En Castilla y León, el sector vitivinícola supone un volumen de negocio en torno a los 1.000 millones de euros anuales y emplea alrededor de 19.000 personas. Por contra, genera una gran cantidad de subproductos y residuos sólidos, lo cual lleva asociado un importante problema tanto ambiental como económico que las bodegas deben gestionar de un modo eficiente.

A pesar de esto, Castilla y León no cuenta actualmente con ningún destilador autorizado que realice una valorización de los subproductos generados, que se derivan a otras CCAA. Parte de estos subproductos, principalmente orujos y lías de vinificación, se destilan por parte de gestores autorizados para obtener alcohol etílico para consumo humano e industrial, además de recuperarse otros biocompuestos como son el aceite de pepita, el ácido tartárico y las sales tartáricas o los compuestos fenólicos, además de producirse energía.