^{Jesús Pérez}

^{Director del Cluster de Innovación en Envase y Embalaje}

El impuesto especial sobre los envases de plástico no reutilizables entró en vigor el pasado 1 de enero de 2023. Esta nueva obligación recae sobre los envases que no han sido diseñados para su reutilización y también para los que contienen plástico no reciclado entre sus componentes.

Algunas de las obligaciones de los contribuyentes del nuevo impuesto son: acceder a un registro territorial para adquirir un código de identificación del plástico; calcular el peso de los envases, indicando la cantidad de plástico reciclado; y registrar estos datos en una contabilidad separada a través de la sede electrónica, entre otros.

No obstante, la ausencia de reglamento plantea un gran número de interrogantes a las empresas sobre cómo desarrollar estas cuestiones, sobre todo por las dudas de qué artículos se someten al impuesto y cuáles no, así como de quién es la responsabilidad en cada caso. Se trata de un impuesto especial complejo, en cuya aplicación caben multitud de interpretaciones.

Por ejemplo, según el documento de preguntas frecuentes publicado por la Agencia Tributaria, una bolsa de plástico de alimentos formaría parte del impuesto, pero sin embargo una bolsa de basura quedaría exenta. En esta línea, los productos semielaborados son unos de los que están generando más polémica puesto que es donde más cable la interpretación. Por tanto, es necesario en muchas ocasiones un estudio individual de cada producto para llevar a cabo el registro.

Esta legislación expone a las empresas a una situación muy comprometida y de inseguridad. Por un lado, por las diferentes interpretaciones que se pueden realizar. Por otro, el impuesto no contempla la escasa oferta de material reciclado existente frente a la elevada demanda, ya que no hay tanto plástico reciclado y el que hay tiene un precio más elevado. En cualquier caso, en este punto del uso de materia prima reciclada, es importante contar con certificados de los fabricantes que pueda ayudar a las empresas a justificar sus envases y embalajes.

Todo lo anterior nos lleva a dos grandes conclusiones. La primera es que todo esto conlleva en muchos casos a la necesidad de realizar notables inversiones, por lo que va a hacer falta ayudar a las empresas, para que puedan contar con financiación. La administración debe tomar cartas en el asunto y apoyar de forma decidida a las empresas para que se puedan poner en marcha las acciones que necesitan para cumplir este modelo.

Y en segundo lugar, tanto este impuesto especial, como toda la normativa relativa a los envases y a los residuos de envases, está suponiendo un cambio total de paradigma que se va a producir de forma inminente hacia la economía circular en la que todos están implicados. Por tanto hay que dejar claro que este proceso no es solo del sector del envase y embalaje, sino que debe trasladarse a toda la cadena de valor, fabricantes de envase, envasadores, ciudadanía, administración, etcétera.

En definitiva, y lo más importante, es necesario que la administración ponga medios para poder realizarlo, apoyando al sector del Packaging sobre el que recaen todas estas exigencias de una forma inicial, que al final acaban repercutiendo tanto en la inflación como, finalmente, en el consumidor.