^{Jorge Buxadé Villalba}

^{Jefe Delegación VOX en Parlamento Europeo}

Esto no va de aranceles. Esto va de poner orden en un sistema de comercio internacional que está resultando desastroso para muchas economías y beneficioso para otras. China incrementó los aranceles a la importación del porcino, pero no fue titular en ningún medio. Las exportaciones de tomate de España en el espacio común europeo caen proporcionalmente al incremento de las de Marruecos o Turquía. Sin embargo, cuando Trump lanza su anuncio de aranceles a terceros países, forzando una negociación general, todos se alarman.

No hay duda ninguna de que el comercio, esto es, el libre intercambio de bienes o servicios, crea riqueza y prosperidad. Y es bueno si el intercambio se realiza en condiciones de libertad e igualdad; pero son los gobiernos quienes deben asegurar que sus productores y consumidores puedan competir en el mercado en condiciones justas. Cuánta hipocresía vemos en quienes financian la política de agua o la producción de olivos en Marruecos mientras expropian cientos de miles de olivos en España invocando motivos climáticos para poner placas solares. Exijamos responsabilidad a nuestro gobierno que no protege al productor y no negocia con los buenos socios.

No es cierto que vivamos en un régimen de libre comercio que Trump quiere destruir. Los aranceles, las cuotas de importación y las barreras regulatorias al comercio son la regla general en el mundo. Cuando en el marco del Pacto Verde los burócratas de Bruselas crean un régimen de comercio de derechos de emisión de CO₂ que han de pagar nuestras industrias por razones “climáticas” se impone una losa a nuestra industria, provocando que empresas europeas deslocalicen a otros países el empleo, la riqueza y los buenos salarios. Cuando el mismo Pacto Verde crea el llamado Mecanismo de Ajuste en Frontera se crea una durísima barrera al comercio no arancelaria. Y todo eso lo han votado y aplaudido populares y socialistas.

Los productos chinos o de otros países entran en nuestros mercados beneficiando aparentemente al consumidor por los bajos precios, pero comerciamos con la China comunista a pesar de que sabemos que en China no hay libertad, sus empresas reciben cuantiosas ayudas estatales y hay un robo masivo de propiedad intelectual e industrial, que nos priva de libertad y autonomía. Lo vimos en tiempos de COVID cuando Europa despertó dándose cuenta de que había desmantelado la producción de mascarillas o equipos de protección individual, teniendo que importar todo de China o Turquía. Ahora nos sucede con la industria naval o militar.

Los acuerdos comerciales que afectan a materias de competencia exclusiva de la Unión (por ejemplo, la política agraria o pesquera) los negocian multilateralmente burócratas de Bruselas y son acuerdos que no benefician o afectan a todos por igual. Por ejemplo, si la Unión cierra un acuerdo por virtud del cual se benefician las exportaciones de electrodomésticos o coches a cambio de importar productos agrarios, los países europeos industriales productores de electrodomésticos o coches se benefician, pero los productores agropecuarios se perjudican.

Por eso, pedimos negociaciones sectoriales en las que el sector primario español no sea moneda de cambio en todos los acuerdos internacionales firmados por la Comisión. Basta ver el acuerdo con MERCOSUR, puntilla a sectores productivos españoles, y que populares y socialistas han aplaudido y promovido durante años.

Esos acuerdos se cierran con países que no cumplen los estándares que se exigen a los productores españoles, ahogados en una maraña de normas laborales, fiscales, ambientales o de género, europeas, nacionales y autonómicas. Competimos con las manos atadas mientras el otro golpea con dos puños. Y quien nos ha atado las manos han sido nuestros políticos del bipartidismo, entregados a la Agenda 2030 y el Pacto Verde.

Por supuesto que rechazamos cualquier arancel a nuestros productores, pero por lo mismo rechazamos la Agenda 2030, el Pacto Verde y la asfixia impuesta por los fanáticos climáticos, e impulsada por gobiernos populares y socialistas, y a la que se han adherido todos, salvo VOX.

Es el pacto verde de populares y socialistas el que criminalizó el sector agrario. Un pacto verde que se ha desplegado en una PAC, reducida en su cuantía e ideologizada, que obliga al productor español a someterse a los caprichos del burócrata para percibir las cuantías previstas.

No es cuestión de aranceles. Es cuestión de poner orden y competir, duro, fuerte, lealmente: España ha de ser una nación de productores y consumidores, y eso exige un gobierno que cierre buenos acuerdos con los buenos socios.