^{Natalia Corbalán, portavoz de SOS Rural}
 
Las movilizaciones del sector agrícola se multiplican estos días por toda España ante una situación de hartazgo y desasosiego que, lejos de ir a menos, está poniendo en peligro la supervivencia del campo y, por consiguiente, de toda la sociedad. El desastre al que está asistiendo el sector primario español se resume en menos hectáreas de cultivo, menos cosechas y una consecuencia directa para todos los españoles: subidas constantes de los precios de los alimentos y descenso del consumo de frutas y hortalizas.

El precio de los alimentos ha subido en sólo dos años de manera exponencial, de forma que a los ciudadanos de a pie la cesta de la compra les cuesta un 27 por ciento más, una barbaridad inasumible para muchas familias. Y una de las causas principales de este gran problema es el desmantelamiento acelerado de la producción de alimentos en España, tanto agrícolas como ganaderos. Un ejemplo claro lo tenemos en que la propia Comisión Europea augura una caída del 21 por ciento de la superficie dedicada al cultivo de tomate, uno de los productos estrella, icónico y de consumo masivo en España, y del 22 por ciento de su producción en nuestro país en los próximos años. Y mientras aumentan las importaciones de tomate marroquí al mercado europeo, un 52 por ciento desde 2013 hasta 2022, según datos de la UE.

Las políticas europeas están provocando su propio suicidio, ya que el caso del tomate se puede aplicar a cualquier producto, como la carne. Las condiciones de producción desiguales, por disponer de productos fitosanitarios que en la UE están prohibidos o por permitir condiciones laborales semi-esclavistas, provocan que los productos de Marruecos o Egipto, con mano de obra subsahariana, revienten el mercado europeo y añadan un factor antes superado de inseguridad alimentaria. Lo que es realmente frustrante es que sea la propia UE quien financie la creación de nuevas tierras de cultivo en Marruecos para externalizar la producción, mientras el mundo rural español y europeo agonizan. Y que España, un país que ha sido una potencia mundial, no será capaz de producir alimentos para cubrir las necesidades de su propia gente, lo que llamamos la soberanía alimentaria, un concepto de elemental interés estratégico para cualquier Estado. Al ritmo que vamos, los españoles dependeremos de terceros para poder alimentarnos en diez años.

La exportación española de frutas y hortalizas frescas también ha experimentado una caída drástica, lo que se traduce en una disminución del consumo de estos alimentos por parte de la población. Los supermercados se están convirtiendo en vitrinas de productos ultraprocesados, mientras que las frutas y verduras frescas se vuelven cada vez más inaccesibles para el bolsillo medio.

El problema se agrava con políticas como la Ley del Mar Menor, que ha provocado una devaluación significativa de las tierras de cultivo en esa región. Esta situación, lejos de ser un caso aislado, refleja una tendencia preocupante en toda España: la desvalorización del sector agrícola y la creciente presión sobre los productores.

En este escenario desolador, es crucial abordar las causas subyacentes de la crisis. La falta de unidad en el sector primario español y la influencia desproporcionada del Estado en las organizaciones agrarias han contribuido al silencio y la inacción. Además, las políticas europeas que permiten una competencia desleal y la entrada sin restricciones de productos importados están acelerando el declive del sector agrícola español.

Es hora de una acción política concertada y decidida para evitar el colapso inminente del mundo rural español. Organizaciones como SOS Rural están llamando a una respuesta unitaria y contundente para proteger no solo la forma de vida de millones de españoles, sino también la seguridad alimentaria y la soberanía del país. Es imperativo que se establezcan políticas que protejan y fomenten la producción nacional de alimentos, garantizando así un futuro alimentario sostenible y seguro para todos los ciudadanos españoles.