^{Maria Chapa Ibargüengoitia / Graduada en Cuatrecasas. grupo.alimentacion@cuatrecasas.com}

En los últimos meses, las macrogranjas se han convertido en las protagonistas de un intenso debate político en el que confluyen medioambiente, calidad de alimentos y bienestar animal.

Aunque aún no existe una definición oficial y única de lo que es una macrogranja, se puede entender, en residuos y vertidos y la dependencia de combustibles fósiles para la producción industrial. Además, uno de los argumentos más repetidos en cuanto a los beneficios y perjuicios de las macrogranjas pasa por la supuesta y alegada menor calidad de su carne, si bien no existen datos objetivos al respecto.

Así las cosas, hasta la fecha no existe en España ninguna ley o norma de rango inferior (Real Decreto) que defina las macrogranjas ni que indique el número de cabezas de ganado que debe superar una explotación ganadera para ser considerada como tal.

No obstante, el Gobierno español y al menos cuatro comunidades autónomas han anunciado y aprobado recientemente algunas medidas en contra de las llamadas macrogranjas. En todo caso, desde el punto de vista legal, por la indefinición de este concepto, tampoco se sigue en estos casos un criterio uniforme para su regulación. Veamos a continuación algunos ejemplos.

En cuanto al ganado bovino, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación a finales de 2021 sometió a consulta pública un proyecto de Real Decreto por el que se establecen normas básicas de ordenación de las granjas bovinas. El texto limita la capacidad máxima de la explotación a 850 unidades de ganado mayor –es decir, de gran tamaño– para las granjas de bovinos.

En Cataluña, la comunidad autónoma con mayor número de macrogranjas según los datos facilitados por cada región, el Gobierno autonómico propuso un nuevo modelo de regulación de la ordenación ganadera en octubre de 2021 que tomará forma de Decreto para asegurar el equilibrio entre la sostenibilidad económica y ambiental. Con dicho Decreto se busca limitar el número de animales que pueden llegar a tener las explotaciones –se fija un máximo de 600 vacas para las nuevas explotaciones– y no se podrán ampliar las cabezas de ganado en aquellas granjas que no cumplan las distancias reglamentarias entre ellas. Además, se exigirá una formación obligatoria para los trabajadores de las granjas, que consiste en 20 horas de curso sobre fisiología, comportamiento, conceptos de sanidad animal y legislación vigente en materia de bienestar animal.

Ya en 2019 el Gobierno catalán impidió la construcción de nuevas instalaciones por un periodo de dos años ante la contaminación de sus acuíferos. Así, en julio de 2021 la Generalitat aprobó un Decreto Ley que términos generales, que se trata de una instalación de ganadería intensiva en la que la densidad de animales es muy grande.

Este modelo de ganadería ha sido impulsado principalmente por la mejora de las tecnologías durante las últimas décadas, unido al rápido aumento de la población a nivel mundial, resultando en un importante incremento en la producción de carne. En el caso de España, en 1970 se producía poco más de un millón de toneladas anuales, mientras que en la actualidad se han sobrepasado los 7 millones de toneladas anuales, según el informe Meat Atlas 2021. Dentro de los principales factores preocupantes en lo que se refiere a estas granjas de gran densidad se encuentran la gestión de prorrogaba cuatro años más –hasta 2025– la moratoria en la concesión de permisos para construir o ampliar este tipo de explotaciones en 68 municipios catalanes. Por su parte, a inicios de este año las Cortes de El Gobierno de Aragón presentó en julio de 2021 un proyecto de ley para la protección y modernización de la agricultura familiar y del patrimonio agrario de Aragón. Este proyecto de ley, aunque no prohíbe su construcción, sí limita el tamaño de todas las explotaciones ganaderas intensivas y condiciona la construcción de nuevas macrogranjas a la capacidad de recepción de estiércoles que tenga el suelo sobre el que se pretendan edificar.

Esta última medida es similar a la aprobada en Navarra en abril de 2021, en donde se prohibió la construcción o ampliación de explotaciones con más de 1.250 unidades de vacuno.

Estas iniciativas adoptadas por el Gobierno y por Cataluña, Castilla-La Mancha, Aragón y Navarra contrastan con las iniciativas adoptadas por otras comunidades autónomas en las que incluso se han aligerado los trámites para crear instalaciones de este tipo. Por otro lado, hay otras regiones en las que no se ha aprobado medida alguna al margen de las medidas adoptadas por el Ministerio de Agricultura. Lo anterior pone de manifiesto que aún existe un largo camino por recorrer para llegar a criterios legales uniformes y coherentes, basados en conocimientos y elementos objetivos que permitan aunar posiciones y adoptar una política común, poniendo fin al debate –fundamentalmente periodístico en las últimas fechas– suscitado por las macrogranjas. Castilla-La Mancha aprobaron una moratoria para la instalación de granjas de ganado porcino en la región hasta el 31 de diciembre de 2024. Esto quiere decir que en dicho territorio no se admitirán solicitudes ni se concederán autorizaciones ambientales integradas para la instalación de explotaciones ganaderas de porcino que sigan el modelo de macrogranjas y, además, no se autorizarán ampliaciones de las granjas existentes.