La Junta Directiva Nacional de ASAJA, reunida en Madrid, ha estudiado y debatido el documento de propuestas presentado el pasado 25 de marzo por el Ministerio de Agricultura en respuesta a la campaña de movilizaciones llevadas a cabo por los agricultores y ganaderos españoles, en demanda de medidas para hacer frente a la grave crisis en la que se encuentra inmerso el sector agrario. El máximo órgano de decisión entre asambleas de ASAJA considera positivas una parte de las propuestas del ministerio, aunque encuentra carencias muy significativas en materias concretas y ausencia de medidas en sectores productivos que necesitarían una respuesta más decidida.

Analizados pormenorizadamente los distintos bloques de medidas, ASAJA acoge con satisfacción el esfuerzo de simplificación de algunas medidas de aplicación de la PAC, tal y como ha promovido la Comisión Europea y que el Ministerio de Agricultura ha trasladado al Plan Estratégico de aplicación en España (PEPAC). Lamentablemente, algunas de estas medidas, que ASAJA venía demandando ya desde hace meses, llegan tarde y una vez pasada la planificación y siembra por parte de los titulares de las explotaciones. La flexibilización de algunos requisitos de los eco regímenes responde a una lógica agronómica y a la necesidad de adaptar dichos requisitos a la realidad climática y productiva de las explotaciones, necesaria para la aceptación de dichos sistemas voluntarios en favor del clima y el medio ambiente.

Valoramos el mantenimiento de la devolución del Impuesto de Hidrocarburos para el gasóleo agrícola, así como las reducciones en las facturas en el IRPF de los carburantes y los fertilizantes, del 15 % del rendimiento neto en el régimen de módulos del IRPF, al igual que la nueva medida de no incluir el IVA compensatorio en la base imponible del IRPF en módulos para alcanzar el límite de 250.000 euros para la permanencia en el régimen.

Hasta aquí algunos de los aspectos más favorables incluidos en el citado documento de propuestas, a juicio de ASAJA. Sin embargo, hay otros aspectos muy relevantes para el día a día de la actividad productiva y comercial de los profesionales agrarios que quedan en barbecho o sin vías de solución.

En lo relativo a los aspectos comerciales de los productos agrarios, ni desde Bruselas, ni desde el Gobierno de España se han abordado cuestiones de gran trascendencia como es la aplicación rigurosa del principio de reciprocidad (cláusulas espejo) para los productos importados de terceros países que entran en clara competencia desleal con las producciones comunitarias.

En relación con los costes de producción, no se recogen en el documento presentado por el Ministerio de Agricultura medidas claras destinadas a rebajar los mismos. Echamos en falta medidas, competencia de otros ministerios, como son las bonificaciones en materia de Seguridad Social para hacer frente a las subidas reiteradas del SMI (Ministerio de Seguridad Social); la adaptación de los contratos de 90 días de la reforma laboral para las campañas agrarias (Ministerio de Trabajo); el incremento de los gastos de difícil justificación y revisión de las amortizaciones para los agricultores y ganaderos en el régimen de estimación directa del IRPF (Ministerio de Hacienda) y la aplicación de la doble tarifa eléctrica, con carácter estructural (Ministerio de Transición Ecológica).

La ganadería es, en opinión de ASAJA, la gran olvidada del documento de propuestas del ministerio de Agricultura y que requiere un plan específico para afrontar la crisis que soporta que incluya un Plan Integral de Sanidad Animal; modificar el número de inspecciones ganaderas; acabar con la burocracia y los trámites administrativos; la disminución de la carga ganadera (PAC); la paralización de la normativa europea de bienestar animal y la salida del lobo del LESPRE.

Por último, entre las medidas propuestas tampoco encontramos soluciones a tres problemas estructurales que aquejan al sector agrario: la falta de vertebración del valioso recurso del agua, que sigue sin tener un tratamiento global que incluya nuevos planes e infraestructuras que permitan la optimización de los recursos; una revisión, en profundidad, del actual sistema de seguros agrarios para atender la siniestralidad extraordinaria provocada por el cambio climático desde fuera del sistema y medidas efectivas para incorporar jóvenes al campo con un plan integral coordinado con las comunidades autónomas, capaz de revertir las bajas cotas de relevo generacional en el sector agrario.

Por todo ello, la Junta Directiva de ASAJA no considera que las propuestas presentadas por el Ministerio de Agricultura sean suficientes para abordar los numerosos y complejos problemas que afectan al sector y que le han llevado a una situación límite como ha quedado patente con la campaña de movilizaciones que durante más de dos meses se ha llevado a cabo en todo el territorio nacional.

Por su parte, la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) no firmará el documento presentado por el MAPA a las organizaciones profesionales agrarias. Las actuaciones del ministro de Agricultura, Luis Planas, de los últimos días han supuesto una pérdida de confianza al no respetar los procesos de toma de decisión de cada organización, por lo que nos hacen ser más exigentes a la hora de pedir concreción en todas aquellas medidas que son una mera declaración de buenas intenciones.

“En un marco de confianza y respeto, nos daría seguridad. En este momento no se dan esas condiciones para poder pensar que aquellas medidas que dependen de la voluntad y el medio plazo se van a llevar a cabo en los términos que recoge el documento de 43 puntos”, ha subrayado Miguel Padilla, Secretario General de COAG.

En líneas generales se reconocen avances, de forma especial en todo aquello que se refiere a la flexibilidad y eliminación de las cargas burocráticas de la PAC, pero hay varios apartados que requieren una mayor concreción:

— En ganadería, se obvia completamente la posibilidad que el lobo pueda salir del LESPRE (Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial), y en el resto de cuestiones, aunque hay avances, se mantienen exigencias por encima incluso de lo que plantea la UE en temas como el veterinario de explotación y el plan sanitario integral de explotación. En COAG no aceptamos que se impongan medidas a nuestros ganaderos por encima de lo que exige la UE (con el consiguiente aumento de coste y burocracia), cuyo análisis queda supeditado a un Foro de la Ganadería Extensiva, que en esta organización se había reclamado que se hiciera extensible a la ganadería en general.

— En comercio, el Observatorio sobre Importaciones y Exportaciones carece de los instrumentos necesarios para evitar que las importaciones de choque que entran coincidiendo con el inicio de nuestras campañas hundan las cotizaciones en régimen de competencia desleal. Es necesario concretar sus objetivos, contenido y herramientas.

— En el bloque de seguros agrarios no hay presupuesto concreto a mayores para poder desarrollar de forma seria las medidas que se proponen para adaptar el sistema a la realidad de las distintas producciones agrarias ante los efectos del cambio climático y garantizar así la viabilidad del mismo.

— En el capítulo de medidas de apoyo y financiación, las condiciones de los préstamos bonificados para jóvenes no se hacen extensibles al conjunto de los agricultores y ganaderos profesionales, que requieren de un apoyo importante para afrontar las nuevas campañas ante el aumento de los costes. Además, no se incorporan las medidas que trasladamos en su momento, tales como poner a disposición líneas de financiación bonificadas para 2024 (la actual línea ICO-MAPA-SAECA permite bonificar de forma general el 12 % del principal de los préstamos, y el 15% en el caso de los de las explotaciones ganaderas) para los sectores y territorios más afectados por la sequía, aumento de costes o crisis de precios, los que requerirían además un apoyo económico especial.  En todo caso, sería necesario ser más ambiciosos en el apartado de fiscalidad agraria para minorar los costes.