La estimación de que una quinta parte de los alimentos se desperdicia, según el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), refleja la magnitud del problema. Aunque se produce suficiente comida para alimentar a toda la población, 733 millones de personas siguen pasando hambre cada día.

En este contexto, las empresas pueden influir directamente en la pérdida y el desperdicio alimentario adoptando enfoques estructurados en sus operaciones y su cadena de valor, como los que plantea la futura norma ISO 20001, actualmente en desarrollo.

Además, la entrada en vigor de la Ley 1/2025 en España introduce un nuevo marco para todos los agentes de la cadena alimentaria, suponiendo un reto en su implementación práctica y reforzando la necesidad de avanzar hacia modelos de gestión más sistematizados.

Hablamos con Cristina Portal, Food Sales Area Manager en DNV Iberia, sobre cómo las organizaciones están afrontando este desafío y cuáles son las claves para su reducción.

Revista Alimentaria (RA.) ¿Son un problema real la pérdida y el desperdicio alimentario para las organizaciones?

Cristina Portal (CP). Sí, es un problema real. Según el informe ViewPoint “Pérdida y desperdicio alimentario” de DNV, publicado en 2025 y basado en una encuesta internacional, el 60 % de las empresas reconoce este desafío, aunque menos de una cuarta parte lo considera prioritario en su agenda.

En este contexto, es importante diferenciar conceptos. La pérdida alimentaria se produce en fases como la producción o la distribución, antes de que los alimentos lleguen al consumidor. El desperdicio, en cambio, tiene lugar cuando alimentos aptos para el consumo se desechan en la fase de venta minorista o consumo.

Aun así, el 85 % de las empresas declara estar tomando medidas. Las organizaciones en fases iniciales se centran en aspectos operativos, mientras que las más grandes y las marcas consolidadas están más impulsadas por criterios de sostenibilidad.

El estudio también muestra una clara oportunidad de mejora. La mitad de las empresas considera que se puede evitar una cantidad significativa de pérdidas y desperdicios, y un 28 % cree que podría evitarse prácticamente la totalidad. Entre aquellas que han implantado indicadores, destacan la eficiencia en la producción, la calidad y la seguridad, y la reducción del desperdicio.

Persisten, no obstante, obstáculos como la falta de concienciación, la educación insuficiente o la dificultad de equilibrar los requisitos de seguridad alimentaria con la reducción de residuos, lo que evidencia la necesidad de enfoques más coordinados y una mayor priorización.

RA. ¿Qué persigue la nueva Ley 1/2025?

CP. La Ley 1/2025 surge como respuesta al ODS 12 de la Agenda 2030 y establece el marco para prevenir y reducir la pérdida y el desperdicio alimentario en todos los agentes de la cadena en España, bajo un enfoque de responsabilidad compartida.

Abarca desde el sector primario hasta la distribución, la hostelería, los servicios alimentarios, las entidades sociales y la propia administración pública.

De forma más concreta, la ley busca mejorar la eficiencia en el uso de los recursos, promover la economía circular y establecer una jerarquía de prioridades para la gestión de excedentes. También fomenta la donación segura de alimentos, impulsa la medición rigurosa del desperdicio y promueve la sensibilización, formación e información de todos los agentes, incluidos consumidores y sector HORECA.

RA. ¿Cuáles son las principales causas de la pérdida y el desperdicio alimentario para las organizaciones?

CP. El estudio DNV Viewpoint muestra que no existe una única causa, sino que se trata de un problema complejo que afecta a toda la cadena. Entre los principales factores destacan las pérdidas en operaciones habituales, problemas de calidad, materias primas, errores humanos y cuestiones relacionadas con la durabilidad y la caducidad.

También se identifica la ineficacia de los procesos como un factor relevante. Las grandes empresas, además, señalan una mayor diversidad de problemáticas, lo que refleja la complejidad del reto.

La responsabilidad suele estar compartida entre distintas funciones dentro de la organización. Aunque muchas empresas ya actúan, solo el 44 % cuenta con sistemas estructurados de gestión, lo que evidencia margen de mejora.

RA. ¿Cuál es el principal reto de la Ley 1/2025 para las organizaciones?

CP. Más que una limitación presupuestaria o de tiempo, el principal reto es comprender el problema y definir una estrategia clara para abordarlo. Muchas organizaciones aún no han llegado a ese punto.

Las principales preocupaciones se centran en la falta de concienciación y formación, la durabilidad de los productos y el equilibrio entre seguridad alimentaria y reducción del desperdicio. En este sentido, los sistemas de gestión de seguridad alimentaria pueden servir como base para integrar estos aspectos de forma más estructurada.

Además, desde la experiencia con clientes del sector, existe preocupación por la implementación práctica del plan de prevención, especialmente por los costes asociados, la gestión de donaciones dentro de los plazos de caducidad o la complejidad de los requisitos legales vinculados a subproductos y alimentación animal. También se demanda mayor apoyo de la administración para facilitar colaboraciones y asegurar un cumplimiento viable.

RA. ¿Cómo puede ayudar la certificación ISO 20001?

CP. La certificación aporta un marco estructurado y genera confianza al ser evaluada por una entidad independiente. En el ámbito de la pérdida y el desperdicio alimentario, la futura ISO 20001 seguirá la estructura de alto nivel de otras normas ISO, lo que facilitará su integración en organizaciones que ya trabajan con sistemas de gestión.

Este estándar permitirá identificar y medir la pérdida y el desperdicio alimentario, establecer objetivos claros, implantar buenas prácticas y hacer seguimiento de los avances. Además, contribuirá a mejorar la eficiencia, reducir costes y reforzar el desempeño en sostenibilidad.

De forma específica, la norma proporcionará herramientas para identificar puntos críticos, gestionar excedentes y abordar el problema de manera proactiva, alineándose con los requisitos de la Ley 1/2025 y facilitando su cumplimiento en el tiempo.

La reducción de la pérdida y el desperdicio alimentario se consolida como un reto clave para el sector agroalimentario. La entrada en vigor de la Ley 1/2025 y el desarrollo de estándares como la futura ISO 20001 apuntan hacia una gestión más estructurada, en la que las organizaciones deberán integrar nuevos enfoques y herramientas.

En este contexto, contar con el acompañamiento de entidades como DNV, con experiencia en evaluación, certificación y desarrollo de estándares internacionales, resulta clave para avanzar con rigor y confianza en la implementación de modelos de gestión más eficientes y sostenibles.