La flota atunera española agrupada en OPAGAC circunscribe la supervivencia de las flotas responsables de atún tropical a una toma de postura y de acciones definitivas de Europa ante las prácticas ilegales de otras flotas que faenan en los mismos caladeros. “Ni aportan esfuerzo alguno para asegurar la sostenibilidad ambiental, ni dudan en despreciar las mínimas condiciones de trabajo dignas de sus tripulaciones y convertir este ahorro de coste en un factor de competitividad es inadmisible en el mercado europeo”, así se ha expresado Julio Morón, director gerente de OPAGAC, durante la celebración del V Congreso Nacional del Atún que, en esta edición, aborda la sostenibilidad integral de esta pesquería.

A este respecto, y según los datos facilitados por OPAGAC, la sostenibilidad social, aquella que afecta a la garantía de unas condiciones dignas de trabajo, seguridad y bienestar de las tripulaciones, ya supone en torno a un 20% de los costes operacionales de las compañías que la han asumido. Según Morón, “se trata de un coste al que no vamos a renunciar, sino todo lo contrario, para tratar de competir comercialmente con las flotas ilegales que lo usan para abaratar su producto y que, paradójicamente, es distribuido en Europa”.

De hecho, según los últimos datos disponibles, las importaciones europeas de atún procedentes de flotas del sudeste asiático y China –que están exentas de aranceles– han pasado de representar el 5% en 2012 a más del 50% actualmente. En total, Europa importó más de 79.500 toneladas de atún procedente de estas flotas el año pasado para consumo interno. En opinión de OPAGAC, el agravio comparativo con la producción comunitaria, que cumple con todos los requisitos legales, es abismal. Según esta organización, la aplicación del Convenio 188 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), ya en vigor, debe exigirse a todas las importaciones al mercado comunitario, para garantizar que los ciudadanos europeos no consumen pescado proveniente de barcos “con esclavos a bordo” o en los que no se respetan las condiciones sociales mínimas fijadas por la OIT.

Según ha expresado la flota atunera española durante el congreso celebrado, una vez alcanzados unos niveles de sostenibilidad biológica del atún tropical muy aceptables (el 86% de las capturas mundiales de atún procede de poblaciones que se encuentran en niveles saludables, según ISSF), es el momento de afrontar la sostenibilidad social.

Según la flota, de no hacerlo Europa perderá su peso y consecuentemente su soberanía alimentaria sobre este producto pesquero, uno de los más consumidos por los europeos, y dependerá de países terceros y, además, con una mano de obra en condiciones muy alejadas de los estándares mínimos europeos.

Así, y según datos facilitados por la flota, el coste medio de un buque atunero medio (capacidad de carga de 1.250 toneladas) se sitúa en torno a los 11 millones de euros anuales (combustible, mantenimiento, equipación tecnológica, suministros, atraques y gastos sociales) y esta cifra puede alcanzar los 15 millones en barcos con una capacidad de carga mayor (1.750 toneladas). Además, hay que tener en cuenta, apunta la flota, el lastre que está suponiendo el incremento del precio del combustible, en torno a un 175%.

En el caso de los buques atuneros, por ejemplo, taiwaneses o filipinos, flotas caracterizadas por su opacidad, los últimos datos que se conocen apuntan a que sus costes se dividen, al menos, por dos. Así, un buque taiwanés con capacidad de carga de 1.600 toneladas tendría unos costes de 2,6 millones de euros y esta cantidad sería de 1,3 millones en el caso de un buque filipino de 650 toneladas de capacidad de carga.  

Esclavitud moderna en el sector pesquero

La OIT estima que 128.000 personas se encuentran en situación de esclavitud moderna a bordo de buques pesqueros, según su informe Global Estimates of Modern Slavery Forced Labour and Forced Marriage (septiembre 2022). Los pescadores describen enfermedades, lesiones físicas y abusos psicológicos y sexuales entre las violaciones extremas a las que se enfrentan, señala la organización.

A este respecto, cabe señalar que el 50% de las grandes empresas suministradoras de atún en lata del Océano Pacífico Occidental a las grandes superficies comerciales europeas no dispone de procesos de vigilancia y persecución de la vulneración de los derechos humanos de los trabajadores en su cadena de producción, según un estudio de Deloitte para la flota atunera.

Para garantizar a distribuidores y consumidores que el atún que comercializan o consumen es capturado conforme a los mejores estándares en materia ambiental y sociolaboral, la flota atunera española obtuvo el certificado Atún de Pesca Responsable (APR) AENOR para la totalidad de sus capturas en diciembre de 2018. Esta certificación es la primera del sector pesquero mundial en asegurar el cumplimiento de las condiciones laborales a bordo requeridas por la OIT en su Convenio 188, lo que la hizo merecedora del Premio “Alimentos de España 2020” del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

El pasado julio, la flota culminó este trabajo para garantizar una pesca de atún responsable y sostenible con la consecución del sello de Marine Stewardship Council (MSC), la certificación medioambiental pesquera más prestigiosa del mundo. A partir de la aplicación de su Código de Buenas Prácticas y de la cobertura del 100% de observadores, la flota ha conseguido el certificado para la mitad de sus capturas -180.000 toneladas, el 3% de la producción mundial de atún tropical- en todos los océanos en los que opera -Índico, Pacífico y Atlántico-, convirtiéndose en el primer grupo pesquero del mundo en lograr la certificación global de su pesquería.

Según la flota, la consecución de estas dos certificaciones demuestra que alcanzar la sostenibilidad integral en la pesca es posible, lema del V Congreso Nacional del Atún. “Sólo queda que la sostenibilidad socioeconómica de esta actividad se refuerce con el reconocimiento del mercado de nuestro buen hacer”, termina Morón.