^{Pedro Barato, presidente nacional de ASAJA}

Hay decisiones que se anuncian sin consultar, se redactan sin pisar el terreno y se justifican sin evaluar sus consecuencias reales. La propuesta de reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales es una de ellas. Y aunque aún está pendiente su tramitación parlamentaria, desde ASAJA queremos alertar del grave impacto que puede tener sobre el sector agrario si no se adapta a su realidad.

Porque en el campo no estamos hablando de relojes, sino de estaciones. De siembras y cosechas, de ganado que no entiende de fines de semana ni de franjas horarias. De una actividad que depende del clima, de los ciclos biológicos y de factores que escapan a cualquier horario cerrado. Quien propone esta medida, lo hace desde la distancia, desde la comodidad del despacho, sin conocer la naturaleza del trabajo que se realiza en el medio rural.

Llevamos tiempo pidiendo algo elemental: un estudio serio, riguroso, con base técnica, que analice el impacto real de esta medida sobre la agricultura y la ganadería. No se trata de oponerse por sistema. Se trata de legislar con conocimiento, no con eslóganes. Porque cuando una norma no se adapta al terreno sobre el que pretende aplicarse, fracasa. Y el coste de ese fracaso no lo paga quien legisla, sino quien produce.

Si de verdad se quiere regular con sentido, hay que confiar en la Negociación Colectiva como el espacio adecuado para acordar, entre los agentes sociales, si esa reducción de jornada es viable o no, y cómo podría adaptarse a las distintas zonas y producciones. Solo así será posible una legislación ajustada a las verdaderas particularidades del sector agrario.

A esta propuesta se suma la exigencia de un registro horario digital. Resulta difícil de explicar que aún se planteen este tipo de obligaciones en un país donde muchas explotaciones carecen de conectividad mínima. Y, aún más grave, que se obvie que la estructura del trabajo agrícola y ganadero no es compatible con esa rigidez. Aquí no hay cadenas de montaje. Hay imprevisibilidad, hay esfuerzo físico, hay días en los que se para y otros en los que no se puede parar.

Todo esto, además, se propone en uno de los momentos más difíciles que ha vivido el campo en décadas: con una crisis de precios que lastra la rentabilidad, con una presión regulatoria que asfixia y con unos costes disparados que ya están poniendo al límite a miles de explotaciones.

Y no se trata solo de los productores. Si desaparecen explotaciones, desaparece también un modelo de alimentación basado en la proximidad, en la calidad, en la seguridad. El impacto de esta norma también llegará al consumidor, y eso debe entenderse con toda su gravedad.

En el dictamen del Consejo Económico y Social se recogieron muchas de las propuestas de ASAJA. Se entendió, al menos allí, que el campo no puede ser tratado como cualquier otro sector. Esperamos que el Congreso también escuche antes de legislar.

Desde ASAJA no pedimos privilegios. Pedimos sensatez, diálogo y respeto. Porque no hay país sin campo, ni alimentación sin quienes cada día, desde antes del amanecer, trabajan para que eso sea posible.

El campo no puede con más. Y lo que está en juego, si no se rectifica, es mucho más que una jornada laboral: es el futuro de nuestra soberanía alimentaria.