^{Cristina Maestre Martín de Almagro}

^Eurodiputada

^{Miembro de la Alianza de los Socialistas y Demócratas en el Parlamento Europeo}

El debate europeo sobre el etiquetado nutricional frontal se ha convertido en un buen ejemplo de cómo una idea razonable puede perder solidez si se acelera sin el respaldo técnico suficiente. Nadie discute hoy que facilitar información clara al consumidor es una herramienta útil de salud pública.

Organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud han señalado que las etiquetas frontales pueden ayudar a tomar decisiones alimentarias más informadas. El desacuerdo empieza cuando esa herramienta se simplifica en exceso y se presenta como solución cerrada antes de haber demostrado que funciona bien en todos los contextos.

Desde una perspectiva española y socialdemócrata, la posición es clara: queremos un sistema armonizado, obligatorio y europeo, basado en pruebas científicas sólidas, comprensible para el consumidor y viable para todos los operadores, incluidos pequeños productores y cooperativas. Pero precisamente por eso, no podemos aceptar atajos.

El informe del Tribunal de Cuentas Europeo, en su informe especial de 2024, es muy claro al respecto y aporta argumentos que conviene escuchar. El Tribunal constata que la actual coexistencia de múltiples sistemas de etiquetado frontal en la Unión —algunos promovidos por autoridades nacionales y otros incluso cuestionados por ellas— genera fragmentación del mercado interior y confusión para el consumidor. Este dato, por sí solo, debería bastar para frenar cualquier intento de imponer de manera inmediata un modelo concreto sin haber resuelto antes el problema de la armonización.

Más aún: el propio Tribunal señala que la Comisión no ha completado los análisis ni cumplido los plazos que ella misma se había marcado. A día de hoy, siguen existiendo lagunas jurídicas, carencias de datos y una evaluación insuficiente sobre cómo interpretan realmente los consumidores estas etiquetas. En términos políticos, el mensaje es evidente: el debate no está maduro.

Este contexto refuerza una crítica legítima a sistemas como Nutri-Score, que no es ideológica, sino metodológica. El problema no es que simplifique, sino cómo lo hace. Al centrarse en umbrales de nutrientes aislados, penaliza alimentos nutricionalmente valiosos y culturalmente esenciales, sin tener en cuenta la calidad de los ingredientes ni el patrón dietético global. El aceite de oliva es el caso más visible, pero no el único: frutos secos naturales sin procesar, quesos curados tradicionales, pescados azules en conserva o incluso productos fermentados reciben valoraciones negativas que chocan con décadas de evidencia científica y con las recomendaciones dietéticas actuales.

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición lo ha señalado con claridad: los alimentos no deben evaluarse de forma aislada, sino dentro de una dieta equilibrada. La ciencia nutricional ha avanzado. Hoy sabemos que el cuerpo necesita grasa saludable, que la calidad importa tanto como la cantidad y que la nueva pirámide alimentaria equilibra mejor los grupos de alimentos, incluyendo la proteína animal, siempre desde la moderación y la variedad. Un sistema de etiquetado que ignore estas evidencias corre el riesgo de inducir a error, no de informar.

La idea del “semáforo” puede ser útil como principio pedagógico, pero solo si se construye desde el equilibrio, la ciencia y la comprensión real del consumidor. De lo contrario, se convierte en un instrumento punitivo que castiga productos tradicionales de un solo ingrediente mientras permite que alimentos ultraprocesados se “optimicen” para obtener una mejor calificación sin mejorar realmente la dieta.

Europa afronta debates de enorme calado -desde la futura PAC hasta el marco financiero- que exigen rigor y prioridades claras. El etiquetado nutricional es importante, pero precisamente por eso debe abordarse con más ciencia y menos precipitación.

Informar mejor al consumidor es un objetivo compartido; hacerlo mal sería un error difícil de corregir.