^{Pedro Barato}

^{Presidente de ASAJA}

Las movilizaciones que estos días recorren nuestras carreteras no son fruto de un arrebato. Son la expresión de un malestar profundo y acumulado. Mercosur y la nueva PAC han sido el detonante, pero el problema es estructural y debe analizarse en el marco de una globalización que avanza sin reglas equilibradas para quienes producen bajo los estándares más exigentes del mundo.
 

El campo español compite en un mercado global, pero lo hace con una mochila normativa y de costes cada vez más pesada. La guerra de Ucrania disparó la energía, los fertilizantes y la alimentación animal. Se han incrementado las exigencias en sanidad animal, las inversiones obligatorias para cumplir nuevas normativas y el impacto de la subida del salario mínimo en sectores intensivos en mano de obra. Todo ello mientras los precios en origen, en muchos casos, no cubren los costes reales de producción.

Sobre esa realidad se proyecta ahora un doble desafío: el acuerdo con Mercosur y el recorte presupuestario de la PAC para el periodo 2028-2034. La propuesta comunitaria supone un recorte nominal del 22 %. Si añadimos el efecto de la inflación, hablamos de otro recorte del 14 %, es decir menos dinero y más exigencias. En términos reales, miles de agricultores y ganaderos podrían perder hasta 8.000 euros anuales de ingresos netos. Eso no es un ajuste técnico; es un golpe directo a la rentabilidad de las explotaciones.
 

Se nos dice que el Parlamento Europeo ha aprobado cláusulas de salvaguarda para proteger a los sectores sensibles frente a Mercosur. Sin embargo, generan más desconfianza que tranquilidad. La experiencia demuestra que los mecanismos de salvaguarda aplicados hasta ahora en acuerdos comerciales han resultado, en la práctica, tan lentos como ineficaces, incapaces de anticiparse a las distorsiones de mercado y de evitar daños estructurales en los sectores afectados.

 
Activar medidas si las importaciones aumentan un 5 % o si los precios caen otro 5 %, con un plazo de hasta 21 días, difícilmente puede considerarse un escudo eficaz en mercados agrarios volátiles. Cuando se actuara, el daño podría estar hecho.
 

A ello se suma una cuestión clave: los controles. Según datos de la propia Comisión Europea, apenas el 0,0082 % de los productos importados son inspeccionados físicamente en frontera. Con ese nivel de verificación, resulta complicado garantizar que lo que entra cumple las mismas exigencias sanitarias y medioambientales que se imponen aquí. Sin controles efectivos, no hay reciprocidad real.

 
Pero el debate de la PAC no es solo presupuestario. Es también político. Cualquier refuerzo o fondo adicional para paliar los recortes no puede depender de la voluntad coyuntural de un Gobierno. Debe ser obligatorio, estable y exclusivo para el agricultor y el ganadero profesional. Si no es así, se rompe el Mercado Único y se genera una desventaja competitiva entre Estados miembros. No puede haber agricultores europeos de primera y de segunda según la capacidad presupuestaria de cada país.
 
Además, las ayudas deben medirse también por su rendimiento socioeconómico: producción, empleo, mantenimiento del territorio. La sostenibilidad no puede evaluarse únicamente en términos ambientales. Sin rentabilidad no hay transición ecológica posible.

Las protestas no son contra Europa ni contra el comercio. Son una llamada a la coherencia. El sector primario no puede seguir siendo la variable de ajuste en la globalización ni la moneda de cambio en negociaciones internacionales.

Cuando una explotación cierra, no desaparece solo una empresa. Desaparece empleo, actividad económica y vida en el medio rural. Y el consumidor tampoco queda al margen: menos producción propia implica mayor dependencia exterior.

Defender al campo no es una cuestión sectorial. Es una cuestión estratégica para el país y para Europa.