La Unión Europea ha dado su aprobación definitiva al Plan Estratégico que España ha diseñado para llevar a cabo la aplicación, a partir del 1 de enero de 2023, de la nueva reforma de la Política Agraria Común (PAC).

Ante esta situación, el sector agrario andaluz, representado por ASAJA-Andalucía, COAG-Andalucía y Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía, ha declarado que no entiende ni aprueba que el ministro de Agricultura, Luis Planas, haya expresado su alegría por esta aprobación, ya que consideran que supone "un trasvase de ayudas desde esta región a otras comunidades autónomas".

En concreto, señalan que "pasa por hurtar 500 millones de euros a la principal región agraria de España, machacar su modelo social y profesional de agricultura que mantiene vivo su medio rural, además de penalizar su apuesta por la diversificación y la sostenibilidad, señas de identidad del sistema agroalimentario andaluz".

Para ASAJA, COAG y Cooperativas Agro-alimentarias, Planas tuvo claro desde un primer momento que iba a llevar a cabo su nueva política agraria a toda costa, con un marcado perfil autoritario, sin dar información, sin atender las propuestas del sector agrario andaluz, que incluye a uno de cada tres perceptores españoles de la PAC, y sin tener en cuenta las constantes demandas de consenso, ni las movilizaciones celebradas en unidad de acción.

En definitiva, critican que el Plan se ha redactado sin diálogo, sin estudio de impacto previo y sin criterios técnicos o agronómicos, priorizando los intereses de algunas comunidades, generando desequilibrios y agravios territoriales. En este sentido, según los datos manejados desde Andalucía, las medidas del Ministerio van a provocar un descalabro económico en el territorio y un trasvase de ayudas desde esta región a otras comunidades, ya que, entre otras cosas, penaliza la diversidad productiva al reducir el número de regiones (de las 50 actuales a 20) sin considerar las especificidades de algunas de las comarcas agrarias que más ayudas de pago básico generaron en las provincias de Sevilla, Jaén o Huelva, que quedan degradadas y se integran en regiones mucho menos productivas.

Esta discriminación se evidencia claramente si vemos los ecoregímenes en los que a nivel estatal se han configurado dos regiones de pastos y solo una de regadío. Así, el número de ecoregímenes y el reparto de los fondos de esta partida son, a todas luces, insuficientes si se quiere impulsar una producción agraria más verde, como señala Bruselas. Además, para el campo andaluz es un error no vincular esta arquitectura medioambiental con las nuevas regiones productivas.

Como ya señalaron en su momento las organizaciones firmantes, el impacto de estas medidas que entrarán en vigor el próximo 1 de enero será dramático para los agricultores y los ganaderos andaluces, máxime en un contexto como el actual de sequía extrema, fuerte crisis energética y de incremento desmesurado de los costes de producción, a lo que deberán sumar las pérdidas en la PAC, lo que acabará con la rentabilidad de miles de explotaciones andaluzas. Los datos aportados por la Consejería de Agricultura de Andalucía indican que la nueva PAC provocará una merma del 30% en las ayudas de750.000 hectáreas de secano, la pérdida del 25% de las ayudas percibidas en el periodo actual por 700.000 hectáreas de olivar y una reducción de entre el 30 y el 40% de las ayudas de todo el regadío.

La pérdida de presupuesto no es la única crítica de las organizaciones, ya que como recuerdan el Plan Estratégico complica más si cabe la gestión técnica y económica de las explotaciones agrarias, lejos de la simplificación administrativa anunciada por la Administración y que tanto anhela el sector productor.

 

Carmen Crespo pide al Gobierno el aplazamiento inmediato de los ecoesquemas de la PAC

Por su parte, la consejera de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Carmen Crespo, ha explicado que Andalucía va a pedir “al Gobierno de España el aplazamiento inmediato de la entrada en vigor de los ecoesquemas de la futura Política Agraria Común (PAC), puesto que éstos, tal y como están definidos, suponen un gasto más para nuestros agricultores y ganaderos en unos momentos de crisis”.

A este respecto, Crespo ha comentado que “vamos a seguir insistiendo en las alegaciones que, de forma conjunta con el sector agrícola, presentamos ante el Gobierno de España para evitar que la principal región perceptora de la PAC, Andalucía, pierda más de 500 millones de euros de la Política Agraria Común, convirtiéndose en un problema más que se suma a los ya existente en el sector”. Andalucía volverá a exigir que se atienda dichas alegaciones en el seno de la próxima Conferencia Sectorial prevista para este mes de septiembre.

Para la consejera la Política Agraria Común “no puede ser un limitante” sino que “tiene que ser una oportunidad en estos momentos de subida de costes de producción y de sequía para los agricultores y ganaderos andaluces”.

Por otro lado, Carmen Crespo ha animado al sector andaluz a “aprovechar la importante oportunidad” que supone para los agricultores andaluces la ampliación a 2023 de la flexibilización de los requisitos de la PAC para poner en producción las tierras que, en principio, deberían mantenerse en barbecho para poder recibir determinadas subvenciones europeas. “Numerosos productores de Andalucía se han sumado ya a esta posibilidad pero aún hay margen para seguir sacando rendimiento a miles de hectáreas donde podría crecer, por ejemplo, el cereal y el grano que actualmente necesita Europa”, ha apuntado la consejera.

Crespo ha apostado por poner en producción el máximo de superficie disponible para que los agricultores andaluces “aumenten la rentabilidad de sus explotaciones conservando las mismas subvenciones y contribuyendo, además, a que Europa alcance la suficiencia alimentaria que garantizaría su abastecimiento en momentos de especial dificultad como el que vivimos actualmente, entre otras razones, por el impacto de la guerra de Ucrania”.

En Andalucía se están cultivando ya alrededor de 35.700 hectáreas que se encontraban en barbecho para cumplir con las exigencias de la PAC. Esta extensión supone el 53% de las 66.000 hectáreas consideradas de interés ecológico en la Comunidad Autónoma andaluza.