^{Eduardo de Miguel, director gerente de Fundación Global Nature}

Vivimos en una Europa en la que el 81 % de sus hábitats están en un estado desfavorable, en la que cerca del 70 % de sus suelos, imprescindibles para nuestra seguridad alimentaria y para el sector agrario, están clasificados como degradados. Afrontamos el aumento de las sequías, incendios cada vez más impredecibles, la desaparición de especies de flora y fauna a pasos agigantados y una gran ola de escepticismo que pone en duda la crisis climática. Una crisis que, ajena a los rifirrafes políticos, sigue endureciendo nuestros inviernos, asfixiando nuestros veranos y creando desafección entre muchos, especialmente los más jóvenes, que no entienden que no se prioricen soluciones. Ante esta situación, la aprobación de la Ley de la Restauración de la Naturaleza (LRN), que quiere recuperar el 20 % de los ecosistemas degradados de Europa de aquí a 2030, se alza como una oportunidad de futuro para todos, incluido el sector agrario.

La LRN ha sufrido uno de los recorridos más conflictivos e inéditos de la historia de los procesos legislativos de la Unión Europea (UE), con campañas de desinformación sin precedentes y una politización sin sentido, ilustrando la tensión global entre la protección del medio ambiente y los intereses económicos; difundiendo y utilizando información errónea. Pero finalmente la normativa salió adelante: la presión científica, con más de 6.000 científicos respaldando y exigiendo su tramitación, fue enorme. Los ciudadanos e incluso grandes empresas también hicieron que la balanza cayera de este lado.

El conocimiento científico ha sido crucial frente a la utilización interesada de los miedo y riesgos, usados sin fundamento. La gran victoria de esta ley es también comprobar cómo la ciencia puede desempeñar un papel fundamental y proactivo cuando los datos son accesibles y están disponibles para el público, en general, y para los responsables políticos, en particular.
 
En cualquier caso, no podemos olvidar que Europa aprobó esta ley in extremis y gracias al cambio de parecer de Austria, que ahora vive un “cisma” y que amenaza con llevar el asunto a los tribunales.

Queda aún un largo corrido ante el fascinante reto de trabajar de forma conjunta para poner en el centro de las políticas nacionales la obligación de restaurar ecosistemas deteriorados. Y Fundación Global Nature seguirá ahí para conseguirlo. Aterrizar la normativa al ámbito nacional va a ser tan apasionante como complejo, España deberá articular su Plan Nacional de Restauración de Naturaleza. Partimos de una casilla de salida muy positiva, con 20 países a favor (que representa el 66.07 % de la población de la UE), con una movilización pública masiva con más de 6.000 científicos, más 100 empresas, más 200 ONG (coalición #RestoreNature), numerosos activistas climáticos y más 1 millón de firmas y mensajes.

Restaurar la naturaleza significa recuperar ecosistemas degradados o destruidos mediante la mejora de su estructura y funciones. Unos ecosistemas sanos pueden garantizar, entre otras cosas, un incremento de la productividad agrícola, un aumento de la resiliencia ante el cambio climático, una mejora de la biodiversidad o una reducción del riesgo de inundaciones, sequías y olas de calor.

Europa no ha comprado el relato de disputas y dicotomías que no existen, ha apostado por una ley necesaria ante las evidencias científicas que nos alertan de las repercusiones que la incesante pérdida de biodiversidad tendrá sobre nuestros sistemas, sobre nuestras vidas. La Ley de la Restauración de la Naturaleza es una oportunidad de futuro, con altas tasas de retorno (el valor monetario de los beneficios derivados de la restauración es, por término medio, entre 8 y 10 veces superior a los costes de inversión iniciales) y múltiples beneficiarios; es una esperanza para todos. Y todos somos necesarios para su éxito.