El largo y complejo proceso de reforma de la Política Agraria Común se acerca a su final. Tras el acuerdo a nivel europeo, ahora el debate se recrudece dentro de nuestras fronteras. Un debate que el Ministerio de Agricultura y las Comunidades Autónomas pugnan por controlar, pero en el que las voces de los verdaderos destinatarios, los agricultores y ganaderos, son las que deben escucharse “con mayor atención”.

La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos ha valorado el anuncio del Ministerio de Agricultura de someter a consulta pública el Plan Estratégico nacional de la PAC a finales de noviembre. “Hay que escuchar todas las voces y opiniones, pero sobre todo hay que tener en cuenta los retos que tenemos como país, y en esos retos el principal actor debe ser el productor de carácter familiar”, ha asegurado UPA.

La organización agraria considera que el Plan Estratégico debe establecer medidas de apoyo prioritario a las explotaciones familiares y profesionales, que suponen la base de la producción de alimentos en España. “El acuerdo entre los Estados Miembros dota al Ministerio de Agricultura y a las CC.AA. de herramientas suficientes para que así sea”, remarcan.

El modelo social que representa UPA debe contar con “ayudas asociadas importantes”. “El aumento del presupuesto dedicado a estas ayudas es una buena noticia, pero es indispensable que el Ministerio vuelva a incluir el criterio de degresividad”, han señalado, en referencia a dotar de más apoyos a las primeras hectáreas y cabezas de ganado.

Asegurar un reparto más justo de las ayudas

UPA cree ”indispensable” que se pongan en marcha los mecanismos necesarios para que las grandes explotaciones no puedan eludir el techo por explotación, evitando así recaudar fondos suficientes para la puesta en marcha de la ayuda redistributiva. “No tiene ningún sentido que las grandes explotaciones puedan ver recortado el apoyo público por vía de la ayuda básica, y que posteriormente lo recuperen por las ayudas asociadas o los ecoesquemas”, recuerdan.

Desde UPA recalcan que los requisitos tanto de la condicionalidad, como para el cumplimiento de los ecoesquemas deben ser “realistas” y, si es necesario, estableciendo determinadas excepciones que permitan que la actividad agrícola y ganadera pueda seguir siendo fuente de riqueza en el medio rural.

Esta organización considera que es necesario presentar formalmente una propuesta definitiva ya, que dote de seguridad a los agricultores y ganaderos y que permita elaborar la normativa de desarrollo “con calma”. El objetivo debe ser que en el otoño de 2022 los titulares de las explotaciones agrarias tengan toda la información para planificar la campaña siguiente, que ya estará afectada por los requisitos del Plan Estratégico.

Decepción en el sector agrario andaluz

Por su parte, el sector agrario andaluz, representado por ASAJA, COAG, UPA y Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía, mostró su decepción, desesperación y enfado por el anuncio del Ministerio. Denuncian que el documento no está consensuado y es rechazado por Andalucía, entre otras regiones. "El ministro desoye de nuevo a los productores andaluces y declina incorporar medidas que puedan paliar el grave perjuicio que su propuesta de Plan Estratégico para la aplicación de la PAC va a generar en Andalucía, con pérdidas de hasta 180 millones de euros anuales. Es decir, si no se modifica la propuesta, la comunidad podría perder hasta 900 millones entre 2023 y 2027. Por ello, para las organizaciones agrarias y cooperativas, la consulta pública es una artimaña para justificar que se han ignorado las propuestas que se han hecho en las mesas de negociación, dando la espalda al sector agrario y pretendiendo otorgar un valor democrático a una propuesta que no lo tiene", aseguran.

Para las asociaciones agrarias, "Luis Planas da otro paso con su propuesta sin atender las demandas del sector agrario andaluz y traiciona a Andalucía una vez más al avanzar con un modelo que provocará un trasvase de fondos que perjudicará de forma directa a los agricultores y ganaderos que más han aportado al presupuesto de la PAC para España, reflejo del potencial productivo del campo andaluz. De esta forma, el ministro niega el derecho al progreso y al futuro de los productores agrarios andaluces. Cabe recordar que el complejo agroalimentario es un motor socioeconómico fundamental para la región, que dinamiza el medio rural, genera más del 10% del empleo de la región y supera los 30.000 millones de euros de negocio. Se trata de un modelo sostenible y social que distribuye riqueza, genera empleo, gestiona territorio y fija población".

Los ecoesquemas se nutren del 25% del total de las ayudas directas que reciben los agricultores y ganaderos. Por ello, las organizaciones agrarias y cooperativas entienden que lo razonable es aplicar los ecoesquemas en función de la región productiva en la que estén esos agricultores y ganaderos. Es decir, cada región debe compensar la medida que se ha de aplicar en el ecoesquema, por lo tanto ese presupuesto retornaría para que no lo perdieran de manera injusta agricultores y ganaderos, reconociéndose así la diversidad productiva de nuestro país.

Se evitaría de esta manera la especulación presupuestaria y fijaría el presupuesto al territorio, contemplando la diversidad productiva y apostando por el modelo social y profesional de agricultura. De no ser así, se deslocalizan los fondos presupuestarios y se pondría en juego el marco de calidad, competitividad y seguridad alimentarias que caracteriza hoy en día al sector agrario andaluz.

Por otro lado, organizaciones agrarias y cooperativas insisten en que la reducción de regiones productivas penaliza la diversidad de Andalucía, al pasar de las 50 zonas actuales a un máximo de 20. Si bien el panorama planteado en los primeros borradores era menos halagüeño para la comunidad, una vez conocido el planteamiento de la distribución comarcal de cada una de ellas, así como los importes medios, las organizaciones representativas del sector agrario andaluz exigen cambios sustanciales para conseguir el necesario equilibrio territorial y productivo con tal de minimizar el impacto real y las pérdidas que de estas nuevas regiones se derivarían para miles de agricultores y ganaderos andaluces.

La propuesta del campo andaluz está encima de la mesa y se espera que el ministro de Agricultura reconduzca su actitud. Mientras, el sector se reunirá en los próximos días para organizar un proceso reivindicativo más contundente con el objetivo de alcanzar un trato equilibrado para Andalucía.