^{Jordi Montfort, Secretario General de Avianza}

El pasado 10 de mayo, se conmemoraba el World Poultry Day, el Día Internacional de las Aves de Corral, y desde Avianza manifestábamos que, al contrario de lo que nos gustaría, teníamos poco que celebrar.

Y es que a pesar de ser uno de los sectores estratégicos de la producción cárnica española, así como el producto más consumido de la categoría, vemos cómo tanto desde las instituciones europeas como de movimientos animalistas/veganos en nuestro país, se proyectan medidas y propuestas que parten de la base de que hay que tirar abajo por completo nuestro modo de producción.

Y la realidad es que lo que están haciendo es un ataque directo a la autosuficiencia y la diversidad alimentaria de nuestro país, con consecuencias nefastas para los consumidores, tanto de Europa como de España. La ciudadanía está cansada después de tres años en los que hemos tenido que superar diferentes crisis, con una presión permanente en la cesta de la compra y un IPC desbocado, que padecemos diariamente.

Hablamos de cambios que no se plantean desde el diálogo o la cooperación, ni teniendo en cuenta que somos uno de los sectores que más ha invertido en innovación, modernización de procesos y profesionalización de nuestras plantillas. Al contrario, se hace desde una posición unidireccional de acusación y, por qué no decirlo, de criminalización.

Somos los granjeros, productores y todos los profesionales del sector cárnico, en este caso el avícola, los primeros preocupados y ocupados en que los estándares de calidad, seguridad alimentaria y bienestar animal se cumplan. Pedimos el máximo respeto por ello.

Bajo la premisa del bienestar animal, organizaciones de toda Europa hacen el juego a productores extracomunitarios que ven con optimismo cómo se pretende imponer medidas que supondrían el cierre de miles de granjas y el encarecimiento (prevemos que multiplicando por 3) de los costes de producción. Mercados fuera de la UE donde los estándares de calidad son infinitamente lejanos a los de nuestro país.

No podemos soportar nuevas medidas que minen la competitividad de las empresas del sector cárnico avícola, ni diezmar la capacidad de elección de los consumidores en detrimento de productos mucho más caros o, directamente, imponerles la supresión de la carne en su dieta en beneficios de productos “veganos” que distan mucho de ser naturales. 

En nuestro comunicado del 10 de mayo exponíamos la amenaza proveniente de la propia Comisión Europea, con un primer planteamiento de recomendaciones de la EFSA (Agencia Europea de Seguridad Alimentaria) que supondría fulminar el 70 % de la producción de carne avícola en Europa, si bien el clamor general haya hecho que empiecen a cuestionarse algunas de las medidas que se pretendía imponer. Respetamos nuestras instituciones políticas, pero exigimos que nos representen desde una visión integral en torno a los tres pilares de la sostenibilidad: el social, el medioambiental y el económico, sin el cual los otros dos no pueden existir, y no desde un enfoque parcial o directamente miope. Tenemos el derecho de cuestionar que se realice un estudio integral de las implicaciones de cualquier propuesta. La respuesta del The Poultry Veterinary Study Group y su informe es un ejemplo de otro actor que también incide en esa necesidad.

Recordamos que España tiene una quinta parte de su población en riesgo de pobreza según la OCDE, por lo que dificultar aún más el acceso a la carne avícola, principal fuente de proteínas de calidad, dentro de la cesta de la compra básica de una población vulnerable es a todas luces injusto. Legislar no puede pasar por seguir eliminando sectores productivos europeos imprescindibles.

También pedíamos en ese comunicado a la Distribución que tuvieran en cuenta a los consumidores (a todos) ante el tsunami que viene produciéndose en otros mercados europeos con la adopción de la iniciativa ECC (mal llamada European Chicken Commitment). Llamemos a las cosas por su nombre. El ECC es una iniciativa privada impulsada por organizaciones animalistas y veganas, que han reconocido públicamente que pretenden la erradicación en 2026 de la producción de carne avícola en granjas con sistemas intensivos (ver noticia).

Respetemos la libertad de los consumidores para elegir el tipo de producto que quieran consumir, y que no se utilicen unos supuestos principios de bienestar animal y control de la producción a cargo de sus propias organizaciones para eliminar unos productos cárnicos que ya cuenta prácticamente en su totalidad con la certificación de Welfare Quality, entidad independiente gestionada por el IRTA, entre otros. El sello de “Aves de España” es sinónimo de garantía, por mucho que traten de acabar con la producción nacional.

Ninguna organización puede pretender quedarse la exclusividad del bienestar animal y la salud alimentaria, y mucho menos afirmar que tiene el derecho de ser la única que defiende a los ciudadanos. Es la Administración Pública la responsable de salvaguardar el bienestar animal y la seguridad alimentaria de las personas, y la autoridad competente para verificar estas características a lo largo de todo el proceso productivo, y no su propia iniciativa como ellos proponen. 

A lo que añadimos: es un derecho que los consumidores puedan decidir si optan por el consumo de carne, que esta sea diversa y que se facilite el acceso a los más vulnerables. El ECC animalista y vegano implica de forma directa que desaparezca el pollo más asequible de los lineales, para tener el pollo más caro del mundo.