La finalidad está clara: reducir las emisiones de gases de efecto invernadero al menos un 55% de aquí a 2030 en comparación con los niveles de 1990. Para ello, la Comisión Europea acaba de adoptar un conjunto de propuestas que pretenden adaptar las políticas comunitarias en materia de clima, energía, uso del suelo, transporte y finalidad. Con estas propuestas, la Comisión presenta los instrumentos legislativos necesarios para cumplir los objetivos marcados en la Ley Europea del Clima y hacer realidad el Pacto Verde Europeo.

Un conjunto completo de propuestas interrelacionadas

Las propuestas facilitarán la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero en los próximos diez años. Desde 2005, se han conseguido reducir las emisiones de la generación de electricidad y de las industrias de gran consumo de energía en un 42,8 %. La Comisión propone ahora rebajar aún más el límite global de emisiones y aumentar su ritmo anual de reducción. La Comisión también propone eliminar gradualmente los derechos de emisión gratuitos para la aviación, ajustarse al Plan de Compensación y Reducción del Carbono para la Aviación Internacional (CORSIA), que es de ámbito mundial, e incluir por primera vez las emisiones del transporte marítimo en el RCDE UE. 

Para responder al hecho de que no disminuyen las emisiones del transporte por carretera y los edificios, se establece un nuevo régimen de comercio de derechos de emisión para la distribución de combustibles para el transporte por carretera y los edificios.

Además, para complementar el gasto sustancial en materia de clima en el presupuesto de la UE, los Estados miembros deben gastar la totalidad de sus ingresos procedentes del comercio de derechos de emisión en proyectos relacionados con el clima y la energía. Una parte específica de los ingresos procedentes del nuevo sistema para el transporte por carretera y los edificios debe abordar el posible impacto social en los hogares vulnerables, las microempresas y los usuarios del transporte.

Los Estados miembros también comparten la responsabilidad de retirar carbono de la atmósfera, por lo que el Reglamento sobre el uso de la tierra, la silvicultura y la agricultura establece un objetivo global de la UE para la absorción de carbono por los sumideros naturales, equivalente a 310 millones de toneladas de emisiones de CO₂ para 2030. La estrategia forestal de la UE tiene por objeto mejorar la calidad, la cantidad y la resiliencia de los bosques de la UE. Apoya a los silvicultores y a la bioeconomía forestal, al tiempo que mantiene la sostenibilidad de las cosechas y el uso de la biomasa, preserva la biodiversidad y establece un plan para plantar tres mil millones de árboles en toda Europa de aquí a 2030.

La producción y el uso de la energía representan el 75% de las emisiones de la UE, por lo que es crucial acelerar la transición hacia un sistema energético más ecológico. La Directiva sobre fuentes de energía renovables fijará un objetivo más ambicioso a fin de producir el 40% de nuestra energía a partir de fuentes renovables de aquí a 2030. Para cumplir nuestros objetivos climáticos y medioambientales, se refuerzan los criterios de sostenibilidad en el uso de la bioenergía y los Estados miembros deben formular cualquier sistema de apoyo a la bioenergía de manera que se respete el principio de uso en cascada de la biomasa leñosa.

Para reducir el consumo global de energía y luchar contra la pobreza energética, la Directiva establecerá la manera de fijar las contribuciones nacionales y casi duplicará la obligación de ahorro energético anual de los Estados miembros.

Es necesario combinar medidas para hacer frente al aumento de las emisiones en el transporte por carretera a fin de complementar el comercio de derechos de emisión. Unas normas más estrictas en materia de emisiones de CO₂ para turismos y furgonetas acelerarán la transición hacia una movilidad sin emisiones, al disponer que las emisiones de los vehículos nuevos disminuyan un 55% a partir de 2030 y un 100% a partir de 2035 en comparación con los niveles de 2021.

El régimen fiscal para los productos energéticos debe salvaguardar y mejorar el mercado único y apoyar la transición ecológica mediante el establecimiento de los incentivos adecuados. Una revisión de la Directiva sobre fiscalidad de la energía propone armonizar la fiscalidad de los productos energéticos con las políticas energéticas y climáticas de la UE, promoviendo tecnologías limpias y eliminando las exenciones obsoletas y los tipos reducidos que actualmente fomentan el uso de combustibles fósiles.

Por último, un nuevo mecanismo de ajuste en frontera del carbono pondrá precio al carbono en las importaciones de una selección concreta de productos para velar por que la ambiciosa acción por el clima en Europa no se traduzca en una «fuga de carbono». De este modo, se velará por que las reducciones de emisiones europeas contribuyan a una disminución de las emisiones mundiales, en lugar de impulsar la producción intensiva de carbono fuera de Europa.

Una transición socialmente justa

Con los ingresos generados por la tarificación del carbono, se propone un nuevo Fondo Social para el Clima que se financiará con cargo al presupuesto de la UE, utilizando un importe equivalente al 25% de los ingresos previstos del comercio de derechos de emisión para los combustibles de la construcción y el transporte por carretera. Aportará 72.200 millones de euros en concepto de financiación a los Estados miembros para el período 2025-2032, sobre la base de una modificación del marco financiero plurianual.