En España se desperdician más de 1.200 millones de kilos de alimentos al año, una paradoja difícil de asumir en un país donde más de 12 millones de personas viven en riesgo de pobreza o exclusión social. Este desequilibrio, con profundas implicaciones sociales, económicas y medioambientales, ha sido el motor de una transformación legislativa largamente esperada: la aprobación de la Ley de Prevención de las Pérdidas y el Desperdicio Alimentario.

Con su entrada en vigor el pasado 1 de abril de 2025, la ley marca un punto de inflexión para todos los agentes del sector agroalimentario en España. Establece objetivos concretos para toda la cadena: desde el sector primario y la industria, hasta la distribución, el comercio minorista, la hostelería y la restauración. También incluye a las administraciones públicas, empresas privadas y entidades asociativas y cooperativas, implicándolos en la lucha coordinada contra el desperdicio alimentario.

Todos estos actores deben incorporar medidas de prevención del desperdicio, orientadas a evitar la generación de excedentes y aplicar una jerarquía de prioridades en su gestión, si se generan. La ley establece la obligación de contar con un plan de prevención que detalle cómo se implementará dicha jerarquía, así como de firmar convenios con entidades sociales para garantizar que los alimentos aún aptos para el consumo lleguen, de forma segura y organizada, a quienes más los necesitan. Este nuevo marco impulsa una transformación que exige visión estratégica, responsabilidad compartida y acción coordinada.

En el ámbito del retail, la ley no solo afecta a los grandes supermercados con más de 1.300 m², sino también a aquellas cadenas que, de forma agregada bajo un mismo Código de Identificación Fiscal (CIF), superan ese umbral. Así, cadenas regionales como BM Supermercados, Condis, Consum o Froiz están obligadas a aplicar medidas de prevención, planificación y donación. Este nuevo escenario representa un reto operativo, logístico y normativo para muchas compañías, pero también abre la puerta a transformar el modelo alimentario hacia una economía más circular, eficiente y con mayor impacto social.

En este contexto, Phenix, empresa especializada en la gestión de excedentes, se ha consolidado como un aliado estratégico para las empresas del sector retail. Frente a los desafíos que plantea la nueva normativa, la compañía acompaña a las empresas ofreciendo soluciones que permiten cumplir con la ley, al tiempo que refuerzan la eficiencia operativa y el compromiso social y medioambiental.

Los excedentes alimentarios deben dejar de verse como residuos para entenderse como recursos estratégicos. Bien gestionados, permiten reducir pérdidas, mejorar la operativa y facilitar la rotación del stock. Con la nueva ley, las donaciones se consolidan como una vía prioritaria de aprovechamiento, con impacto social y beneficios operativos cuando se integran de forma estructurada.

Para que estas donaciones sean efectivas, es imprescindible contar con procesos trazables y una coordinación fluida con las entidades receptoras, garantizando su valor real y adecuado aprovechamiento. La experiencia de quienes llevan años trabajando sobre el terreno demuestra que una gestión profesional del excedente y las donaciones puede generar beneficios ambientales, sociales y económicos. En 2024, Phenix logró rescatar en España 257 toneladas de alimentos, equivalentes a 480.000 raciones, evitando la emisión de 944 toneladas de CO₂ y el desperdicio de más de 850.000 m³ de agua. Este impacto no sería posible sin la combinación de tecnología especializada, conocimiento operativo y la colaboración con una red de más de 200 asociaciones sociales activas en todo el territorio.

Además, la formación continua de los equipos es clave. En un sector con alta rotación, preparar al personal para actuar ante los excedentes de forma segura y eficiente es esencial para convertir la prevención en resultados concretos y sostenibles.

Ejemplos como el de BM Supermercados ilustran el potencial de este modelo: en solo 30 días pasó de gestionar donaciones en 10 tiendas a 79, con un sistema integral que incluye digitalización, formación y seguimiento. En restauración, la alianza con Areas Iberia ha permitido recuperar más de 112 toneladas de alimentos, evitar 245 toneladas de CO₂ y redistribuir 207.000 raciones. También destaca La Menorquina, que redujo en un 95 % su excedente en seis meses, con un ahorro de más de 54.000 euros y una tasa de retorno del 188 %. Para reforzar la transparencia y credibilidad del impacto, Phenix colabora con consultoras como I Care, que permiten medir rigurosamente los resultados ambientales y sociales.

Lo cierto es que la ciudadanía ya está pidiendo ese compromiso. Según el último Barómetro del Desperdicio Alimentario, elaborado por AECOC en colaboración con Phenix, el 95 % de los consumidores respalda la ley. Un 62 % afirma que elegiría su supermercado en función de sus políticas que adopte frente al desperdicio, y un 80 % quiere saber qué se hace con los productos no vendidos. Esta exigencia social confirma que el cumplimiento legal no es suficiente: las marcas y enseñas deben ser transparentes, medibles y responsables, tanto de cara a sus clientes como frente a las instituciones. La transparencia ya no es un valor añadido: es un factor de fidelización.

El verdadero valor está en transformar la obligación en una oportunidad para innovar. Durante más de una década, Phenix ha desarrollado soluciones que permiten reducir el desperdicio, acompañar a las empresas en su transición y medir el impacto de forma rigurosa. Cada kilo de alimento recuperado representa mucho más que eficiencia: es una respuesta concreta a un problema estructural, y también una muestra tangible de responsabilidad empresarial.

Con la aprobación de esta ley, España ha trazado una hoja de ruta ambiciosa. Ahora, es el turno del sector de demostrar que está preparado para asumir ese reto. Porque recuperar alimentos es una acción con efectos reales sobre el planeta, la economía y las personas. Y convertir esa acción en práctica habitual ya no es una aspiración: es una obligación con la que solo se puede cumplir desde la convicción.