^{Entrevista a Hugo Morán
Secretario de Estado de Medio Ambiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico}

R. A.- Estamos a mitad del Programa de Trabajo 2021-2025 del Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático (PNACC). ¿Cuáles son los principales objetivos, por lo que respecta al sector agroalimentario?

Hugo Morán.- El sector agroalimentario tiene una estrecha dependencia de las condiciones climáticas y por ello podemos afirmar que se trata de un sector altamente vulnerable frente al cambio del clima. Sin embargo, los impactos reales son diversos en diferentes subsectores, por ello, es necesario seguir generando conocimiento para entender mejor los efectos que este desafío produce en distintas regiones, tipos de explotaciones, cultivos y cabañas ganaderas. Y, a partir de estos análisis de riesgos, hay que identificar y promover las mejores medidas para evitar o reducir los daños. Lo mismo puede decirse para el sector de la pesca y la acuicultura: los cambios en los parámetros físicos y químicos de las aguas como consecuencia del cambio climático generan amenazas en estos sectores que es necesario abordar.

En este contexto, los objetivos que busca el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático para este sector son:

- Reducir los riesgos derivados del cambio climático para la seguridad alimentaria.
- Actualizar o ampliar el conocimiento relativo a la evaluación de los riesgos (peligros, exposición, vulnerabilidad) e impactos del cambio climático sobre los principales tipos de cultivos, especies ganaderas y pesquerías, así como en el sector de la alimentación, incluyendo la interrelación de todos los elementos del sistema alimentario e integrar dicho conocimiento en los planes, normativas y estrategias de estos sectores.
- Promover el desarrollo de intervenciones de adaptación a través del Plan Estratégico de España para la PAC post 2020 y otros instrumentos.
- Promover la adaptación de la agricultura y la ganadería a los cambios del clima ya verificados, así como a los previstos, con especial énfasis en su ajuste a los recursos hídricos disponibles mediante los correspondientes sistemas de gestión.
- Reforzar la adaptación al cambio climático en la Política Pesquera Común, en los planes nacionales de gestión y recuperación y en el sector de la acuicultura.
- Promover una alimentación saludable compatible con una producción de alimentos sostenible e integrada en el territorio y con la reducción del desperdicio alimentario.
- Promover la sostenibilidad del sistema alimentario y la adaptación al cambio climático del medio rural, fomentando los canales cortos de comercialización, la bioeconomía, la economía circular y la agricultura de proximidad, entre otras estrategias de menor impacto climático y mayor resiliencia.

R. A.- ¿Cómo pueden ayudar desde el Ministerio al sector agroalimentario para que siga avanzando en la reducción de emisiones?

H. M.- El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha definido en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) medidas específicas dirigidas a la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero del sistema alimentario, empezando por los sectores agrícola y ganadero y llegando hasta la distribución y los consumidores, a través de las medidas para la reducción del desperdicio alimentario y como contribución del sector agroalimentario a la descarbonización de nuestra economía.

Además, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico colabora activamente con el de Agricultura, Pesca y Alimentación en el diseño de las políticas que ayuden a incrementar la sostenibilidad de este sector, reduciendo sus emisiones y tomando medidas que le ayuden a incrementar sus resiliencia y adaptación al cambio climático. De esta manera, desde el Ministerio hemos colaborado en el diseño de la arquitectura ambiental de la nueva PAC 2023-2027 para la implementación de todas las medidas que ayudarán a que al menos el 40 % de los fondos de esta importante política agraria vayan destinados a la lucha contra el cambio climático.

También hemos colaborado intensamente en el diseño del PERTE agroalimentario que, a través de su Eje 1, ayudará a la industria agroalimentaria a mejorar sus procesos de producción, mejorando entre otros factores la sostenibilidad de la producción de alimentos.

R.A.- El cambio climático tiene un impacto considerable en la gestión del agua. ¿Cuáles son las claves de los Planes Hidrológicos aprobados en enero?

H. M.- Los planes hidrológicos del tercer ciclo nos preparan para gestionar mejor las situaciones extremas, poniendo el foco de atención en la recuperación y protección del medio ambiente hídrico. Con este fin, definen unos caudales ecológicos más ambiciosos para todas las masas de agua, recogen las medidas necesarias para reducir las presiones que soportan, actuando sobre las actividades que generan dicho impacto, plantean un cambio de tendencia respecto a la utilización de los recursos hídricos más ajustado a la situación actual y dotan de mayor protagonismo a la reutilización y la desalación para conseguir equilibrar las demandas y los requerimientos ambientales.

Además, con el apoyo de las administraciones competentes, impulsan la mejora del saneamiento y la depuración, refuerzan las medidas para luchar contra la contaminación difusa y recogen la puesta en marcha de un Plan de Acción sobre Aguas Subterráneas.

R.A.- Los regantes han manifestado su oposición al recorte en el trasvase Tajo-Segura. ¿Está garantizada la disponibilidad del agua para las zonas de regadío?

H. M.- No se puede seguir gestionando el agua como se hacía hace 30 años porque el panorama actual en España ha cambiado por completo. Ya no hay cuencas excedentarias y deficitarias, y no se pueden generar expectativas ilusorias con respecto al agua.

Por eso, los Planes Hidrológicos recogen en sus planes de medidas actuaciones reales y viables encaminadas a conseguir la autosuficiencia de las distintas cuencas. Y, por eso, se va a potenciar el uso de recursos alternativos como la desalación y el empleo de energías renovables que ayuden a reducir el coste del agua, porque el compromiso de este Gobierno es apoyar a los regantes, como ya hemos demostrado con la aprobación de la Orden TED/157/2023, de 21 de febrero, por la que se ha aprobado la reducción del precio del agua desalada procedente de las desalinizadoras de la Cuenca Hidrográfica del segura, en la provincia de Almería y de la conducción Júcar-Vinalopó.

R. A.- ¿Cómo es la colaboración del MITERD con el Ministerio de Agricultura para estos temas?

H. M.- La colaboración entre el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y el Ministerio de Agricultura en relación con este y otros temas que afectan a ambos organismos es excelente. Todos los temas son debatidos y acordados entre los dos Ministerios sin fricciones.

Adicionalmente, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico colabora con el Ministerio de Agricultura de diversas formas. Por ejemplo, y más centrado en la situación concreta del Mar Menor, estamos impulsando una convocatoria de apoyo a proyectos para la restauración y mejora ambiental en el ámbito agrícola, para contribuir a la recuperación de la funcionalidad ecológica del Mar Menor, en el contexto del Marco de Actuaciones Prioritarias.

La dotación de la convocatoria es de 20M€ y se impulsarán propuestas de agentes del territorio del ámbito agrario que faciliten al sector el continuar avanzando hacia la transición agroecológica, a través de la mejora de la adaptación a las condiciones locales de los cultivos, la reducción sustancial del uso de agroquímicos, la mejora del suelo y la mejora ambiental general en las explotaciones. Esta convocatoria supondrá por tanto un apoyo a las buenas prácticas agrarias en este territorio, de manera complementaria a las impulsadas por el PEPAC.

R. A.- Respecto a seguridad alimentaria, ¿qué medidas establece el PNACC para mitigar los riesgos asociados al cambio climático, como la aparición de riesgos emergentes alimentarios?

H. M.- El Plan Estratégico de Salud y Medio Ambiente, elaborado conjuntamente por el Ministerio de Sanidad y el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y aprobado el pasado año, plantea entre sus objetivos “potenciar el seguimiento de los riesgos alimentarios y la realización de estudios que integren datos de producción (incluyendo rendimiento y coste ambiental), epidemiológicos y climáticos”. Creemos que la colaboración estrecha entre los departamentos de salud y medio ambiente que plantea este Plan constituye la mejor vía para detectar y tratar los riesgos emergentes alimentarios.

R. A.- Otro de los grandes impactos del cambio climático es en las costas. ¿Qué evaluación realizan desde el Ministerio? ¿Cómo nos adaptaremos a los cambios en este ámbito?

H. M.- La situación en las costas es sin duda preocupante, ya que al ascenso del nivel del mar se suma el aumento en la frecuencia e intensidad de fenómenos costeros de carácter extremo.

Desde 2004, la adaptación al cambio climático ha sido un objetivo prioritario para España. El Ministerio dispone de la Estrategia de Adaptación al Cambio Climático de la Costa Española, cuyos objetivos generales son: por un lado, incrementar la resiliencia de la costa española al cambio climático y por otro, integrar la adaptación al cambio climático en la planificación y gestión de la costa española.

Además, con financiación del programa de Apoyo a las Reformas Estructurales de la Unión Europea se está concluyendo el Plan Estratégico Nacional para la Protección de la Costa Española considerando los efectos del Cambio Climático.

Para España, con más de 10.000 KM de litoral, es imprescindible contar con estrategias y mecanismos de gestión que posibiliten el buen estado de nuestra franja costera en la que vive una parte muy importante de nuestra población y que soporta una relevante actividad económica.

Sin embargo, no hay una fórmula única de adaptación, sino un conjunto de opciones que están siendo aplicadas ante diferentes problemas y situaciones.

De manera general quiero destacar el papel protector de la naturaleza frente a la erosión de las costas. Nuestras playas son la mejor protección de nuestro territorio frente a los temporales y frente a los efectos del cambio climático, pero para ello deben tener las características y fortaleza necesaria, de ahí la urgente necesidad de trabajar a favor de su resiliencia. Los cordones dunares y otros ecosistemas costeros nos aportan resiliencia y por ello la conservación de la naturaleza en los espacios litorales es esencial.

Los trabajos realizados en el marco del PIMA Adapta Costas, iniciativa del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, constituyen un buen ejemplo de este despliegue de iniciativas de adaptación, diversas en su naturaleza y adaptadas a las problemáticas específicas de cada espacio.

R. A.- ¿Cómo están contribuyendo los fondos de los PERTE a lograr los distintos objetivos del Ministerio?

H. M.- Dirección general de Evaluación y Calidad Ambiental. Como saben, el PERTE de economía circular, dotado con 492M€, contiene dos líneas de acción, la primera de ellas destinada a tres sectores clave: textiles, plástico y bienes de equipo renovables, con 300 M€, y la segunda de ellas, destinada a promover la Economía circular en el sector empresarial en sectores diferentes de los anteriores, dotada con 192 M€.

Se publicó en diciembre de 2022 la orden de bases y la convocatoria de esta segunda línea, finalizando el plazo para acceder a ellas a finales de enero. Estamos en pleno proceso de valoración de las casi 300 solicitudes recibidas, por lo que aún es pronto para realizar una valoración más exhaustiva. Pero tal y como se diseñaron las bases y la convocatoria todos los proyectos contribuirán a hacer un uso más eficiente de los recursos disponibles en España.

Dirección General de la Costa y el Mar. Por lo que respecta al litoral, se está llevando a cabo un proyecto denominado Protección y restauración de zonas costeras, adaptación a los efectos del cambio climático e implementación de políticas de planificación marina, con una inversión total de 269 millones de € cuyo objetivo es el incremento de la resiliencia del litoral español frente a los efectos del cambio climático.

Dirección General del Agua. El PERTE de la digitalización del ciclo del Agua es una herramienta fundamental que nos está permitiendo transformar y modernizar los sistemas de gestión del agua, tanto del ciclo urbano, como del regadío y de la industria impulsando el uso de nuevas tecnologías de cara a avanzar hacia una gestión más eficiente y sostenible del agua que nos permita adaptarnos al cambio climático.

Gracias al PERTE del Agua, los abastecimientos, los regadíos y la industria dispondrán de sistemas de gestión digitales que permitirán reducir las pérdidas y mejorar la gestión del recurso hídrico; se pondrá reducir el riesgo asociado a los fenómenos meteorológicos extremos dado que tanto los organismos de cuenca como AEMET dispondrán de sistemas integrados de información, que permitirán generar previsiones, avisos y alertas en coordinación con las autoridades de protección civil y, los organismos de cuenca y el resto de las administraciones del agua podrán disponer de información veraz sobre captaciones de agua, distribución y consumos, vertidos de aguas residuales depuradas o alivios de tormentas.

R. A.- Un asunto crucial para la industria alimentaria es el impuesto a los envases no reutilizables, establecido por la Ley 7/2022 de residuos, que ha entrado en vigor este año. ¿Es compatible con el contexto actual de subidas de costes de producción?

H. M.- El impuesto incluido en la ley 7/2022 no ha sido una novedad para la industria; ya lo conocen desde que la ley salió como anteproyecto de ley en junio de 2020 y durante la tramitación parlamentaria se consiguió el retraso de su entrada en vigor hasta enero de 2023. Por tanto, todas las industrias afectadas eran conocedoras de dicho impuesto desde hace muchos meses, años incluso.

El objeto de este impuesto especial sobre los envases de plástico no reutilizables es priorizar la prevención de residuos, primera opción del principio de jerarquía de residuos. Este impuesto tendrá un impacto económico directo sobre el sector del plástico al estar sujetas al impuesto la fabricación, importación o adquisición intracomunitaria de los envases de plástico no reutilizables.

La recaudación del impuesto sobre los envases de plástico no reutilizables se estimó, en la Memoria de Impacto Normativo de la Ley, en unos 491 millones de euros en un año completo y en términos de devengo. Y posiblemente sea menor en la medida en que para su cálculo se consideró que todos los envases de plástico eran de un solo uso y no contenían plástico reciclado.

Por otra parte, la repercusión del impuesto habría que hacerla producto a producto teniendo en consideración la cantidad de plástico virgen contenida en el envase de plástico no reutilizable presente en cada uno de los productos que puede adquirir el consumidor.

A modo de ejemplo, si el peso de una botella de 1,5 litros de agua es de unos 30 gramos por envase, el impacto del impuesto sería de 0.0135 €/envase. Otro ejemplo podrían ser los envases de plástico tipo “film” (por ejemplo, una bolsa de patatas), cuyo peso en función de su espesor varía entre 2,9 gramos (espesor <15 micras) y 8,6 gramos (de espesor de 15 a 50 micras), por lo que el impacto del impuesto en estos envases sería de entre 0.0013 y 0.0038 €/envase.

Debe señalarse que este impacto económico se reduciría si el envase de plástico incorpora plástico reciclado, pues este no tributa, se cambia de material o se suprimen plásticos innecesarios.

R. A.- ¿Cómo contribuirá el Real Decreto de Envases y Residuos de Envases a lograr los objetivos de reducción y reciclaje?

H. M.- El Real Decreto viene a sustituir a una norma que llevaba 25 años vigente en España, la ley 11/1997, y que moderniza el régimen jurídico aplicable a los envases y residuos de envases, adaptándolo a la nueva ley de residuos y a los principios de la economía circular.

La norma hace una clara apuesta por la prevención, reutilización y reciclado, incluyendo múltiples instrumentos para abordar todos esos aspectos (objetivos, medidas, desarrollo de la responsabilidad ampliada del productor, etc). Además, el Real Decreto está claramente alineado y es coherente con la propuesta comunitaria que para este flujo de residuos ha sido presentada por la Comisión Europea a finales de 2022.

Por tanto, el nuevo Real Decreto claro que contribuirá a desarrollar la Economía Circular, no solo en España sino también en Europa.

R. A.- Hace poco el Ministerio ha presentado el Plan Estratégico de Humedales a 2030. ¿En qué estado se encuentran los humedales españoles y cuáles son sus principales amenazas?

H. M.- En efecto, recientemente se ha presentado el nuevo Plan Estratégico de Humedales a 2030, cuya elaboración ha sido impulsada por este Ministerio. Tras un largo proceso de consultas, debate e información pública llevado a cabo entre todos los actores concernidos (esfera pública y privada) y a todos los niveles posibles (órganos/mecanismos de coordinación, consultivos y de información y participación pública), el 23 de noviembre de 2022, la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente, máximo órgano consultivo y de colaboración entre administraciones para la coordinación de sus políticas y actuaciones medioambientales, aprobó formalmente el plan. Quiero destacar que el proceso altamente participativo y colaborativo efectuado ha tenido como resultado un Plan con un alto grado de consenso, aspecto esencial y prioritario para este Ministerio.

En lo que respecta al estado de conservación de los humedales españoles y sus principales amenazas, el propio Plan Estratégico diagnostica la situación. En todo el planeta, los humedales continúan desapareciendo y su degradación es generalizada: desde el siglo XVIII se ha perdido casi el 90 % de los humedales del mundo, que están desapareciendo tres veces más rápido que los bosques, y los análisis confirman un deterioro generalizado. España no es una excepción, y el estado de conservación de nuestros humedales y las tendencias que apuntan son preocupantes. Los datos disponibles reflejan que hay humedales españoles extremadamente amenazados, incluidos algunos de los más emblemáticos (Doñana, Mar Menor, Daimiel), todo ello en un contexto de cambio climático que va a seguir operando de manera más acentuada en el futuro.

Las perspectivas alentadoras se están produciendo en el campo de la restauración de humedales, en el que nuestro país está haciendo notables esfuerzos, y en el de la sensibilización y concienciación social, que durante los últimos años también se ha ido incrementando paulatinamente.

En lo que respecta a las amenazas, son también comunes a escala planetaria. En cualquier caso, las presiones que en España impactan de manera más relevante sobre el estado de conservación de nuestros humedales son las siguientes: cambios de usos del suelo, alteración de regímenes hídricos, contaminación, especies exóticas invasoras, alteraciones hidromorfológicas y cambio climático. Y todo esto empeora por la escasa integración sectorial y la falta de internalización de los costes ambientales de ciertos sectores de actividad.

R. A.- Por lo que respecta a la agricultura, ¿qué medidas establece el Plan para evitar la pérdida y la degradación de nuestros humedales?

H. M.- En España, entre las presiones por actividades humanas que más pérdida y degradación de humedales provocan se encuentran las asociadas a la actividad agraria, pero hay otras que igualmente inciden severamente en la alteración de los flujos hídricos de los que dependen los humedales, como son las relacionadas con el sector industrial, el de infraestructuras -transporte y energía-, o con el urbanismo.

Consecuentemente, el Plan Estratégico de Humedales a 2030 se ocupa en profundidad del binomio agua-agricultura, y propone una multiplicidad de medidas para transformar la situación y los efectos adversos sobre nuestros ecosistemas de humedal, teniendo en cuenta la ocasión única que representa la reforma de la PAC, en línea con lo demandado en el ámbito europeo por la nueva estrategia de crecimiento (Pacto Verde Europeo). Se proponen medidas que van desde la reducción del uso de plaguicidas y fertilizantes y el impulso de las prácticas agroecológicas en el entorno de los humedales, hasta la incentivación económica de no cultivar terrenos adyacentes a humedales, pasando por la disminución de la sobrexplotación hídrica por el uso agrario, y la mejora hidromorfológica de la red fluvial.

R. A.- Para finalizar, en el caso del consumo sostenible, ¿cómo valora la posibilidad de establecer un etiquetado obligatorio que informe a los consumidores del impacto ambiental de cada alimento?

H. M.- Es importante que los ciudadanos cuenten con toda la información para poder tomar decisiones acertadas con su salud, su bienestar y por supuesto con el medio ambiente.

En este sentido, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico participa en el Grupo de Expertos que ha creado la Comisión Europea para lograr la transición hacia sistemas alimentarios sostenibles, que proporcionen alimentos nutritivos y con un menor impacto ambiental. Uno de los aspectos que aborda este Grupo es precisamente el diseño e implementación de un etiquetado que pueda dar esa información a los consumidores; aunque el diseño es complejo porque el mercado europeo es muy diverso, es una necesidad que se abordará en un plazo de implementación corto puesto que es uno de los compromisos de la Estrategia de la Granja a la Mesa comprendida dentro del Pacto Verde Europeo.

Por otro lado, la Unión Europea va a aprobar próximamente un nuevo Reglamento europeo que regulará la comercialización de determinados productos, muchos de ellos agroalimentarios, que contengan determinadas materias primas, entre ellas el café, el cacao, el aceite de palma, la soja y la carne de vacuno. De acuerdo a este Reglamento, que será de aplicación directa en España, las empresas que pongan en el mercado estos productos se deberán asegurar de que en su producción primaria no solo se ha cumplido la legalidad del país de origen, sino que tampoco se ha deforestado el bosque para ello, aunque esta deforestación sea legal en ese determinado país.

Es decir, cuando empiece a aplicarse, los consumidores europeos podrán tener la garantía de que esos productos agroalimentarios no están asociados a la deforestación de los bosques de ninguna parte del planeta.