La Confederación Española de Pesca (CEPESCA) ha expresado un sentimiento agridulce ante el resultado de las negociaciones de TAC y cuotas de pesca para 2023, que culminaron en Bruselas con “resultados desiguales en función de las distintas pesquerías y flotas”, en palabras de Javier Garat, secretario general de Cepesca y presidente de la patronal europea Europêche.

A pesar del incremento de cuotas para especies como la merluza, el gallo, el rape, la caballa o el merlán en aguas del Cantábrico Noroeste y del Golfo de Cádiz, que supone una buena noticia para las flotas beneficiadas, el sector califica de decepcionantes para los pescadores del Mediterráneo los resultados de las negociaciones.

A su entender, la “intransigencia” del comisario Sinkevicius ha provocado que la propuesta inicial de la Comisión Europea (CE) de recorte de un 7,5% de los días de pesca se haya mantenido prácticamente idéntica, con un 7%. Este porcentaje se traduce en que muchos barcos van a disponer de menos de 150 días para pescar a lo largo del año, teniendo en cuenta que el sector ya había reducido en torno al 30% su esfuerzo pesquero desde la entrada en vigor del Plan Plurianual puesto en marcha en 2020.

Según Garat, “los pescadores del Mediterráneo, que ya están al límite y han hecho grandes esfuerzos en los últimos tres años para revertir la situación de las poblaciones de peces, han visto cómo el comisario Sinkevicius se ha mostrado de nuevo insensible, no ha reconocido estos sacrificios y ha forzado un nuevo giro de tuerca que pone en peligro la viabilidad de muchas empresas de las cinco CCAA mediterráneas, sin esperar a conocer los resultados positivos de las medidas ya aplicadas”.

El sector cree, como ya hizo saber al Gobierno hace unos días, que en una pesquería multiespecífica como la del Mediterráneo es inviable alcanzar el RMS en todas las especies en 2025, tal y como contempla el Reglamento, y que este objetivo debería retrasarse a 2030, más aún si se tiene en cuenta que ni siquiera se ha evaluado seriamente el impacto de las medidas ya adoptadas en el marco del Plan Plurianual, tal y como el propio Gobierno comparte. A este respecto, y si bien el sector valora el trabajo hecho en Bruselas por el ministro Planas y su equipo durante las negociaciones, lamenta que no haya sido suficiente para salvar los intereses de la pesca española en la cuenca mediterránea frente a la “cerrazón” del comisario europeo, y que más allá de la actividad en el mar, tiene un enorme impacto social e incluso cultural en la zona.

Respecto al Mediterráneo, el acuerdo también contempla una compensación del 3,5% del número de días de pesca si se aplican medidas de mejora de la selectividad o cierres de al menos cuatro semanas consecutivas para proteger los reproductores de merluza o cierres temporales que permitan reducir un 25% la pesca de juveniles de especies demersales o un 20% la de reproductores o, finalmente, que se incremente la talla mínima de la merluza a 26 centímetros.

En cuanto a la gamba roja, se disminuyen las posibilidades de pesca en un 5% para 2023, frente al 7% propuesto. El sector abogaba por eliminar las restricciones o mantener el mismo nivel que en 2022, ya que todos los informes científicos consultados indican que el stock, salvo en zonas muy específicas, muestra mejoras considerables.

Por otra parte, el sector pesquero reconoce las mejoras conseguidas para ciertos stocks como la merluza sur y la caballa. En el caso de la merluza sur, que capturan flotas de Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco y Andalucía, la cuota para 2023 es de 9.953 toneladas, una cifra que duplica la cuota asignada para 2022; mientras que, en el caso de la caballa, que se captura en el Cantábrico, la cuota ha aumentado un 20% respecto al año anterior hasta las 29.439 toneladas. Asimismo, muestra su satisfacción por la mejora de las posibilidades de pesca en otras especies de gran interés comercial del Atlántico, como el rape, el gallo, el merlán o la bacaladilla.

Sin embargo, el sector expresa su frustración ante el impacto negativo que tendrá para la flota de cerco del Cantábrico Noroeste el hecho de que la escasa cuota de jurel se permita únicamente para captura accesoria y no para pesca dirigida. Asimismo, se lamenta del perjuicio que supone para la flota de arrastre que pesca cigala en el Golfo de Cádiz la reducción de su cuota en un 36%, al sumarse a la reducción de un 30% sufrida este año y al cierre a las artes de fondo de determinadas zonas para proteger los ecosistemas marinos vulnerables.

Ante el bloqueo de la negociación entre la Unión Europea y Noruega, el sector valora la declaración firmada por España, Francia, Alemania, Polonia y Portugal que lamenta que Noruega no esté cumpliendo el acuerdo político alcanzado en abril de 2022, al no fijar la cuota de bacalao de Svalbard que le corresponde a la flota europea en base a sus derechos históricos. En este sentido, urgen a Noruega a respetar los derechos e intereses de la UE y de sus Estados miembros en Svalbard, incluyendo los derechos de pesca. Por ello, invitan a Noruega y a la Comisión Europea a retomar las consultas para establecer la cuota total de la UE para 2023 antes de marzo del próximo año y a poner a disposición de la flota europea las 5.143 toneladas de bacalao que no se pudieron pescar en 2021 en la Zona Económica Exclusiva de Noruega por decisión de dicho país.

Por último, el sector apoya la propuesta liderada por España de abordar planes plurianuales de gestión de cuotas, ya que, según Garat, “permitiría mejorar notablemente la planificación del negocio a los pescadores y armadores, más aún teniendo en cuanta la imprevisibilidad de las circunstancias que determinan la rentabilidad de este sector”.