas vedas cifra en hasta 16,6 millones de euros las pérdidas anuales para la flota española.

Además de ello, apunta el sector, Europa también comienza a abordar el proceso de descarbonización de la flota con la meta de cero emisiones en 2050. Este objetivo, según el sector, exigirá traspasar los canales habituales de financiación destinados a la pesca y buscar fórmulas que aceleren el proceso, enfrentado a: un escaso desarrollo de fuentes de energía verdes o neutras sustitutivas, una edad media de la flota de 31,5 años que impide su adaptación al espacio que requerirán futuros motores, y las propias contradicciones de la PPC que, por ejemplo, fija restricciones de capacidad de tonelaje bruto (espacio a bordo) imposibilitando un mayor espacio a las nuevas formas de propulsión.

Por otro lado, asuntos importantes, como la no renovación del acuerdo de pesca entre la UE y Marruecos, el consejo anual de ministros de pesca para decidir las cuotas de pesca para el año próximo en las aguas de la UE, los días de pesca en el Mediterráneo o las medidas de gestión en las organizaciones regionales de pesca, como ICCAT o NAFO, también estarán en la agenda de los negociadores europeos.

Según Javier Garat, secretario general de Cepesca, “los tiempos de incertidumbre política no benefician a nadie y son especialmente lesivos para cualquier actividad económica, más aún para la nuestra, con una gran inflación normativa y muy sensible a los puntos de vista políticos, muchas veces poco o mal informados sobre la realidad. Por ello, añade Garat, confiamos en que la situación política española, en la que no es descartable una repetición electoral, no mengüe la defensa de los intereses de nuestra flota que, en definitiva, también es la de los españoles, dada la trascendencia de los temas que están encima de la mesa en Europa”.

De igual manera y en el ámbito nacional, el sector tampoco quiere que el escenario actual debilite su agenda y sus solicitudes al Ejecutivo, más aún con una actualidad marcada por las incertidumbres que plantea el conflicto de Ucrania y sus impactos imprevisibles en los costes de producción o los recelos ante la augurada ralentización económica europea o la española que, en el segundo trimestre, creció en 1,8 % frente al 4,2 % del primero y en un entorno inflacionista.

Así, el sector mantendrá la reclamación sobre la necesidad de reducir o eliminar el IVA de los productos pesqueros para promover el consumo de alimentos saludables a la población, una estrategia que, a su juicio, debe de considerarse prioritaria por el Ejecutivo.

Precisamente, este es uno de los puntos fundamentales del decálogo que el sector pesquero hizo llegar a la totalidad de los partidos políticos que conforman el arco parlamentario español y en el que también reclama la creación de un Ministerio del Mar o, en su defecto, una Secretaría de Estado de Pesca para recibir un trato acorde como suministrador estratégico de un alimento esencial. Asimismo, añade beneficios fiscales y sociales a las empresas pesqueras para fomentar su competitividad, promocionar el relevo generacional, potenciar la investigación, mejorar la gestión de la flota y de los recursos pesqueros con normativa española desarrollada en colaboración con las organizaciones pesqueras y una defensa decidida de los intereses de la pesca española ante las instituciones de la UE, buscando el equilibrio entre los aspectos sociales, económicos y medioambientales de la PPC.