^{Entrevista a Isabel Bombal, Directora General de Desarrollo Rural, Innovación y Formación Agroalimentaria del MAPA}

Revista Alimentaria.- ¿Cuáles son las principales funciones de su Dirección General?

Isabel Bombal.- En cuanto a la parte de Desarrollo Rural, también implica a las otras dos áreas, Innovación y Formación, puesto que buscamos favorecer un desarrollo integral de todo el medio rural y su actividad económica. En primer lugar podemos citar lo relacionado con el segundo pilar de la PAC, el desarrollo rural en su dimensión europea con los fondos FEADER: somos los responsables de la coordinación, el diseño y la colaboración con las comunidades autónomas para la ejecución de sus programas de desarrollo rural, y ahora somos también responsables de todo lo relacionado con el diseño de la programación FEADER en el próximo Plan Estratégico de la PAC de España 2023-2027, en colaboración y bajo la coordinación de la Secretaría General de Agricultura y Alimentación del MAPA.

Por otro lado, somos la autoridad de gestión del Programa Nacional de Desarrollo Rural, que incluye una serie de medidas transversales y de ámbito nacional para garantizar la cohesión territorial y social; y somos responsables también del impulso y dinamización de la Red Rural Nacional, que engloba al conjunto de actores públicos y privados que tienen algo que decir en el territorio rural.

También nos encargamos de una serie de medidas más sociales: se trata de todas las políticas a nivel nacional en favor de los colectivos más vulnerables y necesarios para garantizar la perdurabilidad de la actividad económica y la actividad medioambiental sostenible en nuestro territorio, especialmente el apoyo a las mujeres, a los jóvenes, y a la retención del talento y el emprendimiento.

Asimismo, otra de nuestras tareas es el apoyo a los regadíos sostenibles y a los caminos naturales, que generan mucha cohesión territorial y social, mucho valor añadido en el territorio y muchas oportunidades de vida y de trabajo adecuados.

En segundo lugar, en cuanto a Innovación, trabajamos en apoyar la transferencia del conocimiento e intentamos que en este proceso no se quede nadie atrás. Procuramos que haya una aceleración de esa transferencia también para los más pequeños, puesto que tenemos un sector muy atomizado y eso supone algunas limitaciones en cuanto a innovación. En esta línea, también trabajamos para lograr una transformación digital equilibrada, sostenible e inclusiva, para toda la cadena agroalimentaria y el medio rural.

Por último, nuestro tercer eje es la Formación: tenemos las competencias en formación no reglada, para intentar que el asesoramiento práctico llegue al sector para que siga siendo sostenible y competitivo.

R. A.- ¿Qué importancia tiene la colaboración público- privada para impulsar el crecimiento del sector agroalimentario?

I. B.- Para nosotros tiene una importancia enorme, y de hecho todo nuestro trabajo se basa en el diálogo, la confianza y la búsqueda de objetivos comunes con la sociedad civil y las personas que conforman el sector agroalimentario. Es especialmente importante en ámbitos como la información, la digitalización, el asesoramiento, los regadíos, el emprendimiento…

Como ejemplos, me gustaría destacar que el Eje 1 del PERTE agroalimentario se va a desarrollar a través de proyectos tractores que van a tener subvenciones y créditos participativos con participación privada. En el Eje 2, en materia de digitalización, colaboramos con ENISA en la línea de préstamos AGROINNPULSO, donde también hay participación privada. Y en el componente 3 del Plan de Recuperación, inversiones en regadíos sostenibles, la participación público-privada es del 80-20%.

Además del PERTE, también contamos con otros ejemplos de colaboración público-privada, como los convenios que mantenemos con Cajamar y Caixabank, en aspectos de innovación, digitalización y formación; el que estamos desarrollando con el Foro DATAGRI, o el que hemos firmado con CNTA.

R. A.- ¿Qué instrumentos de los contemplados en el PERTE destacaría para ayudar al sector?

I. B.- El PERTE tiene una inversión pública de 1.000 millones de euros, pero pretende dinamizar hasta 3.000 millones mediante colaboración público-privada. Esos 1.000 millones de euros de inversión pública están distribuidos en tres ejes. En el Eje 1 el gestor es el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, y se va a desarrollar con proyectos tractores, que son el emblema de este PERTE, con 400 millones de euros. Está orientado a mejorar la competitividad, sostenibilidad, trazabilidad y seguridad alimentaria de las empresas.

En el Eje 2, que cuenta con 454 millones de euros y que está destinado a la transformación digital del sector, participamos el Ministerio de Agricultura y el de Asuntos Económicos y Transformación Digital. Destaca el Kit Digital, que son unas ayudas muy fáciles de solicitar (se conocen como “cero papeles”) que buscan incorporar soluciones tecnológicas a todos los sectores, muy especialmente al sector agroalimentario. Aquí hay 3.000 millones de euros, de los cuales calculamos que al menos 275 se pueden quedar en el sector agroalimentario.

También es interesante la línea de incorporación de agentes digitales (expertos en transformación digital) a cada modelo de negocio, a cada explotación o industria.

Igualmente destaca la línea AGROINNPULSO que mencionaba antes, en colaboración con ENISA. Son unos créditos en condiciones excepcionales que buscan fomentar el emprendimiento agroalimentario con base tecnológica. Puede solicitarlos cualquier empresa del sector primario, de elaboración o de distribución con base mínimamente tecnológica, y además de dinero obtienen también asesoramiento.

Y en el Eje 3, gestionado por el Ministerio de Ciencia, cabe destacar que dentro de los planes complementarios de Ciencia e Innovación hay uno específico para el sector agroalimentario, para transferir la innovación y el conocimiento al sector, muy orientado a los retos del Pacto Verde, la estrategia De la granja a la mesa y la estrategia de Biodiversidad. Es una colaboración entre comunidades autónomas y administración general del estado.

También hay otras medidas que están en otros PERTE, como el PERTE de digitalización del ciclo del agua y el de economía circular, ambos del Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, que contribuyen decisivamente a la transformación del sector. Es fundamental este trabajo conjunto entre ministerios para poder afrontar los retos, que son transversales y requieren una solución integral.

R. A.- En cuanto a los sistemas AKIS (Agricultural Knowledge and Innovation Systems), ¿cómo están trabajando para desarrollarlos?

I. B.- Este sistema AKIS existía de siempre, aunque nunca se había definido como tal: es el conjunto de actores, tanto públicos como privados, que tienen algo que decir en cuanto a transferencia de conocimiento e innovación en el ámbito agroalimentario; y no solo los actores, sino también las relaciones y los flujos de información entre ellos. En el centro de estos sistemas tienen que estar los agricultores y agricultoras, ganaderos y ganaderas, silvicultores y silvicultoras, pero también tienen un papel fundamental los asesores. Es decir que, aparte de las universidades, centros tecnológicos, administraciones públicas, autoridades de gestión…, tienen mucho que decir quienes tienen parte del problema y parte de la solución. En España, este sistema está regionalizado, por comunidades autónomas e incluso a un nivel inferior, cada uno con sus particularidades.

La nueva PAC nos exige que tengamos un sistema reforzado a nivel nacional, y en eso estamos trabajando con las comunidades autónomas y con el sector, es otro ejemplo de colaboración público-privada. Queremos que haya un sistema que, respetando las particularidades de cada región, territorio y comunidad autónoma, esté reforzado por un paraguas de ámbito nacional que permita a los asesores realizar su labor en todo el territorio; que, si hay expertos sobre determinadas cuestiones en una comunidad autónoma y no en otra, puedan ser de fácil acceso para los que tienen que recibir la información; y que permita establecer una gobernanza que dé fortaleza y nos permita aprovechar los recursos públicos y privados que existen de una manera mucho más eficiente.

R. A.- Pasando a la parte de Desarrollo Rural, ¿qué contribución tiene el sector alimentario para evitar que la España Vaciada siga llamándose así?

I. B.- El sector agroalimentario es en muchos casos la actividad económica que sustenta la vida en territorios que están deprimidos. España tiene como particularidad que nuestro medio rural se encuentra despoblado, envejecido y masculinizado. En el 85% del territorio nacional, que corresponde a las zonas rurales, solo tenemos el 16% de la población, lo que significa que en el 15% restante, el territorio urbano, está el 84% de la población.

Esto da lugar a grandes desequilibrios. En cuanto a la sostenibilidad ambiental, es importante recordar que el territorio peor gestionado ambientalmente es el abandonado. Esto lo vemos, por ejemplo, en el crecimiento de los incendios forestales en los territorios más despoblados.

Desde el punto de vista socioeconómico, cuando hay falta de oportunidades en el medio rural, la gente se marcha al medio urbano; y cuando un territorio se queda abandonado, se tienen menos servicios, menos infraestructuras, etc., por lo que al final es un círculo vicioso.

El sector agroalimentario es la principal rama industrial del país, con una balanza comercial positiva de más de 15.000 millones de euros, que genera dos millones y medio de puestos de trabajo, más de 120.000 millones de euros de valor añadido bruto, es un sector dinámico, el único que ha resistido a la pandemia con crecimiento de la exportación…; por tanto, es necesario para toda la sociedad y fundamental para mantener la vida en nuestros pueblos. Su carácter esencial y estratégico es innegable.

R. A.- ¿Cuáles son las principales necesidades de la población rural y qué se está haciendo desde el Ministerio para cubrirlas?

I. B.- Lo que necesita la gente para poder optar por vivir en el medio rural son unas condiciones de vida y de trabajo atractivas, y condiciones de igualdad respecto a lo que ofrece la población urbana, como acceso a salud, colegios o transporte. Se trata de tener servicios y condiciones de vida, de trabajo y de ocio adecuados. En este sentido, la conectividad digital es fundamental, y para ello hemos trabajado con el Ministerio de Asuntos Económicos y el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, con quienes hemos realizado una labor divulgativa trasladándoles las necesidades del medio rural y la potencialidad del sector agroalimentario. El plan en España es llegar a una conectividad del 100%, no solo de la población sino del territorio, porque la actividad económica, especialmente la agroalimentaria, se desarrolla fuera de los núcleos urbanos rurales, en las explotaciones o en los polígonos industriales que están alrededor.

También estamos trabajando en la transformación digital del sector, con el Kit Digital, con la incorporación de asesores, y con el Paquete de Digitalización que ya hemos puesto en marcha para impartir formación digital práctica en el territorio.

Asimismo, el trabajo conjunto con el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico nos ha permitido incorporar medidas muy importantes dentro del Plan de 130 Medidas ante el Reto Demográfico.

R. A.- El apoyo a las mujeres del mundo rural es una constante en su labor. En este sentido, ¿cómo está avanzando la Ley de Titularidad Compartida?

I. B.- Tenemos que ser críticos y reconocer que, si bien la Ley de Titularidad Compartida tenía un objetivo loable de profesionalizar y visibilizar el trabajo de las mujeres que toda la vida han trabajado en el modelo de agricultura familiar, pero que no han cotizado, no han visibilizado su trabajo y, por tanto, no han adquirido derechos, ha tenido un efecto muy discreto. Si tenemos en cuenta que el potencial de explotaciones en régimen de titularidad compartida en España está alrededor de 30.000, ahora mismo hay 968, y eso que en los últimos años ha crecido exponencialmente porque se han tomado medidas para impulsarla.

La ley tiene tres bloques de dificultades, y el primero es la burocracia. Las mujeres tienen que buscar tiempo para ir hasta a cuatro ventanillas para poder registrarse. Esta dificultad administrativa hace que muchas desistan a mitad del proceso, y por eso estamos trabajando con las comunidades autónomas, con el Ministerio de Hacienda y con la Seguridad Social para establecer una ventanilla única. Nuestro compromiso es intentar que esté lista en esta legislatura.

El segundo bloque de dificultades es tener claridad sobre la figura de titularidad compartida, ya que no se distingue bien de otras figuras que ya existían. Estamos trabajando en la divulgación tanto a los técnicos en los territorios como a las propias mujeres, y para ello colaboramos con las Asociaciones Nacionales de Mujeres Rurales.

El tercer bloque de dificultades es el de los incentivos económicos. Cuando hablamos de agricultura familiar y muchas veces de un estrecho margen de rentabilidad, lo que les desincentiva a incorporarse es el tener que pagar una segunda cuota de la Seguridad Social. Por ello, desde el año pasado hemos puesto en marcha las ayudas a la titularidad compartida, que pretende cubrir esa segunda cuota de la Seguridad Social para que este efecto negativo no se note en las economías familiares.

Esta iniciativa ha tenido muy buena acogida, ya que el año pasado había 729 beneficiaras de las 800 que tenían derecho. Cubrimos con un máximo de 1.500 euros por explotación, y este año hemos aumentado el presupuesto inicial a un millón y medio de euros para que la incorporación de más mujeres a la titularidad compartida no suponga menos ayudas por explotación.

Por último, estamos trabajando en un desarrollo normativo de la Ley de Titularidad Compartida para clarificar definitivamente la figura y también aquellos aspectos que cubre desde el punto de vista económico y legal, de tal manera que se le dé transparencia y se evite que haya disparidad de interpretaciones en los distintos territorios, para lograr igualdad de oportunidades.

Respecto a las medidas de apoyo a las mujeres, también resulta determinante que desde España hemos logrado la incorporación de la perspectiva de género dentro de los objetivos estratégicos de la PAC. En Bruselas eran reticentes en principio, pero con datos oficiales hemos demostrado claramente que hay una brecha de género enorme y, por tanto, igual que se apoya con discriminación positiva a los jóvenes para lograr el relevo generacional, es necesario apoyar a las mujeres. Finalmente, se ha incorporado en el Reglamento comunitario y esto ha permitido que España, como país pionero, haya incorporado medidas específicas a favor de las mujeres. Por ejemplo, en el primer pilar, tenemos un 15% adicional en el pago complementario a jóvenes por el hecho de ser mujer; y en el segundo pilar todas las comunidades autónomas van a programar intervenciones FEADER donde se recogen, bien condiciones de admisibilidad diferenciadas a favor de las mujeres, bien importes unitarios superiores, bien criterios de selección específicos.

R. A.- En cuanto a formación, uno de los programas más interesantes que desarrollar el Ministerio es CULTIVA. ¿Qué nos puede decir al respecto?

I. B.- Para nosotros la formación es un pilar esencial, que en esta legislatura se incorporó como novedad a las competencias de esta Dirección General. Hemos hecho un análisis de la situación y hemos visto que en el caso de los agricultores y agricultoras hay un 85% que solo tienen formación práctica de la que se recibe de padres a hijos o de colegas que están trabajando en los alrededores. Aunque esta formación es valiosísima, hace falta una adicional para lograr la modernidad del sector, especialmente en temas de adquisición de capacidades digitales y uso de nuevas tecnologías, pero también para poder afrontar los desafíos que tiene por delante el sector en materia ambiental, como el uso adecuado de fertilizantes, regadíos sostenibles y tecnificados, etc. Creemos que es muy importante abordar todo esto y hacerlo desde distintos puntos de vista.

En cuanto al programa CULTIVA, es también un ejemplo de colaboración público-privada. Se trata de formar a los jóvenes, precisamente para fomentar el relevo generacional, que se quieren incorporar o que se han incorporado recientemente a la actividad agraria. Les ofrecemos la posibilidad de realizar estancias formativas de entre 5 y 14 días en explotaciones modelo que han sido seleccionadas con unos criterios que establecemos desde el Ministerio por parte de las entidades colaboradoras, muy especialmente por OPAs y cooperativas agrarias. En esa estancia formativa le ofrecemos al joven o a la joven 7 horas diarias de formación práctica, sobre diversos temas: gestión empresarial, nuevas tecnologías, relación con actores importantes, buenas prácticas agrícolas y ganaderas, orientación productiva, etc. Un dato de interés es que cubrimos el coste de sustituir al joven o la joven en la explotación en la que trabaja, durante el tiempo que está realizando el curso.

R. A.- ¿En qué consiste el Centro de Adquisición de Competencias Digitales?

I. B.- Este Centro es una de las acciones que tenemos contempladas en el segundo plan de acción de nuestra Estrategia de Digitalización, y es otro ejemplo de colaboración público-privada. Inicialmente lo hemos puesto en marcha con dos universidades que son pioneras en ofrecer formación no reglada en aspectos digitales para el sector agroalimentario: la Universidad de Córdoba y la Universidad Politécnica de Madrid, y ahora estamos trabajando para abrirlo a más universidades.

Hemos definido con estas universidades ocho cursos específicos en materia digital para distintas orientaciones productivas, desde uso de nuevas tecnologías en regadíos, pasando por ganadería 4.0, gestión medioambiental de fertilizantes o de fitosanitarios, gestión empresarial 4.0, etc. Los ofrecemos de manera gratuita para cualquier actor público o privado que trabaje en la cadena agroalimentaria, con una serie de criterios de selección, y lo hacemos combinando aspectos virtuales con aspectos demostrativos presenciales para todo tipo de territorios.

R. A.- Para finalizar, ¿cuáles son los retos que tiene por delante su Dirección General para los próximos meses?

I. B.- Estamos en un momento histórico para impulsar definitivamente al sector agroalimentario, por varios motivos. El primero, la puesta en marcha de la nueva PAC, con todo lo que supone de cambio de modelo: para empezar, va a haber un único Plan Estratégico, ya no va a haber programas de desarrollo rural autonómicos, aunque sí habrá intervenciones regionales del segundo pilar. Por tanto, tenemos el reto de culminar la aprobación de nuestro Plan Estratégico nacional por parte de la Comisión Europea. Estamos ahora en pleno debate con la Comisión y con las autoridades de gestión para adaptar a las observaciones que nos ha hecho la Comisión sobre el contenido del segundo pilar.

Por supuesto, a la vez que estamos diseñando el futuro, estamos gestionando el presente, porque esto lo tenemos que combinar con el cierre del periodo 2014- 2020 y con la incorporación de los fondos de transición y con los fondos NextGeneration, que tenemos que gestionar con las comunidades autónomas y dentro del Programa Nacional de Desarrollo Rural.

Por otro lado, tenemos por delante otro momento histórico con la aprobación del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, la mayor inyección de dinero público y de colaboración público-privada que tenemos que gestionar de manera eficaz y coherente con los principios aprobados por dicho Plan. Creo que es fundamental la puesta en marcha del PERTE agroalimentario, y también la ejecución del componente 3 del Plan, correspondiente a la “Transformación ambiental y digital del sector agroalimentario y pesquero”.

Quiero destacar el programa de “Regadíos sostenibles”, que va a suponer una inversión de al menos 563 millones de euros de gasto público y que pretende movilizar inversión privada hasta alcanzar los 700 millones. Vamos a modernizar más de 130.000 hectáreas de regadíos en nuestro país, con una alta ambición ambiental y digital, además de la modernización habitual que realizamos con SEIASA, que va a llegar también a un número importante de hectáreas.

Asimismo, queremos hacer crecer la línea de apoyo al emprendimiento que estamos desarrollando con ENISA, que dispone actualmente de 33 millones de euros, pero hemos solicitado más porque hay apetito en el sector por este tipo de ayudas.

Por otro lado, vamos a poner en marcha y ejecutar el segundo plan de acción de nuestra Estrategia de Digitalización, que consta de 64 millones de euros; ejecutaremos las medidas que he citado de la Ley de Titularidad Compartida, para lograr que con todos estos cambios despegue definitivamente; pondremos en marcha nuestra Hoja de Ruta de Formación; y diseñaremos el contenido, en lo que a nosotros nos corresponde, para la Presidencia española del Consejo de la UE el segundo semestre de 2023.