Durante las perturbaciones del mercado lácteo entre 2014 y 2016, la UE adoptó amplias medidas de apoyo y respondió rápido a la prohibición rusa de importar en su país los productos lácteos comunitarios. Sin embargo, un informe del Tribunal de Cuentas Europeo dice que la evaluación de las necesidades reales de los productores fue insuficiente y las ayudas no se orientaron adecuadamente.

A principios de la pasada década, los ganaderos de algunos Estados comunitarios aumentaron su producción de leche de forma considerable gracias a la subida de precios, que registraron sus máximos a principios de 2014. Pero en agosto de ese año, la Federación de Rusia prohibió los productos lácteos procedentes de la UE en respuesta a las sanciones que esta había infligido a Ucrania. En ese momento, además, las exportaciones de la UE a China se estaban ralentizando. Todos estos factores produjeron un desequilibrio entre la oferta y la demanda que duró hasta mediados de 2016.

Entre las medidas que la PAC ofreció para aliviar esa situación se encuentran el pago directo para estabilizar los ingresos de los productores; las medidas de intervención del mercado, conocidas como “red de seguridad”, que consisten en mantener los precios retirando temporalmente los excedentes, y las medidas excepcionales para contrarrestar las perturbaciones del mercado.

La UE debe estar mejor preparada en el futuro

Los auditores del Tribunal de Cuentas han concluido en su informe que la Comisión Europea respondió con rapidez a la prohibición rusa. Tras calcular el volumen de pérdidas en la exportación de mantequilla, queso y otros productos lácteos, lanzó un primer paquete de ayuda excepcional a finales de 2014 para los productores de los países bálticos y Finlandia, que fueron los más afectados.

Sin embargo, la Comisión tardó más en atender los desequilibrios subyacentes, según observan los auditores. El ejecutivo comunitario destinó fondos por valor de 390 millones de euros para reducir la producción de forma voluntaria. Sin embargo, debido a unos precios históricamente bajos, muchos productores ya habían reducido su producción antes de que se aplicaran estas medidas.

Los pagos directos suponían un 35% de los ingresos de las explotaciones lecheras en 2015 y 2016. Un desplome repentino de los precios puede generar problemas de liquidez entre los productores de leche a pesar de su efecto estabilizador sobre la renta. La Comisión trató de abordar esta cuestión, pero no tuvo en cuenta la magnitud de los problemas de liquidez de las explotaciones lecheras. Los auditores constataron que era el volumen disponible de recursos, y no las necesidades reales, lo que tenía un peso fundamental en la asignación del presupuesto. Los Estados, por su parte, favorecieron una serie de medidas excepcionales fáciles de ejecutar y optaron por una distribución generalizada de los fondos sin mucha orientación.

Para financiar sus medidas excepcionales para 2014-2016, la Comisión se planteó recurrir a la “reserva para crisis en el sector agrícola”, pero no llegó a hacerlo. También trató de aprovechar las enseñanzas aprendidas ante futuras crisis: por ejemplo, en el contexto de la PAC 2021-2027, ha propuesto flexibilizar el uso de la reserva para crisis con el fin de reforzar su papel. Sin embargo, según los auditores, no ha evaluado los efectos de las medidas adoptadas por los Estados miembros.

Contexto

El sector de la producción de leche de vaca es el segundo de la UE en valor y representa en torno al 14% de la producción agrícola. Alemania, Francia, Países Bajos, Polonia, Italia e Irlanda son los principales países productores.

El Informe Especial nº 11/2021 “Ayuda extraordinaria a los productores de leche de la UE en el periodo 2014-2016. Se puede mejorar la eficiencia en el futuro” se puede consultar en la página web del Tribunal (eca.europa.eu).

Los informes del Tribunal de Cuentas Europeo son presentados al Parlamento y al Consejo, así como a otras partes interesadas, y, en su mayoría, sus recomendaciones son llevadas a la práctica.