La Ley de residuos y suelos contaminados aumenta la presión sobre las empresas en un momento especialmente delicado
Asociación de Empresas de Fabricantes y Distribuidores (AECOC)
5 de abril, 2022
AECOC entiende que la norma aprobada en el Congreso era necesaria, pero considera que traslada más costes a las empresas
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Tras la aprobación en el Congreso de los Diputados de la Ley de Residuos y Suelos Contaminados, AECOC considera inadecuado que la normativa supere las exigencias y objetivos marcados por Europa en materia de sostenibilidad y protección del medio ambiente y que lo haga, además, añadiendo importantes costes económicos a las empresas en un contexto de la máxima complejidad.
La Asociación considera que la aprobación de la norma era necesaria para que España cumpla con las directivas europeas en gestión de residuos, plásticos de un solo uso y economía circular. De hecho, ese es también el objetivo de la cadena de valor del gran consumo, que lleva años demostrando su compromiso con la protección del medioambiente mediante el impulso de estrategias e iniciativas destinadas a reducir el impacto de su actividad y a la protección del entorno. Por eso, resulta inexplicable que la ley aprobada marque objetivos que van más allá de los fijados por Europa, trasladando así sobrecostes a las empresas y poniendo en riesgo la competitividad de las compañías españolas, que tendrán que destinar mayores recursos que sus competidores europeos para el cumplimiento de la ley.
A modo de ejemplo, el artículo 55 de la ley referente a artículos de plástico de un solo uso que deben ser sustituidos por otros materiales, añade productos como bandejas, anillas, monodosis o palitos para alimentos al listado de todos los artículos fijados en la Directiva 2019/904 de la Comisión Europea.
Del mismo modo, la ley prevé ampliar las contribuciones financieras de las empresas productoras a la hora de asumir los costes de la recuperación y limpieza de los residuos abandonados en vías públicas, zonas verdes, áreas recreativas y playas; trasladando así a la empresa privada una responsabilidad que anteriormente se gestionaba con fondos públicos.
La norma que, de nuevo, va más allá de las exigencias establecidas por las directivas europeas, es un claro desincentivo para que otros agentes -como las administraciones públicas o los consumidores- se involucren en la separación de los residuos, y además no contribuye a mejorar en el cumplimiento de los objetivos medioambientales.
AECOC reafirma el compromiso de toda la cadena de valor del gran consumo con la protección del medioambiente y con el cumplimiento de los ODS, pero considera que las iniciativas legislativas en materia de sostenibilidad deben ser también compatibles con la competitividad empresarial y del conjunto de la cadena de valor de un sector esencial para nuestra economía y sociedad.
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