La Comisión Europea ha publicado un informe sobre el uso de las medidas de crisis adoptadas para apoyar al sector agroalimentario de la UE desde el 1 de enero de 2014 hasta finales de 2023. El informe muestra que el conjunto de herramientas legales para medidas excepcionales de la Organización Común de Mercados (OCM), desarrollada posteriormente por la última reforma de la Política Agrícola Común (PAC), proporciona flexibilidad para abordar varios tipos de crisis. En general, las medidas adoptadas han demostrado ser eficaces para ayudar a los agricultores y productores de la UE a hacer frente al impacto de las crisis.

La producción agrícola es intrínsecamente riesgosa, ya que depende de los recursos naturales y las condiciones climáticas, y está influenciada por la evolución del mercado. Las condiciones climáticas adversas, los graves desequilibrios del mercado o la propagación de enfermedades animales y plagas de plantas pueden provocar malas cosechas y otras perturbaciones graves del mercado. En medio de crisis de mercado, puede ser necesaria una acción pública específica y excepcional para prevenir o mitigar daños significativos a los productores y perturbaciones en la cadena de suministro de alimentos.

Durante la última década, el sector agrícola de la UE se ha enfrentado a multitud de crisis, incluidos los efectos de la pandemia de COVID-19, la guerra en Ucrania, enfermedades animales, importantes perturbaciones del mercado y fenómenos meteorológicos extremos. Estos han impactado prácticamente a todos los sectores agrícolas en toda la UE. Estos acontecimientos suelen ser de naturaleza multidimensional e impredecible y, por lo tanto, requieren respuestas ad hoc y específicas.

La Comisión siempre ha estado dispuesta a ayudar a los agricultores de la UE que lo necesiten dentro de las posibilidades de su conjunto de herramientas legales establecidas por los colegisladores. Desde el 1 de enero de 2014 hasta finales de 2023, la Comisión Europea adoptó 63 medidas excepcionales para apoyar a los agricultores y productores afectados por la pérdida de producción, la reducción de precios, el aumento de los costes de producción o la interrupción de la cadena de suministro. Estas medidas han canalizado más de 2.500 millones de euros de fondos de la UE al sector agrícola de la UE y han demostrado la constante solidaridad de la UE hacia sus agricultores.

Estas incluyeron, entre otras medidas:

- Más de 500 millones de euros distribuidos entre 2014 y 2018 a los productores de frutas y hortalizas frescas de la UE afectados por la prohibición rusa de las importaciones de la UE.

- Dos paquetes de ayuda en 2015 y 2016 por un valor total de más de 800 millones de euros, que incluyen el establecimiento de un plan de reducción de la producción de leche en la UE, para estabilizar el mercado lácteo y apoyar los ingresos de los agricultores en total para hacer frente a las perturbaciones del mercado.

- Unos 450 millones de euros para medidas específicas que apoyen al sector vitivinícola y permitan a los productores recurrir a la destilación de crisis, entre otras cosas para hacer frente a los impactos de la pandemia de Covid-19, las sanciones comerciales y los desequilibrios de mercado más recientes.

- Un paquete de apoyo de 500 millones de euros en marzo de 2022 para apoyar a los productores más afectados por las graves consecuencias de la guerra en Ucrania.

- 156 millones de euros para los agricultores de Bulgaria, Hungría, Polonia, Rumanía y Eslovaquia, los más afectados por el aumento de las importaciones de cereales y oleaginosas procedentes de Ucrania.

- Compensación económica para los agricultores afectados por el control sanitario y las medidas preventivas para combatir los brotes de gripe aviar.

- 330 millones de euros en julio de 2023 para agricultores de la UE de 22 países que sufren problemas específicos en diferentes sectores agrícolas, como mayores costes de producción y el impacto de fenómenos meteorológicos extremos.

Las medidas excepcionales se han utilizado principalmente para ayudar a los agricultores en relación con los daños que sufrieron debido a perturbaciones del mercado o problemas de salud animal o vegetal. También han ayudado a los agricultores a abordar los impactos negativos de los fenómenos meteorológicos extremos adversos en sus rendimientos económicos. El informe también señala que, si bien las medidas excepcionales son una clara demostración de la solidaridad de la UE, su uso no debería impedir que los agricultores gestionen sus propios riesgos, por ejemplo recurriendo a prácticas agronómicas y ganaderas sostenibles, y adopten herramientas adecuadas de gestión de riesgos y estrategias.

Contexto

El Reglamento (UE) n.º 1308/2013 establece una organización común de mercados (OCM) de productos agrícolas y es el marco para las medidas de mercado previstas en la Política Agrícola Común.

De conformidad con los artículos 219 a 222, el Reglamento de la OCM establece que se adoptarán medidas excepcionales cuando surja una crisis o la amenaza de una crisis y sea necesaria una respuesta específica para prevenir perturbaciones del mercado y/o mitigar sus consecuencias. Estas disposiciones permiten a la Comisión tomar rápidamente medidas proporcionadas y adoptar medidas para reaccionar ante las perturbaciones del mercado (artículo 219); medidas para abordar los impactos en el mercado de las medidas sanitarias adoptadas para evitar la propagación de enfermedades animales y plagas de plantas y/o abordar una pérdida de confianza del consumidor debido a riesgos para la salud pública, animal o vegetal (Art. 220); y medidas para resolver problemas específicos para prevenir el deterioro de las condiciones del mercado (Art. 221).

También permiten acuerdos y decisiones de los agricultores, sus asociaciones, organizaciones de productores reconocidas y organizaciones interprofesionales reconocidas cuando los mercados sufren desequilibrios graves (Art. 222).

Dentro de la actual PAC, en vigor desde el 1 de enero de 2023, se establece una reserva agrícola con una asignación anual de al menos 450 millones de euros para financiar estas medidas excepcionales. Como parte de las disposiciones legales actuales, la Comisión debe informar cada tres años al Parlamento Europeo y al Consejo sobre el uso de las medidas de crisis adoptadas sobre la base de los artículos 219 a 222.

El informe es el primero que cumple con esta obligación de presentación de informes que se introdujo con la última reforma de la PAC. Presenta el uso de estas medidas desde 2014 hasta finales de 2023.