La Guardia Civil, en la denominada operación Pox, ha desmantelado una organización criminal dedicada a la introducción ilegal de ganado ovino y caprino en la cadena alimentaria.

En total cinco personas han sido detenidas y otras 12 han sido investigadas por varios delitos contra la salud pública, maltrato animal, falsedad documental, pertenencia a grupo criminal y blanqueo de capitales. No obstante, se prevén nuevas personas investigadas por estos hechos.

Los agentes de la Unidad Central Operativa de Medio Ambiente (UCOMA) han realizado siete entradas y registros, cuatro de ellas en domicilios y tres en explotaciones ganaderas y mataderos. Asimismo, se han inspeccionado nueve restaurantes, cuatro de ellos han sido cerrados cautelarmente, y una explotación ganadera clandestina.

En estas actuaciones, desarrolladas en las provincias de Madrid, Toledo y Ávila, se ha intervenido 10.000 euros en efectivo, numerosa documentación, crotales, dispositivos electrónicos, instrumental utilizado para el sacrificio de animales y medicamentos veterinarios. Más de 350 animales han tenido que ser sacrificados al encontrarse en condiciones severas de inanición o con enfermedades y malformaciones irreversibles.

Modus operandi

El principal investigado gestionaba una explotación ganadera situada en la provincia de Toledo que operaba de forma clandestina, al no estar registrada en el Registro General de Explotaciones Ganaderas (REGA). Esta situación hacía ilegal cualquier entrada o salida de animales desde dicha instalación.

Junto con otro de los implicados, realizaban transportes irregulares de ganado ovino y caprino, recogiendo animales tanto de explotaciones legales como ilegales, y trasladándolos hasta la explotación clandestina. Para tratar de ocultar esta actividad ilícita, utilizaban documentación falsificada con el fin de simular que los traslados eran legales.

Una parte de los animales era enviada directamente a un matadero autorizado de la provincia de Ávila, en el que se mezclaba la actividad legal con la ilegal. Otra parte se trasladaba hasta otra explotación ganadera en San Fernando de Henares (Madrid), que funcionaba como el matadero clandestino principal del entramado. En este lugar, los animales eran sacrificados sin autorización, en condiciones higiénico-sanitarias muy deficientes y sin respetar la normativa de bienestar animal.

Carne distribuida en restaurantes y a particulares

Parte de la carne procedente de estos sacrificios ilegales era distribuida a través de canales no autorizados. Uno de los detenidos, participaba en el sacrificio de los animales y posteriormente distribuía la carne a nueve restaurantes en la provincia de Madrid, los cuales la incluían en sus cartas e incluso ofrecían su reparto a domicilio a través de plataformas en línea.

Asimismo, se ha constatado que varios de los investigados recogían de forma habitual carne en los mataderos clandestinos para distribuirla entre particulares en diferentes localidades madrileñas, sin ningún tipo de control ni trazabilidad.

La investigación ha determinado que la actividad delictiva se desarrollaba dentro de una estructura criminal organizada, compuesta por varios escalones jerárquicos, en los que cada integrante desempeñaba un rol específico. Esta coordinación permitía sortear los controles de las autoridades y multiplicar los beneficios económicos de su actividad ilegal.

Entre las prácticas fraudulentas detectadas, destaca el uso de pagos en efectivo y en “B”, así como la facturación por debajo del precio real del ganado para evadir impuestos, lo que constituye una modalidad de blanqueo de capitales.

Importantes pérdidas en el sector por la propagación de enfermedades

Los movimientos ilegales de ganado ovino y caprino al margen de la legalidad representan un alto riesgo para la propagación de enfermedades como la viruela ovina-caprina, contraviniendo las medidas de cuarentena y provocando pérdidas millonarias en el sector ganadero.

Seguridad alimentaria

La seguridad alimentaria constituye un pilar fundamental para la protección de la salud pública, garantizando que los alimentos que llegan al consumidor sean seguros, estén correctamente etiquetados y cumplan con todos los requisitos sanitarios establecidos por la legislación vigente. La introducción de productos cárnicos en el mercado sin trazabilidad, sin control veterinario y al margen de los cauces legales supone un grave riesgo, tanto por la posible transmisión de enfermedades como por la alteración del sistema legal de producción y distribución alimentaria.

La operación Pox, por su complejidad, ha requerido la colaboración de Europol y diversas Unidades de la Guardia Civil, entre ellas las Unidades del SEPRONA de Madrid, Toledo y Ávila, además de contar con el apoyo de la Policía Municipal de Madrid.

Por otro lado, se ha contado con la colaboración tanto del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, como de las autoridades competentes de las Comunidades Autónomas afectadas en las distintas materias, siendo estas la Dirección General de Agricultura, Ganadería y Alimentación y la Dirección General de Salud Pública de la Comunidad de Madrid, además de la Subdirección General de Salud Pública del Ayuntamiento de Madrid, en adición con la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural y la Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla la Mancha.

Comunicado de INTEROVIC

Ante estos hechos, la Organización Interprofesional Agroalimentaria del Ovino y Caprino (INTEROVIC) ha emitido un comunicado en el que muestra su firme condena: "Esta actividad pone en grave riesgo la salud pública y atenta directamente contra el bienestar animal y la reputación del sector ovino y caprino. Un sector ganadero responsable, comprometido y profesional, como así ha venido demostrando a lo largo de todos estos años".

“Desde INTEROVIC queremos felicitar y agradecer al SEPRONA por el excelente trabajo realizado, así como por su compromiso con la defensa del sector, la seguridad alimentaria y el respeto a los estándares de producción exigidos por el modelo de producción europeo, el más estricto del mundo”, ha declarado Raúl Muñiz, presidente de INTEROVIC.

La interprofesional reitera su compromiso con la seguridad alimentaria, el bienestar animal y la trazabilidad de todos los productos derivados del ovino y caprino. En esta línea, INTEROVIC impulsó hace varios años la creación del certificado B+ de Bienestar Animal, el más estricto del sector, que garantiza el cumplimiento riguroso de los estándares en todas las fases del proceso productivo, desde la granja hasta la mesa. Este certificado no solo garantiza la calidad y seguridad del producto, sino también el cumplimiento ético con los animales y el entorno rural.

En esta línea, Raúl Muñiz ha añadido: “Desde INTEROVIC queremos destacar que el sector ovino y caprino es sinónimo de garantía, transparencia y compromiso con la sociedad. Actualmente, ciento cincuenta mil familias trabajan directa o indirectamente para este sector, por lo que no podemos dejar que hechos aislados manchen su reputación, esfuerzo y gran trabajo”.

Este tipo de actividades fraudulentas, además de ilegales, suponen una grave amenaza para la confianza del consumidor y para el esfuerzo que, día a día, ganaderos, industrias y distribuidores realizan para ofrecer productos seguros, sostenibles y de calidad.