AGRICULTURA
Protesta del sector agroalimentario por el Acuerdo UE-Mercosur: denuncian que supone una amenaza e incertidumbre para nuestros productores
Cooperativas Agro-alimentarias de España
17 de diciembre, 2024
Cooperativas Agro-alimentarias recuerda que los informes de impacto de la Comisión reconocen que los sectores perdedores son los agroalimentarios
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En plena transición productiva marcada por el Pacto Verde europeo, el acuerdo entre la UE y MERCOSUR, cuyo proceso de ratificación ha sido reiterado por ambas partes recientemente, amenaza con desestabilizar una gran parte del sector agrícola y ganadero, sector estratégico para la economía y la sostenibilidad de Europa.
Esta es la principal razón que lleva a Cooperativas Agro-alimentarias de España a apoyar a sus socios y socias que ayer se concentraron frente al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, convocados por las organizaciones ASAJA y COAG, para protestar por el acuerdo de libre comercio entre la UE y Mercosur. El sector productor agroalimentario vuelve a ser moneda de cambio para beneficiar a otros sectores económicos en un acuerdo que se considera desequilibrado, como puso de manifiesto el COPA-COGECA en una carta enviada recientemente a la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen.
Cooperativas Agro-alimentarias de España ya advirtió en 2019, cuando se firmó el acuerdo aún no ratificado, que existía un desequilibrio entre intereses ofensivos y defensivos de la UE, y que los principales damnificados serían sectores productivos muy sensibles para la UE (azúcar, vacuno de carne, pollo), y en especial, los sectores mediterráneos (cítricos, ajo o arroz). Todos los informes de impacto realizados por la Comisión reconocen que los sectores perdedores son los agroalimentarios, a pesar de que el resultado global para otros sectores sea positivo, como servicios y bienes industriales.
Otro aspecto preocupante en caso de ratificarse es la eficacia real del pacto de sostenibilidad medioambiental adjunto al acuerdo. Los controles rigurosos en temas como cuotas, contingentes, acceso a mercados y controles en cuestiones sanitarias y fitosanitarias, la forma en cómo se activen las cláusulas de salvaguardia, genera una alta desconfianza en el sector.
Nunca ha habido coherencia entre la política comercial y la medioambiental, que deja al sector en una situación de desventaja y de pérdida paulatina de mercados. En un escenario marcado por la transición hacia un modelo productivo más sostenible, el sector agroalimentario necesita medidas que aseguren su competitividad y viabilidad a largo plazo. La Comisión Europea debe priorizar la rentabilidad y el futuro del sector primario como base de la sostenibilidad económica, social y medioambiental, de no hacerlo pone en riesgo a miles de explotaciones, la soberanía alimentaria de Europa y el equilibrio de nuestras comunidades rurales.
Por otro lado, el sector necesita inversiones hidráulicas de almacenamiento y transporte de agua imprescindibles para la sostenibilidad económica del sector, y una estrategia política fruto de acuerdos de Estado que dejen de lado la lucha entre regiones y partidos. Hay que recordar que siguen existiendo en España determinadas regiones que siguen necesitando ayuda por la sequía.
Por último, el sector también necesita políticas para abordar el aumento de los costes de producción que, a pesar de haber disminuido, siguen estando un 30 % más altos que en la era prepandemia, mientras que los precios siguen una dinámica decreciente, a ello se le une el salario mínimo interprofesional y una política laboral que no contempla las características de temporalidad de muchos sectores productivos, el sector no sólo no encuentra mano de obra, sino que además la que encuentra es cada vez más difícil de sostener.
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