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Este miércoles 1 de diciembre se va a celebrar la jornada “La Guardia Civil en defensa de la calidad diferenciada” en Córdoba, organizada por la Guardia Civil, la Universidad de Córdoba, el Centro Universitario de la Guardia Civil y ORIGEN ESPAÑA.
Se podrá ver vía online. Puedes registrarte en este enlace.
En España existen casi 200 productos agrícolas y alimenticios con Calidad Diferenciada acreditada, entre Indicaciones Geográficas Protegidas (IGP) y Denominaciones de Origen Protegida (DOP), y están presentes en la mayor parte del territorio nacional. Su protección es de interés general para la Guardia Civil en el ámbito de la seguridad ciudadana.
Las figuras de calidad diferenciada están protegidas por el marco normativo de la UE. El reto de esta actividad es incorporar a Fiscalía y Jueces en la protección de estas figuras legales.
En este sentido, en enero de 2016 se firmó un Procedimiento Operativo de Colaboración entre la Asociación Española Denominaciones de Origen -ORIGEN ESPAÑA- y la Guardia Civil, dentro del marco de la Vigilancia de la Salud y la Seguridad Alimentaria Pública. Asimismo, en 2020 se firmó un Procedimiento Operativo de colaboración entre la Guardia Civil y la Conferencia Española de Consejos Reguladores Vitivinícolas, entre el Consejo Español de los Consejos Reguladores del Vino y la Guardia Civil.
La Guardia Civil se configura de ese modo como un aliado estratégico en la defensa de la Propiedad Industrial y en la lucha contra la actividad económica fraudulenta que favorece la competencia desleal en el mercado, causando un gran perjuicio a la Hacienda Pública.
La protección bajo la figura de la Calidad Diferenciada proporciona seguridad jurídica tanto a los productores como a los consumidores, contribuye a fijar población en el territorio mediante el progreso económico y la creación de puestos de trabajo. Constituye, por tanto, un objetivo clave alineado con el vigente Plan Estratégico de la Guardia Civil.
La jornada va dirigida tanto a componentes de la Guardia Civil como a miembros de la judicatura (jueces y fiscales) y de la industria agroalimentaria, especialmente de la afectada por las figuras de protección de calidad diferenciada, así como de la Universidad (alumnos e institutos de investigación agroalimentaria).
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