Diego Herrera Delgado. Jimena Rivadulla Durán
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La Política Agraria Común (PAC) sigue siendo, tras más de sesenta años, uno de los pilares fundamentales de la integración europea. Con la entrada en vigor del nuevo periodo 2023-2027, la PAC ha vuelto a reformularse para responder mejor a los desafíos del sector agrario: rentabilidad, relevo generacional, sostenibilidad y resiliencia frente a crisis.
Desde el 1 de enero de 2023, cada Estado miembro aplica su propio Plan Estratégico de la PAC (PEPAC), diseñado para adaptar los objetivos comunes europeos a las realidades nacionales. En el caso de España, dicho plan ha sido ajustado en 2023 y nuevamente en 2024, en respuesta a factores extraordinarios como la sequía extrema, la guerra en Ucrania o el alza de costes de producción.
CONDICIONALIDAD REFORZADA: NUEVO ESTÁNDAR DE CUMPLIMIENTO
Desde 2023, el cumplimiento de las Buenas Condiciones Agrarias y Medioambientales (BCAM) es indispensable para acceder a las ayudas. Estas normas, junto con los requisitos legales de gestión, conforman la llamada condicionalidad reforzada, una arquitectura jurídica que vincula el cobro de subvenciones al cumplimiento de prácticas sostenibles.
Sin embargo, la rigidez inicial de estas condiciones generó tensiones en el sector. Por ello, en 2024 se adoptaron importantes flexibilidades normativas mediante los Reglamentos (UE) 2024/587 y 2024/1468, así como el Real Decreto aprobado el 18 de junio de 2024.
FLEXIBILIZACIÓN NORMATIVA A FAVOR DEL PRODUCTOR AGRARIO
Una de las decisiones más celebradas por el sector ha sido la exención total de controles y penalizaciones para explotaciones de hasta 10 hectáreas. Esta medida, en vigor desde la campaña 2024 y plenamente aplicable en 2025, beneficia a más del 55 % de los solicitantes de la PAC en España, alrededor de 345.000 agricultores.
Además, se han suprimido las penalizaciones por presentar la solicitud de ayudas entre el 1 y el 15 de junio, ampliando el margen de gestión administrativa sin castigar retrasos leves. Pero estas reformas no son solo administrativas, pues también impactan directamente en el manejo agronómico:
• Se abandona la obligatoriedad de dejar un porcentaje de las tierras sin cultivar, como exigía la BCAM 8. Ahora, los agricultores pueden sembrar esas superficies, siempre que se respeten ciertos elementos del paisaje.
• En la BCAM 7, relativa a la rotación de cultivos, se permite una alternativa: la diversificación anual, más sencilla de cumplir para aquellos que dependen de monocultivos, como cereales.
• Respecto a la BCAM 6, que exige la cobertura mínima del suelo, se pueda llevar a cabo la práctica del abonado en verde y que sobre los rastrojos de los cultivos herbáceos se puedan realizar labores poco profundas. Además, se permite hacer uso de las cubiertas inertes en el caso de las plantaciones de cultivos leñosos implantadas en parcelas con una pendiente superior al 10%, mejorando la operatividad sin comprometer la protección del suelo.
Estas flexibilidades se aplican con efectos retroactivos desde el 1 de enero de 2024, pero han sido consolidados en la práctica de la campaña de 2025, lo que proporciona seguridad jurídica y estabilidad técnica a los beneficiarios.
UN SISTEMA ORIENTADO A RESULTADOS
A diferencia de etapas anteriores, la nueva PAC ya no reparte ayudas únicamente en función de los derechos históricos o la superficie, sino que busca la consecución de objetivos concretos, tanto económicos como medioambientales y sociales. Entre sus pilares destacan:
• Ayuda básica a la renta para la sostenibilidad (ABRS), que representa el 51 % del presupuesto total de ayudas directas, distribuido por hectáreas según regiones más equilibradas.
• Pago redistributivo, para mejorar la situación de explotaciones pequeñas y medianas. Dirigido a las primeras hectáreas de cada explotación, con un fuerte componente corrector de desigualdades, beneficiando a más de 10 millones de hectáreas.
• Ecorregímenes, de carácter voluntario, que premian prácticas beneficiosas para el medioambiente. En 2024 alcanzaron un grado de adhesión del 88 % de la superficie, reflejando un alto compromiso del sector con las prácticas sostenibles.
• Ayudas asociadas, destinadas a sectores vulnerables como el ovino, el vacuno extensivo, el olivar tradicional o cultivos industriales.
Estas medidas han sido bien recibidas, aunque no exentas de dificultades. El número de solicitudes en 2024 superó las 598.000 explotaciones, con una superficie declarada estable en 22,2 millones de hectáreas y un crecimiento moderado del tamaño medio de explotación que ya supera las 37 hectáreas.
PERSPECTIVAS Y RETOS
La PAC 2023-2027 supone un punto de inflexión hacia un modelo agrario más justo y sostenible, pero no exento de desafíos. El relevo generacional con la incorporación de jóvenes sigue siendo insuficiente, pese al aumento del presupuesto. Y, aunque las ayudas ecológicas crecen, aún requieren mayor acompañamiento técnico y financiero.
