^{Paula Belén Moreno-Cervera de la Cuesta} 

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Casi un tercio de los alimentos producidos a escala global acaban siendo desperdiciados (FAO, 2022). En España, esto equivale en aproximadamente 65,5 kilos por persona o un total de 1.170 millones de kilos en el país. Frente a esta realidad, el pasado 9 de enero se reactivó la tramitación del Proyecto de Ley de Prevención de Pérdidas y el Desperdicio Alimentario (el “Proyecto de Ley”), que pretende reducir el desperdicio de alimentos y disminuir las pérdidas en la cadena alimentaria. Es decir, establece un marco legal para los alimentos que, pese a ser destinados al consumo humano, terminan como residuos o siendo utilizados para hacer compost. 

Para ello, el Proyecto de Ley introduce novedades, en línea con el Objetivo 12 de la Agenda 2030, para todos los operadores de la cadena alimentaria. 

LA JERARQUÍA DE PRIORIDADES 

El principio vertebrador de la norma es la jerarquía de prioridades para los alimentos que se hayan convertido en desperdicio alimentario: 

• En primer lugar, se establece el consumo humano como uso prioritario de los alimentos desperdiciados a través de su donación y redistribución. 

• Cuando lo anterior no sea posible, se prevé su aprovechamiento para la elaboración de otros alimentos (i.e. fruta en mermeladas o zumos), además de para su transformación en subproductos de otras industrias o para piensos de animales. 

• Finalmente, como último recurso, se dispone su gestión como residuo para compost, o su valorización energética para obtener biocombustibles. 

¿QUÉ IMPLICA EL PROYECTO DE LEY PARA LOS AGENTES DE LA CADENA ALIMENTARIA? 

Derivado de la jerarquía de prioridades, los agentes de la cadena alimentaria deberán disponer de un plan para prevenir las pérdidas y el desperdicio alimentario. 

Asimismo, se introduce la obligación de llegar a acuerdos de donación de excedentes con empresas, entidades de iniciativa social, ONGs o bancos de alimentos. Esta obligación no alcanzará a las tiendas de alimentación con una superficie de hasta 1.300 m². 

El incumplimiento de tales obligaciones se verá sancionado con la imposición de multas. En concreto, para los agentes que no dispongan de un plan de prevención se establece una horquilla de multas de entre 2.001 y 60.000 euros, pudiendo aumentar la multa hasta un máximo de 500.000 euros en caso de reincidencia. 

Del mismo modo, no aplicar la jerarquía de prioridades o no realizar donaciones de conformidad con lo expuesto, será multado con hasta 2.000 euros. 

EL “DERECHO AL TÁPER” EN EL SECTOR DE LA RESTAURACIÓN 

Igualmente, resulta interesante señalar que el Proyecto de Ley contempla como obligación una práctica cada vez más común en los restaurantes del país: ofrecer al cliente la posibilidad de llevarse envasadas las sobras de la comida que no ha podido terminar. 

A estos efectos, el restaurante ha de informar al cliente de tal opción de una manera clara y visible; además de cobrar por los envases en caso de ser de plástico de un solo uso, tal y como establece la Ley 7/2022, de residuos.  

EL ESTABLECIMIENTO DE BUENAS PRÁCTICAS EN LA CADENA ALIMENTARIA 

En adición, el Proyecto de Ley establece buenas prácticas a desempeñar dependiendo del tipo de agente en la cadena alimentaria. Para las empresas que venden alimentos al consumidor final, se destaca:  

• la disposición por los establecimientos al por menor de líneas de venta para productos “imperfectos o poco estéticos”, así como la promoción de productos de temporada, proximidad o ecológicos; 

• los incentivos de venta de productos con fecha de consumo preferente o caducidad próxima; 

• el establecimiento de protocolos e infraestructuras para minimizar el desperdicio; o,

• la sensibilización sobre la reducción de pérdidas y desperdicios alimentario, tanto al personal como al público en general. 

Por otro lado, el sector de la hostelería y demás proveedores de servicios alimentarios también cuentan con medidas para fomentar el compostaje de los alimentos, su donación y la flexibilización de los menús. Además, se sugiere que las empresas del sector incorporen criterios de compra sostenible con respecto a sus proveedores. 

UN MARCO LEGAL PIONERO 

A la vista de lo anterior, la aprobación del Proyecto de Ley supondría la entrada en vigor –prevista para 2025– del primer marco legal frente el desperdicio alimentario en España. 

En este sentido, el Proyecto de Ley introducirá obligaciones a las que los distintos agentes de la cadena alimentaria deberán adaptarse. Sin embargo, la lucha contra el derroche alimentario también presenta oportunidades de negocio, como las empresas Too Good To Go, Be Bono, o TALKUAL Foods. 

En definitiva, si bien desde algunos sectores ya se ha expresado la necesidad de contar con una norma flexible y adaptada a los distintos tipos de negocios; ahora solo queda atender a la tramitación parlamentaria para conocer el contenido final del Proyecto de Ley.