Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos, tras la publicación de los datos del IPC de julio, donde se muestra que el índice de precios de alimentación ha seguido aumentando constantemente durante 2023, con una agudización en este último mes; considera que las medidas tomadas por el Gobierno han sido francamente insuficientes a la vista de las cifras analizadas.

Unión de Uniones cree que, aunque se han tomado medidas desde las administraciones, tanto para el consumidor, con la rebaja del IVA de algunos productos, así como para el sector primario, con varios paquetes de ayudas (ayudas directas, fiscales, financieras…); estas parecen no haber sido efectivas a la hora de lograr que llenar la cesta de la compra no suponga un esfuerzo económico cada vez mayor, tal y como ya vaticinaba la organización hace unos meses.

“Muchos de los ministros decían que la situación de la inflación iría remitiendo, debían haberlo consultado con una bola de cristal defectuosa o algo así, pero al menos, en cuanto a alimentación, seguimos con precios disparados y no parece que vaya a mejorar”, comentan desde Unión de Uniones. En la misma línea, alerta de que se avecinan campañas difíciles como la del olivar o con un contexto internacional que no ayuda como la finalización del Acuerdo del cereal del Mar Negro.

Según los datos publicados por el INE, el índice de precios de alimentos y bebidas alcohólicas lleva siendo superior al índice general desde abril de 2022, tendencia que se mantiene hasta julio de 2023, cuando el índice general alcanza un valor de 112,5; mientras que de alimentación y bebidas no alcohólicas llega hasta el valor de 125,2. Esto es así por el mayor incremento del índice de precios de los alimentos comparado con el general: el incremento con respecto a julio de 2022 es del 11 % frente al 2 % respectivamente.

Los costes de producción elevados y la ineficiencia en la ley de la cadena alimentaria condenan a los productores

Desde Unión de Uniones se viene reiterando la necesidad de atajar la crisis desde el principio, con ayudas directas y medidas que reduzcan el coste de producción en el primer eslabón de la cadena, no solo para salvaguardar la viabilidad de las explotaciones, especialmente las profesionales más vulnerables, sino también para evitar una escalada de precios a lo largo de la cadena de valor de los distintos productos.

Según muestran los datos, las deficiencias en el funcionamiento de la cadena alimentaria, pese a la reforma legislativa que venía a evitar las mismas, han provocado que durante prácticamente dos años, los agricultores y ganaderos hayan visto cómo aumentaban más sus costes de producción que los precios que percibían por sus productos, mermando su capacidad económica y abocando a muchas explotaciones al cierre.

“Sin duda esta crisis de precios está empobreciendo tanto al productor como al consumidor, y ante esto solo obtenemos políticas parche que parecen más una justificación de la actividad de la administración que medidas valientes para atajar el problema", critican desde la organización.