“España y algunas zonas productoras de la Europa mediterránea están viviendo la eclosión del pistacho pero, comparados con California, somos como una gota de agua en el océano. Existen sinergias que nos conviene a todos aprovechar. Para no perder la rentabilidad actual tenemos que aumentar el consumo y ser más competitivos y eso pasa por organizarse, mejorar en eficiencia y explorar vías de colaboración con EEUU”. Esa fue la principal conclusión expuesta por Carlos Suárez, presidente del Consejo Europeo del Pistacho (CEP) tras rubricar con su homólogo de American Pistachios Growers (APG), Richard Matoian, un convenio entre sendas entidades que permitirá compartir información, organizar congresos y visitas conjuntas e identificar futuros proyectos de colaboración.

Suárez y Matoian analizaron durante una jornada desarrollada este fin de semana en el recinto ferial de Talavera de la Reina (Toledo) la situación de este fruto seco a uno y otro lado del Atlántico y dejaron claras las diferencias entre sendos modelos: más allá de ser un sector sólo incipiente en Europa y ya muy maduro en EE UU –que es, con 590.000 toneladas, el líder mundial indiscutible– el pistacho californiano se basa en sistemas intensivos de altos rendimientos en regadío; el español, por el contrario, es mayoritariamente de secano y/o regadío de apoyo, pero con potencialidad de convertirse en el cuarto productor mundial gracias a la gran superficie disponible para su cultivo y a la ventaja logística de encontrarse dentro del mercado único de la UE. Pero ambos comparten un interés: aumentar la ingesta del pistacho como producto saludable en Europa.

La CEP engloba a buena parte de los principales productores –fundamentalmente españoles– de pistachos pero también a procesadores, comercializadores, viveros así como empresas de maquinaria y servicios procedentes de las principales zonas de cultivo europeas. Grecia es la primera en producción de este grupo, con unas 8.000 toneladas (t) en unas 10.000 hectáreas (ha) pero sin posibilidades de expansión; le sigue España, con 4.500 t. a lo largo de 66.000 ha. plantadas, de las que hoy solo están en producción el 10 %; en tercer lugar quedaría Sicilia (Italia) con 2.000 t. en 5.000 ha. pero también limitada por su condición de ínsula.

Nuestro país está llamado a liderar la producción comunitaria y el CEP aspira a ser el germen desde el que erigir una interprofesional europea con la que cimentar el crecimiento de este cultivo y su mercado.

La APG, por su parte, es una asociación que representa a más de 800 grandes productores, procesadores y comercializadores de California, Arizona y Nuevo México. Como aclaró su presidente, el sector norteamericano dirige sólo el 31 % de su producción a su mercado doméstico, el resto –un 69 %– lo exporta fundamentalmente a Europa (24 %), a China y Hong Kong (21 %) y a África y Oriente Medio (12 %). En 2022, la APG gestionó un presupuesto de 18 millones de dólares (1,7 millones del Gobierno federal y otros 17,1 financiados por el propio sector a razón de unos 0,07 euros/kg al cambio), de los cuales el 80 % se dirigieron a promoción (publicidad y marketing) y el resto a estudios sobre las propiedades saludables de este cultivo.

La CEP, por su parte y siguiendo el modelo norteamericano, ha iniciado este año una campaña piloto a partir de aportaciones voluntarias de sus miembros productores y comercializadores (0,05 €/kg) para financiar las acciones de la asociación. La intención a largo plazo es, cuando se transforme en una interprofesional europea –como ya existe en el caso del algodón– aprobar extensiones de norma que permitan cofinanciar, junto a los fondos europeos existentes, futuras promociones para incentivar el consumo en la UE. Para lograr tal meta –dijo Suárez– “es esencial que los distintos actores de la cadena de valor del pistacho en nuestro país y del resto de zonas productoras de Europa den un paso adelante y se asocien al CEP”.

En ambos casos, mucho más aún en el español, se trata de un cultivo en franca expansión que está obteniendo altas rentabilidades. En 2020 la superficie dedicada al pistacho en California no llegaba a las 160.000 ha, este año superará las 180.000 y para 2026 sumarán unas 206.000. Hoy –como recordó Suárez– en España se produce en unas 66.000 ha, el 70% de ellas en zonas de secano, con rendimientos más bajos que en regadío (400 Kg/ha y 1.000 kg/ha, respectivamente) y sensiblemente inferiores a los californianos. En torno al 80 % de lo plantado pero el 98 % de la producción actual se corresponde a la variedad Kerman, cuyo principal problema es que el 60 % de sus frutos son cerrados (lo que obliga a darles salida a través de la industria). La situación, según las proyecciones facilitadas, cambiará radicalmente en cinco años: de las 4.500 t. de cosecha de este año se pasará en 2028, dados los espectaculares incrementos anuales en la superficie plantada y las previsibles mejoras en los rendimientos, a “al menos” entre 10.000 y 15.000 t –se triplicará, por tanto–. En esa campaña comenzarán a cobrar mayor relevancia las nuevas variedades más productivas y con mayor porcentaje de frutos abiertos, que se han estado plantando recientemente, como las californianas Golden Hills/Lost Hills o Sirora, dirigidas al mercado de snacks.

Ante tal panorama, Suárez reivindicó preparar –ya– al sector para responder a los principales retos que pronto se presentarán o ya se están dando. En primera instancia destacó el conflicto que genera, sabiendo que entre recolección y pelado y secado no puede transcurrir más de 24 horas, el procesado de “tantas variedades –hasta 15– con sus particularidades según sean producción convencional o ecológica”. En parecido sentido, cuestionó si la producción mayoritaria de Kerman “es la variedad de snack más adaptada a España” y planteó la necesidad de trabajar un modelo que “tanto en el campo como en la fábrica produzca calidad del fruto, homogeneidad, genere economías de escala, precios competitivos y garantice plazos de suministro razonables”. En este punto cuestionó la “falta de dimensión adecuada de muchas procesadoras con altos costes, que no garantizan ser eficientes, poder atender a los clientes y que comprometen la competitividad del cultivo y su rentabilidad”. Y citó para ello la referencia californiana, cuyos principales procesadores tienen una capacidad mínima de 5.000 t./año.

La jornada también permitió conocer las grandes posibilidades del cultivo del pistacho bajo certificación ecológica. Fue Juan Manuel Sánchez, director gerente de CCAE –la certificadora de referencia para insumos orgánicos– quien expuso la incidencia que el Pacto Verde y las estrategias europeas ‘De la Granja a la Mesa’ y en favor de la ‘Biodiversidad’ así como la PAC y sus ‘ecoesquemas’ podrían tener sobre el desarrollo del pistacho. Tales estrategias y las ayudas comunitarias que las apoyan, persiguen lograr antes de 2030 una reducción del 20 % en el uso de fertilizantes, del 50% en el de fitosanitarios y que el 25 % del suelo agrario europeo sea ecológico. Hoy, de hecho y según explicó, los frutos secos ya son en España el cultivo que más superficie tiene certificada en ecológico: el 27 %, por encima incluso de plataneras y subtropicales (21%) o viñedo (15%). Y su principal mercado parece radicar en Europa: los seis primeros países con mayor gasto per cápita del mundo en este tipo de productos están en el viejo continente (Suiza, Dinamarca, Austria, Suecia, Alemania y Francia). EE UU sería el séptimo pero su producción ecológica en pistacho, al contrario que en España, es anecdótica.

No obstante –como salió a relucir en el debate posterior a las presentaciones– el sector del ecológico debe superar ciertas “dificultades” impuestas por la Administración, como la actual norma que interpreta el uso de Fosetyl-Al, un fungicida de amplio espectro no autorizado en ecológico. En la actualidad, aunque no se detecten trazas del mismo en las analíticas y solo se presenten de fosfonatos, se considera positiva la muestra. Tal cosa –según coincidieron en destacar todos los ponentes– “se convierte en un auténtico escollo para el desarrollo del pistacho ecológico en Europa” porque amenaza con poner fin “al plus de precio que los industriales están dispuestos a pagar al agricultor porque esté certificado”.