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Así lo reflejan los primeros resultados del proyecto LABELFISH, coordinado por el Instituto de Investigaciones Marinas (IIM) del CSIC
El proyecto LABELFISH aborda y busca soluciones a uno de los principales problemas para los consumidores: el fraude en el etiquetado de productos de pesca elaborados, tal y como explican desde la agencia de noticias científicas SINC. En concreto, se centra en el análisis de diversos productos de pesca, entre los que destacan aquellos elaborados a partir de atún, bacalao y anchoa. Además, otro de sus objetivos es estandarizar a nivel europeo los métodos genéticos para la identificación y autentificación de especies marinas comerciales.
LABELFISH tiene un coste total de 1,9 millones de euros, de los cuales 1,2 millones de euros están financiados por el Programa Europeo de Cooperación Transnacional del Espacio Atlántico, y participan en él 11 socios de seis países: España, Francia, Irlanda, Portugal, Reino Unido y Alemania.
El porcentaje de etiquetado erróneo obtenido se sitúa entre el 2 y el 18% en Reino Unido, Irlanda y España. En concreto, en nuestro país el mayor error se encuentra en productos elaborados con atún (25% en atún fresco/congelado y 12% en conservas) y en semiconservas de anchoa (12%), mientras que en los elaborados de bacalao seco salado en el 6,5%. La investigadora valora, sin embargo, una mejora en el nivel de corrección en el etiquetado si se compara con datos de hace diez años.
La normativa de etiquetado de los productos pesqueros establece criterios claros con los que evitar posibles fraudes con especies similares pero de diferente valor comercial. Por ejemplo, se puede creer que se está comprando un producto elaborado con merluza de las costas gallegas (Merluccius merluccius) cuando realmente se trata de merluza de otros países como, por ejemplo, Sudáfrica (Merluccius capensis).
“Esto no implica que la calidad sea menor, eso dependerá de las características intrínsecas del producto, del tratamiento de conservación aplicado y de las preferencias del consumidor, pero sí ha de ajustarse la información que ofrecen las etiquetas a la realidad para que los consumidores podamos ejercer nuestro derecho de elección con información fiable”, advierte Carmen González Sotelo, investigadora científica del CSIC y coordinadora del proyecto.
En este contexto, doce entidades del...
El proyecto LABELFISH aborda y busca soluciones a uno de los principales problemas para los consumidores: el fraude en el etiquetado de productos de pesca elaborados, tal y como explican desde la agencia de noticias científicas SINC. En concreto, se centra en el análisis de diversos productos de pesca, entre los que destacan aquellos elaborados a partir de atún, bacalao y anchoa. Además, otro de sus objetivos es estandarizar a nivel europeo los métodos genéticos para la identificación y autentificación de especies marinas comerciales.
LABELFISH tiene un coste total de 1,9 millones de euros, de los cuales 1,2 millones de euros están financiados por el Programa Europeo de Cooperación Transnacional del Espacio Atlántico, y participan en él 11 socios de seis países: España, Francia, Irlanda, Portugal, Reino Unido y Alemania.
El porcentaje de etiquetado erróneo obtenido se sitúa entre el 2 y el 18% en Reino Unido, Irlanda y España. En concreto, en nuestro país el mayor error se encuentra en productos elaborados con atún (25% en atún fresco/congelado y 12% en conservas) y en semiconservas de anchoa (12%), mientras que en los elaborados de bacalao seco salado en el 6,5%. La investigadora valora, sin embargo, una mejora en el nivel de corrección en el etiquetado si se compara con datos de hace diez años.
La normativa de etiquetado de los productos pesqueros establece criterios claros con los que evitar posibles fraudes con especies similares pero de diferente valor comercial. Por ejemplo, se puede creer que se está comprando un producto elaborado con merluza de las costas gallegas (Merluccius merluccius) cuando realmente se trata de merluza de otros países como, por ejemplo, Sudáfrica (Merluccius capensis).
“Esto no implica que la calidad sea menor, eso dependerá de las características intrínsecas del producto, del tratamiento de conservación aplicado y de las preferencias del consumidor, pero sí ha de ajustarse la información que ofrecen las etiquetas a la realidad para que los consumidores podamos ejercer nuestro derecho de elección con información fiable”, advierte Carmen González Sotelo, investigadora científica del CSIC y coordinadora del proyecto.
En este contexto, doce entidades del...
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