^{Alberto Cortegoso Vaamonde Asociado Principal de Cuatrecasas
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A ningún lector le sorprende la estrecha vinculación que ha existido tradicionalmente entre Galicia y el sector alimentario. Más allá de las inagotables referencias que, en ocasiones, transitan entre lo arquetípico y lo folclórico, lo cierto es que dicho sector constituye uno de los pilares de la economía gallega, tanto por su aportación al Producto Interior Bruto (PIB) de la comunidad autónoma como por su capacidad para generar empleo.

En concreto, y según los más recientes datos de la Consellería do Medio Rural, el sector alimentario representa en la actualidad el 5,6 % del PIB autonómico y ocupa a más de 120.000 trabajadores. Dicho de otro modo, uno de cada catorce empleos que se generan en Galicia se encuentra vinculado a dicho sector.

Otra muestra de la robusta salud del sector alimentario gallego es su fuerte vocación exportadora. No en vano, y apelando a la misma fuente estadística, el sector vende, año a año, productos al exterior por valor de 3.800 millones de euros, lo que implica nada menos que el 22 % del total anual de las exportaciones de Galicia.

Sin perjuicio de lo anterior, el sector alimentario ha experimentado, como otros ámbitos de la actividad económica, notables transformaciones en estos últimos años, tanto a nivel de producción como de consumo. Así, por un lado, la producción ha debido hacer frente a los desafíos ambientales, sanitarios y sociales que plantean la constante búsqueda por la sostenibilidad y el cumplimiento de unos, cada vez, más exigentes criterios de seguridad alimentaria, lo cual se ha traducido en la adopción de nuevas prácticas que buscan mejorar la calidad y trazabilidad de los alimentos al tiempo que tratan de reducir el impacto que generan los procesos productivos en el entorno.

Casi de forma simultánea, el sector se ha visto también afectado por las nuevas preferencias de los consumidores, que ya no se conforman simplemente con la selección de productos que ofrece su supermercado más cercano. Al contrario, buscan acceder a alimentos más saludables y respetuosos con el medio ambiente a través de los nuevos canales de distribución (aglutinados en torno a la expresión “comercio electrónico”) cuyo uso se ha popularizado -y de qué forma- después del tiempo de pandemia.

Todas éstas son razones que están comenzando a reconfigurar el mapa normativo que regula el sector alimentario en España. A expensas de conocer cuáles serán las intenciones del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación al respecto, la Xunta de Galicia ha tomado la delantera al promover el Proyecto de Ley de calidad alimentaria de Galicia.

En líneas generales, este Proyecto de Ley (que ha sido presentado por el Conselleiro de Medio Rural, Xosé González, en la sesión plenaria del Parlamento de Galicia del pasado 21 de noviembre) tiene como objetivo primordial el de actualizar y mejorar el marco normativo que se encuentra vigente desde hace prácticamente veinte años (a través de la Ley 2/2005, de 18 de febrero, de promoción y defensa de la calidad alimentaria gallega), adaptándolo a los cambios experimentados en la producción, comercialización e intercambio de productos alimentarios, así como a potenciar “su calidad, su sostenibilidad y su competitividad”. Del mismo modo, tal y como apunta su Exposición de motivos, dicho Proyecto de Ley busca también dar respuesta a las nuevas demandas de “sostenibilidad, garantía y participación” del sector a través de la creación de nuevos órganos y el impulso de los ya existentes.

La principal novedad que introduce el Proyecto de Ley consiste en la creación de un sello inédito en el sector alimentario español: el denominado como “Galicia Calidade Sostible”. En líneas generales, y sin perjuicio de las modificaciones que se puedan llegar a introducir tras el debate en sede parlamentaria, se trata de una certificación de sostenibilidad para la producción alimentaria, que, si bien es voluntaria, tiene como objetivo identificar a aquellos productos que respeten el medio ambiente, la calidad y la seguridad alimentarias y garanticen la protección de los trabajadores y la ciudadanía, así como “una renta adecuada” para los diferentes eslabones de la cadena de valor.

A mayor abundamiento, el Proyecto de Ley refuerza el papel de los consejos reguladores de las figuras de protección de la calidad diferenciada, tales como las Denominaciones de origen y las Indicaciones geográficas protegidas, otorgándoles mayores atribuciones en el control, la promoción y el desarrollo de los productos que se desarrollan en sus respectivos ámbitos. Asimismo, el texto promovido por el Gobierno gallego apunta también a exigir a dichos entes “una mayor profesionalización”, lo cual comprende la obligación de presentar, de forma regular, un plan de promoción de la figura de protección, que deberá incluir, a tal efecto, la fijación de nuevos objetivos y estrategias.

Adicionalmente a lo anterior, cabe tener presente que el Proyecto de Ley también prevé un procedimiento de compra pública responsable para los contratos de servicios o concesiones que “tengan por objeto la adquisición de productos alimentarios, que habrán de ser sostenibles y respetuosos con el medio ambiente”. De acuerdo con los términos que recoge el Proyecto de Ley en el momento de redactarse estas líneas, se buscará dar prioridad a los productos de cooperativas agrarias o de organizaciones con, al menos, un 50 % de miembros incluidos en alguno de estos tres colectivos: mujeres, personas con diversidad funcional o personas en riesgo de exclusión social.

Por último, dicho Proyecto efectúa, en línea con los objetivos fijados en su Exposición de motivos, una exhaustiva revisión del catálogo de infracciones y del procedimiento sancionador, adecuándolo a la realidad actual y teniendo en cuenta, entre otras cuestiones, el ya mencionado crecimiento del comercio electrónico y el mayor volumen de ventas de productos del sector a través de páginas web.

De este modo, y a la vista de todo lo anterior, queda fuera de toda duda que el Proyecto de Ley constituye la primera gran respuesta decidida a los retos a los que se enfrenta, en este tiempo de cambios permanentes, el sector alimentario, adaptando el marco normativo a las necesidades e intereses de los diferentes operadores del sector. Sólo los tiempos de la política (y la acuciante sombra de un adelanto electoral en Galicia) podrían llegar a frenar este innovador proceso.