El Consejo de Ministros ha aprobado un real decreto-ley que incluye un potente paquete de medidas urgentes de apoyo al sector agrario para hacer frente a la prolongada situación de sequía y al agravamiento de las condiciones del sector primario como consecuencia de la guerra en Ucrania. Entre ellas se incluyen ayudas directas de Estado para los sectores agrícola y ganadero, que superan los 636 millones de euros, o la subvención de hasta un 70 % del coste de las pólizas de seguros por la sequía de los cultivos más comprometidos por la falta de lluvias y las elevadas temperaturas. El impacto económico de todas las medidas adoptadas en el ámbito agrario suma más de 784 millones de euros.

Desde el inicio del año hidrológico, el 1 de octubre de 2022 hasta esta misma semana, el valor medio de las precipitaciones en España ha sido un 27,5 % inferior al promedio de este periodo. La reserva hidráulica peninsular se situaba esta semana en un 48,9 %, algo inferior a la del año anterior (50,6 %), cuando el Gobierno ya aprobó un decreto de sequía con medidas importantes, algunas de ellas se fueron ampliando a lo largo del pasado año para hacer frente a la crítica situación del sector afectado también por las consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania.

El Gobierno ha considerado que en el actual escenario, tras la invasión de Ucrania, el sector estaba sometido a una situación compleja que, unida a las circunstancias climáticas, hace que resulte de extraordinaria y urgente necesidad adoptar medidas que garanticen el mantenimiento y la sostenibilidad de las explotaciones agrícolas y ganaderas, reafirmen la seguridad alimentaria y permitan reforzar la senda de crecimiento económico del país.

Además del pago de las ayudas directas, el real decreto-ley contiene medidas de apoyo de ámbito fiscal, financiero, sociolaboral, hidráulico y en el de la Política Agraria Común (PAC), en las que están implicadas los ministerios de Agricultura, Pesca y Alimentación; Hacienda y Función Pública; Para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico; Trabajo y Economía Social; Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Solo las medidas en materia agraria y de aguas están valoradas en unos 2.190 millones de euros en total.

Ayudas directas

Se destinan 355 millones de euros para los productores de carne y de leche de vacuno, ovino y caprino para compensarles por el incremento de los costes de producción, como los piensos y otros insumos. La escasez de precipitaciones ha mermado la existencia de pastos y ha obligado a buscar alternativas para la alimentación de los animales que resultan más caras a unas explotaciones que ya habían sufrido las consecuencias de la guerra en Ucrania.

Ante esta situación, la Asociación Española de Productores de Vacuno de Carne (ASOPROVAC) ha remitido una carta al ministro de Agricultura en la que muestra su malestar por la exclusión del vacuno de engorde del paquete de ayudas a la sequía, al ser uno de los sectores más afectados por las graves consecuencias de los efectos derivados de la sequía sobre el precio de la alimentación.

El decreto establece para las explotaciones que cuenten con la mayor parte de animales potencialmente subvencionables en la campaña 2022 en las comunidades autónomas establecidas en las zonas de afección alta (Andalucía, Aragón, Castilla-La Mancha, Cataluña, Extremadura, Región de Murcia y Comunitat Valenciana) los siguientes importes:

1. 157 euros por vaca de carne (nodriza).
2. 18 euros por oveja y cabra de carne.
3. 61 euros por vaca de leche.
4. 11 euros por oveja y cabra de leche.

Para las explotaciones que cuenten con la mayor parte de animales potencialmente subvencionables en la campaña 2022 en las comunidades autónomas establecidas en las zonas de afección media (Castilla y León, Comunidad de Madrid, La Rioja y Comunidad Foral de Navarra) hasta el 50 % de los importes previstos para cada especie y orientación productiva en el apartado anterior.Y para las explotaciones que cuenten con la mayor parte de animales potencialmente subvencionables en la campaña 2022 en las comunidades autónomas establecidas en las zonas de afección moderada (Principado de Asturias, Illes Balears, Canarias, Cantabria, Galicia y Euskadi) hasta el 25 % de los importes previstos para cada especie y orientación productiva en dicho apartado.

Las ayudas se abonarán directamente a los titulares de las explotaciones que sean beneficiarios de ayudas de la Política Agraria Común (PAC) a través del Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA).

Las ayudas a los sectores ganaderos se completan con 5 millones de euros para el sector apícola, medida que anunció el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, a finales de marzo.

Los sectores agrícolas dispondrán de un volumen de ayudas de 276,7 millones de euros. El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación determinará los cultivos, zonas y cuantías a los que corresponderán estas ayudas en función de los que se compruebe son más perjudicados por la situación de sequía. Para ello se tendrán en cuenta la información sobre la evolución climática e hidrológica del Ministerio para la Transición y el Reto Demográfico y de las comunidades autónomas.

Recciones del sector agrícola

Por parte de Cooperativas Agro-alimentarias de España han valorado el esfuerzo del Gobierno español, pero advierten de que "la sequía que está padeciendo España y el sur de Europa no tiene precedentes, y requiere de un paquete de medidas de apoyo extraordinario mayor, si se quieren preservar las estructuras productivas, como son las cooperativas, transformadoras y comercializadores de los alimentos que nuestros agricultores y ganaderos producen, y que tal y como figura en el real Decreto publicado quedan fuera del actual paquete de medidas aprobadas por el Gobierno".

Cooperativas Agro-alimentarias de España solicita al Gobierno "que siga estudiando vías de financiación a través del marco de ayudas de Estado y que demande a la UE apoyos para abordar la actual situación", y también solicita que se tenga en cuenta a aquellos sectores que están afectados por la actual sequía, pero que, al no estar dentro del sistema PAC, se van a quedar fuera del marco, como es el sector del ibérico.

En cuanto a Unión de Uniones, ha reclamado que las Comunidades Autónomas aporten recursos adicionales y que todas las administraciones concentren las ayudas en los profesionales del sector, cuyas rentas han sido verdaderamente las más perjudicadas por la crisis.

Para Unión de Uniones, el paquete adicional de ayudas directas supone un montante insuficiente en comparación con unas pérdidas de producción de cultivos que Unión de Uniones evalúa, de momento, en unos 4.000 millones de euros y un incremento del coste de los piensos de alrededor de 6.000 millones.

“Estas ayudas no le van a salvar la campaña a nadie, ni combinadas con lo que puedan indemnizar los seguros que cubren la sequía”, expresan desde la organización, “pero si las CCAA hacen su parte y, sobre todo si las ayudas se concentrasen en los profesionales, representarían un cierto alivio en una situación que ahora mismo es crítica”.

“Las previsiones son nefastas. Habrá que ampliar las ayudas sin más remedio, porque este paquete se quedaría ridículo incluso si llueve”, comentan desde la organización, añadiendo que ”en poco tiempo no se va a estar hablando sólo de subida de costes o de pérdidas de cosecha, sino de pérdidas de plantaciones -por ejemplo, de frutales- en las zonas afectadas”.

En cuanto a la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG), también considera insuficiente el Real Decreto de ayudas, "ya que la grave afectación en el campo requiere apoyos de mayor calado. El 80 % del territorio agrario se encuentra ya asfixiado por la sequía y más de 5 millones de hectáreas de cereales no tendrán apenas cosecha".
 

En este sentido, el Secretario General de COAG, Miguel Padilla, ha reclamado que “desde ya se deben disponer ayudas directas extraordinarias para los cerealistas, que en muchos casos no recogerán cosecha alguna. Hablamos de la campaña de siembra más cara de la historia con la cosecha más corta del siglo. Y eso es inasumible. El seguro no resuelve en estos casos las cuantiosas pérdidas que se arrastran”, ha subrayado.

 
Padilla ha adelantado también que seguirán negociando con el Ministerio de Agricultura para que el presupuesto dispuesto para los sectores agrícolas (276 millones) se ponga ya a disposición del sector para apoyar a los agricultores y cultivos más afectados y que ya han sufrido daños, incrementando el mismo para responder a la más que probable crítica situación en los próximos meses de verano.

Apoyo a la financiación

El decreto contempla una nueva ampliación en 20 millones de euros de la dotación para la bonificación de créditos de la línea ICO-MAPA-SAECA que pueden llegar hasta el 15 % del principal del préstamo. Esta ayuda se habilitó en el decreto de sequía aprobado en marzo de 2022 con una dotación de 10 millones de euros y posteriormente se amplió hasta 20 millones en el segundo decreto de medidas urgentes para hacer frente a las consecuencias de la guerra en Ucrania aprobado en junio de 2022.

Igualmente, se amplía en 3 millones de euros la línea de financiación de avales de la Sociedad Anónima Estatal de Caución Agraria (SAECA) que son necesarios para la obtención de estos créditos. En el anterior decreto de sequía, esta línea se dotó con 2,7 millones de euros, ampliada después en otros 2 millones más.

Seguros agrarios

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación vuelve a incrementar en 40.485.800 euros la partida destinada a subvencionar la contratación de seguros agrarios.

Esta dotación permitirá subvencionar hasta el 70 % del coste de las pólizas ya contratadas -el máximo permitido por la normativa europea- que incluyan la cobertura por riesgo de sequía en los cultivos de secano de herbáceos extensivos, olivar, uva de vinificación, almendro, avellano, kiwi, endrino, alfalfa, remolacha azucarera y maíz forrajero.

Con esta ampliación, la línea de apoyo a la contratación de seguros agrarios del ministerio ascenderá ya en este ejercicio a más de 358 millones de euros.

Medidas fiscales

En materia fiscal, quedan eximidas del pago del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) las propiedades de los titulares de explotaciones agrícolas o ganaderas que hayan sufrido, en el ejercicio 2023, una reducción del rendimiento neto de las actividades agrarias de, al menos, un 20 % en zonas con limitaciones naturales, según la normativa de la Unión Europea, o de un 30 % en las demás.
 
En ESTE ÁMBITO, hay que recordar que la orden del Ministerio de Hacienda y Función Pública publicada el pasado 25 de abril ya contempla una importante rebaja fiscal para el sector agrario, al reducir un 25 % lineal el rendimiento neto para el Impuesto de la Renta de las Personas Físicas (IRPF) para todos los agricultores y ganaderos que tributan por el sistema de módulos, más de 800.000 beneficiarios.
 
Además, la orden incluye numerosas minoraciones en los coeficientes de entre el 30 % y el 50 % para los sectores ganaderos, así como determinados sectores agrarios.

Se exime del pago de IRPF y del impuesto de sociedades las ayudas que se perciban por los ecorregímenes de la PAC.

Igualmente, queda eximida del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados la formalización de avales de la Sociedad Estatal de Caución Agraria (SAECA) en los contratos de préstamo, lo que supone un abaratamiento de las operaciones que facilitan también el acceso a la financiación en mejores condiciones.

Flexibilización de la PAC

El real decreto-ley contempla que el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación establecerá los criterios para que, de una forma armonizada, las autoridades competentes de las comunidades autónomas puedan flexibilizar determinados requisitos de las ayudas directas de la PAC, al objeto de que las circunstancias devenidas como consecuencia de la sequía no representen impedimentos añadidos para la percepción de dichas ayudas.

Así, se amplía hasta el 30 de junio el plazo para la presentación de las solicitudes. De esta forma, los agricultores dispondrán de más tiempo para la toma de decisiones sobre sus cultivos en un momento en el que la sequía produce muchas incertidumbres.

Tras las reuniones mantenidas con las comunidades autónomas y el sector, el Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA) ha elaborado una circular que será remitida para consulta, que recoge los requisitos de condicionalidad reforzada, ecorregímenes y ayudas asociadas para los que se puede aplicar la causa de fuerza de oficio con motivo de la sequía.

Como ejemplos, para las zonas afectadas por la sequía, será posible reducir los días de pastoreo y la carga ganadera requeridos en los ecorregímenes de pastoreo extensivo, o incrementar la superficie de barbecho y reducir el porcentaje de especies mejorantes para los de rotación de tierras de cultivo.

Se escalona en cuatro fases, en lugar de las dos que estaban establecidas, la entrada en vigor del Cuaderno Digital de Explotación. Según el tipo de explotación, se retrasa al 1 de enero de 2024 y al 1 de enero de 2025 la incorporación de la totalidad de la información obligatoria a dicho cuaderno.

Medidas Sociolaborales

En materia laboral, se ha aprobado un aplazamiento en el pago de las cuotas de la Seguridad Social y por conceptos de recaudación conjunta, cuyo devengo tenga lugar entre los meses de mayo a septiembre de 2023, para las empresas incluidas en el Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta Ajena Agrarios, y entre los meses de junio a octubre de 2023, para los trabajadores incluidos en el Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta Propia Agrarios.

Además, se prorroga, hasta el 31 de diciembre de 2023, la medida excepcional de reducción a 10 el número mínimo de jornadas reales cotizadas necesarias para acceder al subsidio agrario en las comunidades autónomas de Andalucía y de Extremadura.

Medidas hidráulicas

Los agricultores que sean titulares de derechos de riego y que hayan tenido una reducción en los suministros de agua que tienen concedidos se beneficiarán de una rebaja del canon. Esta bonificación será del 100 % si la reducción en la dotación de agua supera el 60 %, y del 50 % si el recorte del suministro ha sido de entre el 40 % y el 60 %.

Los beneficiarios indirectos de obras de regulación en la cuenca del Guadalquivir tendrán una reducción del canon del 50 %.