_{Jerónimo Lozano González, Director de Urcacyl}

Mucho se habló en su día de la inmunidad de rebaño en la enfermedad del Covid19, sin que desgraciadamente se consiguiera. Pero nos referiremos a otro escenario, relativo a la indefensión, vulnerabilidad y desamparo de los ganaderos y de los rebaños a los que atienden.

Hemos visto, no hace tantos años, desaparecer la producción de más de un millón de lechones en la provincia de Zamora y cerrar la casi totalidad de las explotaciones de vacuno de leche en la de Soria. ¿Puede suceder algo similar, con otros sectores ganaderos o en otras provincias?

No nos vamos a referir, en este caso, a los lobos o buitres, que hostigan frecuentemente a la ganadería, ocasionando en no pocas ocasiones perjuicios irreparables en las explotaciones. Tampoco aludiremos a los animalistas y otros colectivos, cuyas críticas y actuaciones en nada favorecen a este sector; ni siquiera a los nuevos modelos de consumo de carne sintética que intentan implantar, mediante el engaño, multimillonarios como Bill Gates.

Nos referiremos a la escasa rentabilidad, a la falta de reconocimiento social, a la precariedad empresarial, a la excesiva burocracia y a la esclavitud de un sector que trabaja de lunes a domingo y de enero a diciembre, y en el que no se diferencian los días laborables de los festivos.

El sector ganadero precisa rentabilizar su trabajo y las cuantiosas inversiones que hace en sus explotaciones. Necesita ser recompensado por su esfuerzo y preparación en temas de sanidad, manejo, alimentación y tecnología. Debe obtener beneficios de todos los protocolos a los que se somete en materias de medio ambiente, salud pública, bienestar animal… y todo ello tendría que valorarse por la opinión pública, que debería darle un mayor reconocimiento y pagar unos céntimos más, tan solo unos céntimos más, por la carne, la leche, el queso y los postres lácteos.

Todas las profesiones requieren de reconocimiento social, pero el ganadero no se siente ni reconocido ni valorado; se desconoce su trabajo y sus desvelos, su preocupación por la calidad y la seguridad de los alimentos que consumimos, su contribución a la fijación de población en el medio rural y a la conservación del medio ambiente… y esto dificulta, tanto la incorporación de jóvenes ganaderos, como la contratación de trabajadores en las explotaciones.

Si en otros sectores se habla de precariedad laboral, por la inseguridad, incertidumbre y falta de garantías en las condiciones laborales de los trabajadores; en el sector ganadero hay precariedad empresarial, derivada de la dificultad para encontrar asalariados dispuestos a enraizarse en el mundo rural, y de la continua preocupación por el abandono y la alternancia en los puestos de trabajo de las granjas.

La excesiva burocratización que conlleva el ejercicio de la profesión, dificulta el abrir una granja en menos de dos años. Durante ese periodo el futuro ganadero debe pasar filtros del Ayuntamiento y sus ordenanzas, de la Diputación, de la Consejería de Medio Ambiente, de actividades clasificadas, de la Confederación Hidrográfica, obtener licencia de obra y de apertura, código de explotación…, y si quiere recibir ayudas, deberá esperar, tras realizar un curso de incorporación, meses y meses para conseguirlas.

Quizás nos guste la imagen idílica y bucólica del pastor y sus ovejas en medio del campo, pero eso está desapareciendo y ahora hemos de conocer sus esfuerzos para poder sobrevivir: explotaciones familiares con grandes inversiones y mucha tecnología, con horas y horas de trabajo y graves dificultades para el descanso semanal y anual… y todo ello deberíamos pagarlo.

La persecución orquestada contra las mal llamadas macro granjas, que en realidad son explotaciones de las que viven, gracias a su dimensión, dos o tres familias, pudiendo sus trabajadores librar al menos un fin de semana al mes y disfrutar de diez días de vacaciones al año; no hace sino estigmatizar a un sector que además de velar por el bienestar animal, también procura hacerlo por el descanso de las personas que cuidan los ganados.

La defensa del sector, su pervivencia y continuidad, es responsabilidad de productores, cooperativas, industrias y distribución, que en sus ventas deben cubrir sus costes efectivos de producción, pero también de los consumidores, y de los políticos. O ponemos cada uno nuestro granito de arena, o en un futuro próximo veremos cómo los rebaños ya no serán inmunes ni los ganaderos tendrán vacuna, y lamentaremos la muerte de un sector que ahora languidece, porque si no hay rentabilidad las explotaciones cerrarán y no habrá relevo generacional.