Los agricultores europeos, reunidos a finales de octubre en Rumanía por su XI Congreso, han reafirmado su firme rechazo al acuerdo UE-Mercosur, subrayando sus profundas preocupaciones acerca de la competencia desleal que generaría y la falta de reciprocidad en las normas de producción.
La perspectiva de un acuerdo comercial UEMercosur cuenta con la firme oposición del sector agroalimentario europeo, que lo denuncia como anticuado e incoherente. Este acuerdo facilitaría la importación en el mercado europeo de productos agroalimentarios que distan mucho de las normas impuestas a productores y fabricantes europeos (Prácticas Pecuarias Adecuadas (PPA), bienestar animal, legislación laboral...), lo que supondría una competencia desleal e intolerable para nuestros sectores.
A medida que se avanza la posibilidad de concluir las negociaciones sobre el acuerdo comercial UE-Mercosur en la reunión del G20 en Río de Janeiro, y a la vista de las críticas que esto suscita, ha surgido en Bruselas la propuesta de crear un «Fondo de compensación» destinado a apaciguar a los agricultores europeos.
“Para nuestros sectores, esto parece más un falso apaño rápido que una solución genuina. No aborda las principales preocupaciones, en particular las relativas al impacto sobre los sectores sensibles y la falta de reciprocidad en las normas de producción en los términos actuales del acuerdo”, denuncian los agricultores.
En lugar de distraer el debate con este tipo de propuestas, consideran que la Comisión debería asumir seriamente las conclusiones sobre el comercio agroalimentario planteadas en el informe sobre el Diálogo Estratégico sobre el Futuro de la Agricultura de la UE, que subraya la necesidad de que la Comisión «emprenda una revisión exhaustiva de sus estrategias de negociación», así como la necesidad de un mayor nivel de reciprocidad.
En este mismo sentido se ha expresado la delegación de más de 30 miembros de ASAJA, encabezada por su presidente Pedro Barato, quien ha exigido en Rumanía “un presupuesto adecuado para enfrentar los desafíos actuales”. Además, ha defendido que los agricultores europeos no deben cargar solos con las consecuencias del conflicto en Ucrania y demandan acciones inmediatas en la cadena alimentaria, para evitar prácticas comerciales injustas.
Asimismo, Barato ha abogado por soluciones innovadoras, como productos de protección vegetal efectivos y biotecnología, así como por una visión de la ganadería basada en la ciencia, con mayor apoyo para la transición del sector. También ha reclamado “una gestión de riesgos eficiente mediante un fondo común de seguros” y ha mostrado su firme deseo de “promover la agricultura europea, escuchando y valorando a sus productores". Para ello, “son esenciales evaluaciones de impacto detalladas y acumulativas, además de una simplificación administrativa que reduzca la burocracia”, ha añadido.
En este sentido, uno de los sectores que puede verse afectado por el acuerdo UE-Mercosur es el citrícola, del que España es el principal productor a nivel europeo, y para el que se reclama, en línea con lo defendido desde la Interprofesional del Cítrico, que se excluya a los cítricos y al zumo de naranja del Acuerdo UE-Mercosur.
LOS PRODUCTORES EUROPEOS, PREOCUPADOS POR EL USO DE HORMONAS Y FITOSANITARIOS PROHIBIDOS EN LA UE
Por su parte, el Copa-Cogeca lanzó un comunicado el 6 de noviembre en el que reclamaba a los responsables políticos de la UE, junto a otras organizaciones de productores (AVEC –Asociación de Procesadores y Comercializadores de Aves de Corral de la UE; CEFS –Asociación Europea de Fabricantes de Azúcar; CEPM –Confederación Europea de Producción de Maíz; CIBE –Confederación Internacional de Productores Europeos de Remolacha; EUWEP -Unión Europea de Comercio Mayorista de Huevos, Ovoproductos, Aves y Caza; SELMA -Asociación Europea de Ganadería y Carne Sostenible), que reconsideren el acuerdo comercial entre la UE y Mercosur, tras la suspensión por parte de Brasil de las exportaciones de carne de vacuno hembra.
La última auditoría de la UE revela los persistentes problemas de Brasil para cumplir con las normas europeas de seguridad alimentaria, particularmente en lo que respecta al seguimiento de hormonas prohibidas. La auditoría de la DG SANTE puso de relieve importantes lagunas en la capacidad de Brasil para rastrear el uso de hormonas en sus exportaciones de ganado a la UE, en particular estradiol 17β, una hormona del crecimiento ampliamente utilizada en Brasil pero prohibida en la UE durante más de 40 años debido a sus posibles riesgos de cáncer. A pesar de estos hallazgos, la Comisión de la UE ha permitido a las autoridades brasileñas implementar una "autoprohibición" hasta que puedan garantizar exportaciones de carne vacuna libre de hormonas a Europa. Esta decisión ha suscitado serias preocupaciones sobre la idoneidad de la supervisión y la confiabilidad de la autorregulación de Brasil, especialmente considerando el reciente escándalo "Carne Fraca" que expuso graves fallas regulatorias en la industria cárnica brasileña.
Además, en el caso de los cultivos herbáceos, un próximo estudio del CEPM muestra que el 52 % de las sustancias activas autorizadas para su uso en el maíz en Brasil y Argentina habían estado prohibidas en la UE, algunas de ellas, como la atrazina, ¡desde hacía más de 15 años! En lo que respecta a la remolacha azucarera, hay unas 30 sustancias activas autorizadas en la caña de azúcar en Brasil, pero que ya no están autorizadas para su uso en la remolacha azucarera en la UE.
