La Interprofesional Citrícola Española (Intercitrus) ha denunciado que el Banco Europeo de Inversiones (BEI) está financiando una serie de operaciones para ayudar a que las principales infraestructuras logísticas de Sudáfrica ganen en eficiencia, usen renovables y para descarbonizar su economía.

 

A finales de febrero, el propio BEI confirmó una operación en favor de Sudáfrica por un importe relevante, probablemente de centenares de millones de euros. La que ya fue aprobada a finales de 2023 en favor del Banco de Desarrollo del Sur de África supuso la concesión por parte del BEI de 300 millones de euros para financiar proyectos privados vinculados con energías renovables.

Ahora el beneficiario será el propio Estado, que es el titular de la empresa pública Transnet, que explota los principales recintos portuarios y la red ferroviaria de este país.

Hay que tener en cuenta que este país ocupa –precisamente tras España– el segundo puesto en el ranking de las principales potencias exportadoras de cítricos en fresco del mundo.

Por todo ello, Intercitrus califica la iniciativa como “un despropósito” que acredita la “insensibilidad” con la que Bruselas trata a su sector productor pese a las protestas agrarias que siguen sucediéndose por todo el continente.

Así se manifiesta su presidenta, Inmaculada Sanfeliu, quien a este respecto reclama a la UE “que demuestre ya con hechos su voluntad de poner fin a las asimetrías de obligaciones entre los productores comunitarios y los productores de terceros países”.

Según recogía la prensa sudafricana, la operación que ahora se ultima con el ejecutivo presidido por Cyril Ramaphosa se enmarca en el acuerdo suscrito en 2021 para la promoción del Just Energy Transition Partnership (JETP, ‘Alianza para la Transición Energética Justa’). En virtud de este acuerdo Sudáfrica, Francia, Alemania, Holanda y Dinamarca, junto con la propia UE a través del BEI, así como EEUU y Reino Unido, se comprometían a financiar 8.800 millones de euros para apoyar los esfuerzos de este país africano en la “descarbonización” de su economía.

“Las políticas verdes de la UE castigan de este modo a la citricultura europea doblemente. De un lado, lo hacen en el mercado europeo, donde el sector compite entre todo tipo de restricciones y costosas obligaciones con los cítricos de países terceros mucho más baratos de producir y que no tienen que cumplir con tales requerimientos. Del otro, ahora también los recursos financieros que la UE pone al servicio de estas políticas sirven para potenciar a esa competencia desleal que no respeta, de manera flagrante y con alevosía, la propia normativa fitosanitaria europea”, se lamenta Sanfeliu en clara referencia al caso sudafricano.

“Sólo en Bruselas podría ser concebible que el primer exportador de cítricos en fresco del mundo –España– acuda en auxilio del segundo –Sudáfrica– para ayudarle a mejorar su posición en nuestro principal mercado –la UE– sin exigir antes reciprocidad y acatamiento de la normativa comunitaria”, añade la presidenta de Intercitrus.

La responsable de la interprofesional se refiere así a la actitud pasiva que está mostrando hasta el momento la CE a la hora de hacer respetar la normativa que garantiza la sanidad vegetal en el territorio comunitario. Por ejemplo, durante la pasada temporada, Sudáfrica acumuló la cifra récord de hasta 51 rechazos en puertos europeos tras detectar la presencia en sus envíos de cítricos afectados por el hongo de cuarentena conocido como ‘Mancha negra’. Por el momento, la CE aún no ha tomado ninguna medida.

Por otro lado, Sudáfrica acumula dos temporadas consecutivas sin cumplir en sus envíos con el cold treatment que la UE reguló en 2022 para evitar la llegada de otra peligrosa plaga, la conocida como ‘Falsa polilla’. Intercitrus ha reclamado que se impongan medidas para verificar en destino, de manera sencilla y automática, su cumplimiento y ha propuesto –también sin éxito– que este tratamiento se extienda a las mandarinas y pomelos que también pueden hospedar y trasladar esta plaga.

Pretoria, por su parte, ha cuestionado los controles y pruebas en los puertos europeos y ha denunciado a la UE ante la Organización Mundial de Comercio (OMC).