España se verá beneficiada de las ayudas que la Comisión Europea acaba de aprobar para compensar a las empresas que consumen mucha energía por la subida del precio de la electricidad. Este aumento, debido a los costes de las emisiones indirectas en el marco del régimen de comercio de derechos de emisión de la UE (RCDE), podrá verse reducido con las ayudas comunitarias, que ascienden a 2.900 millones de euros.

La medida de España

Esta partida cubrirá una parte del incremento de los precios de la electricidad derivados de los “costes de emisiones indirectas”: el impacto de los precios del carbono en los costes de generación de electricidad, asumidos entre 2021 y 2030.

La medida tiene por objetivo reducir el riesgo de “fuga de carbono”, es decir, evitar el traslado de las empresas que lo produzcan a países no comunitarios que cuentan con políticas climáticos menos estrictas. Las empresas beneficiarias serán aquellas que figuran en el anexo I de las Directrices relativas a determinadas medidas de ayuda estatal en el contexto del régimen de comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero después de 2021 («Directrices sobre ayudas estatales del RCDE»). Se trata de sectores que se enfrentan a importantes costes de electricidad y que están muy expuestos a la competencia internacional.

El importe máximo de la ayuda será igual al 75% de los costes de las emisiones indirectas en las que se haya incurrido. En algunos casos, este importe puede ser más elevado, para limitar los costes restantes de las emisiones indirectas al 1,5% del valor añadido bruto de la empresa. La compensación se concederá a las empresas que cumplan los criterios mediante el reembolso parcial de los costes de las emisiones indirectas asumidos el año anterior y un pago final que se efectuará en 2031.

Condiciones para optar a la compensación

Para poder recibir las ayudas, las empresas tendrán que seguir algunas recomendaciones de auditoría energética, cubrir al menos el 30% de su consumo de electricidad con fuentes sin emisiones de carbono o invertir al menos el 50% del importe de la ayuda en proyectos que den lugar a reducciones sustanciales de las emisiones de gases de efecto invernadero de sus instalaciones. Los beneficiarios deberán cumplir una de esas obligaciones en el plazo de tres años a partir de la concesión de la ayuda.

¿Qué opina la Comisión?

El ejecutivo comunitario considera que este régimen es necesario y adecuado para ayudar a las empresas con un elevado consumo energético a hacer frente al aumento de los precios de la electricidad y evitar que se deslocalicen a países extracomunitarios con políticas climáticas menos exigentes, lo que se traduciría en un aumento de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero.

Además, la Comisión ha constatado que el régimen cumple los requisitos sobre auditorías energéticas y sistemas de gestión establecidos en las Directrices sobre ayudas estatales del RCDE. Y concluye que la ayuda concedida se limita al mínimo necesario y no tendrá efectos negativos indebidos sobre la competencia ni sobre el comercio en la UE. Sobre esta base, la Comisión ha aprobado el régimen en virtud de las normas de la UE en materia de ayudas estatales.

Contexto

El Pacto Verde Europeo, presentado por la Comisión Europea en diciembre de 2019, tiene por objetivo convertir a Europa en el primer continente climáticamente neutro de aquí a 2050. Casi un año después, en septiembre de 2020, el ejecutivo comunitario adoptó las Directrices revisadas sobre las ayudas estatales del RCDE UE en el contexto del régimen para el comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero después de 2021, como parte de la modernización de todas las herramientas de prevención de fugas de carbono relacionadas con el RCDE UE. Las Directrices sobre ayudas estatales del RCDE revisadas entraron en vigor el 1 de enero de 2021, con el comienzo del nuevo período de comercio de derechos de emisión, y se aplicarán hasta 2030, con una actualización intermedia de determinados elementos prevista para 2025.

En julio del año pasado, la Comisión presentó el Plan del Objetivo Climático para 2030, con la finalidad de reducir las emisiones en un 55% al menos de aquí a 2030 en comparación con los niveles de 1990.

La versión no confidencial de la decisión se publicará con el número de asunto SA.100004 (en el Registro de Ayudas Estatales) en el sitio web de la DG de Competencia. La lista de las nuevas publicaciones de decisiones sobre ayudas estatales en internet y en el Diario Oficial figura en las noticias semanales en línea sobre competencia.