La Comisión Europea ha publicado el Paquete de Protección de la Naturaleza, con una propuesta de reglamentos sobre el uso sostenible de productos fitosanitarios y sobre la restauración de la naturaleza. Se trata de las dos primeras iniciativas legislativas que pretenden que los objetivos de las estrategias europeas De la Granja a la Mesa y de Biodiversidad sean vinculantes para los países miembros.

La Coalición Por Otra PAC celebra que el texto proponga acabar para 2030 con el uso de todos los productos fitosanitarios en las áreas sensibles, es decir en aquellas en las que pueda haber riesgo de contaminación de acuíferos, en zonas importantes para la biodiversidad y en los espacios públicos (parques, jardines…). También insta a reducir un 50% el uso y riesgo de los plaguicidas químicos. Y menciona la necesidad de reorientar la Política Agraria Común (PAC) para no dejar a nadie atrás.

La atención se centra ahora en la nueva PAC 2023-2027, que está en la recta final antes de su aprobación. Desde la Coalición se insta al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación a que siga el ejemplo de las iniciativas presentadas e incorpore también de manera vinculante los objetivos del Pacto Verde Europeo en el PEPAC. No solo debe plantear metas más ambiciosas para reducir el uso de plaguicidas y combatir la resistencia microbiana, sino que también debe afrontar las graves problemáticas de la pérdida de nutrientes del suelo y de la desaparición de elementos paisajísticos, verdaderos refugios para los polinizadores, claves en la producción de alimentos. 

Además, la Coalición le pide a la Comisión Europea que no apruebe aquellos Planes Estratégicos de la PAC (PEPAC) que no incorporen estos cambios necesarios. “La transición hacia modelos agroecológicos es vital para conseguir un sistema agroalimentario más resiliente, que contribuya a lograr una seguridad alimentaria a medio y largo plazo. Dada la situación de incertidumbre, no se puede esperar otros cinco años a acometer estos cambios urgentes”, señala Fernando Viñegla, coordinador técnico de Por Otra PAC.

La petición de un mayor compromiso social y ambiental del PEPAC ya la manifestó Bruselas el pasado 31 de marzo, cuando remitió a España una carta en la que lo consideraba insuficiente y, en concreto, su arquitectura verde. Una de sus tres patas es la condicionalidad, que supedita la recepción de ayudas al cumplimiento de la normativa ambiental vigente y a buenas prácticas básicas. La Comisión considera que no se garantiza suficientemente que no perciban dinero público aquellos con comportamientos dañinos para el bien común (sobreexplotación y contaminación del agua, manejo inadecuado de pesticidas y fertilizantes…).

La Comisión Europea hace un llamamiento a abordar otros aspectos de interés, como son los pagos históricos y el impacto de las inversiones en regadío, entre otros muchos aspectos, que España debe atender para avanzar en una transición justa.

La urgencia es máxima debido a que el texto normativo debería estar listo a la vuelta del verano para que los futuros perceptores de la PAC puedan programar sus cultivos. Al mismo tiempo, existe la necesidad de que la propuesta no pierda ambición social y ambiental en aras de su pronta aprobación. Si fuera así, se corre el riesgo de que siga sufragando durante cinco años más un modelo agroalimentario que explota de manera insostenible los recursos naturales y es injusto para las personas, que de esta manera se ven expulsados de sus pueblos.