^{Julio Villaescusa Izquierdo}

^{Presidente de FENADISMER}

En los últimos meses, e incluso años, el sector del transporte por carretera en España está viviendo una situación de gran incertidumbre como consecuencia de la escalada imparable de los precios de los carburantes y de otros componentes necesarios para el desarrollo de la actividad, agravada como consecuencia del conflicto bélico de Ucrania. Ello está ocasionando un alargamiento de la crisis económica ocasionada por la pandemia, originando importantes desajustes en la cadena de suministro. Por ello, nos enfrentamos a una situación excepcional, que exige adoptar medidas urgentes y excepcionales que eviten provocar una profunda depresión económica y un estallido social tanto de los diferentes sectores económicos como de la población en general.

Para paliar algo la situación, el Gobierno aprobó el pasado mes de marzo un Plan de choque para todos los sectores económicos más afectados, e incluso para la ciudadanía, con un horizonte hasta el pasado mes de junio, aunque la continuación de la situación crítica a nivel internacional obligó a ampliarlo en julio durante un semestre, con la previsión de que seguramente haya que ampliarlo de nuevo, e incluso intensificarlo si la situación de inestabilidad se acentúa en los próximos meses.

Por lo que se refiere al sector del transporte por carretera, dicho Plan anticrisis incluyó una serie de medidas coyunturales de tipo económico destinadas a aliviar la subida de los carburantes, pero también prevé una medida de carácter estructural, en concreto la referida a la aprobación el pasado mes de agosto de una Ley de Cadena del Transporte basada en los principios de la ley existente en el sector agrario, dando respuesta de esta forma a una de las históricas reivindicaciones de nuestra Federación y de otras organizaciones de transportistas.

El objetivo de esta ley es el de reequilibrar las relaciones comerciales entre el transportista efectivo y su cliente, actualmente en muchos casos basadas en el sometimiento y la no paridad de las partes, con el objetivo de que no se permita que los transportistas puedan trabajar sin cubrir sus costes de explotación, de modo similar a como se ha establecido en la Ley de Cadena Alimentaria para los agricultores, con un principio tan básico y tan justo como el de que el precio a percibir debe ser superior a los costes de producción.

Se trata de una medida pionera en todo el ámbito de la Unión Europea, ya que ningún otro Estado miembro tiene una regulación similar en el sector del transporte por carretera dirigida a proteger al último eslabón de la cadena de transporte, esto es, al transportista efectivo. En todo caso debe quedar claro que no se trata de imponer unas tarifas obligatorias por la prestación de servicios de transporte, ya que eso vulneraría la legislación nacional como europea en materia de libre competencia, sino lo que viene a determinar es la prohibición de que se impongan unos precios por la realización de un servicio de transportes que no permitan cubrir los costes de explotación de dicho servicio.

Por ello, la nueva ley permitirá a los transportistas trabajar con mayor estabilidad ante posibles incrementos en sus costes de producción que se produzcan, cualquiera que sea el motivo por el que se produzcan.

Sin embargo, será necesario complementarla con una nueva ley que regule la cadena de subcontratación que actualmente contribuye al deterioro de la actividad del transporte, por la intervención que cientos de operadores intermediarios que no aportan ningún valor añadido a la cadena, tal y como se ha comprometido el Gobierno en los próximos meses.