El sector pesquero español, representado por la Confederación Española de Pesca (CEPESCA), celebra la decisión anunciada por el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), Luis Planas, de recurrir en casación ante el Tribunal de Justicia de la UE la sentencia del Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) que desestimó los recursos presentados por el Reino de España y la Organización de Productores Pesqueros (OPP) Puerto de Burela, con el respaldo de la Xunta de Galicia, contra el Reglamento de Ejecución 2022/1614 que cerró 87 zonas del Atlántico nororiental a las artes de fondo.

El sector aplaude esta decisión ya que entiende que representa un paso firme en la defensa de la racionalidad y proporcionalidad que deben ponderarse a la hora de adoptar medidas medioambientales que afectan directamente a la sostenibilidad socioeconómica de nuestras flotas.

El sector apunta que la sentencia del pasado 11 de junio ignoró la falta de diferenciación por tipo de arte de pesca, aplicando una única metodología para todas y sin tener en cuenta su impacto real. Cabe recordar que de los 16.500 km² cerrados a la pesca, un 32 % son zonas de posibles Ecosistemas Marinos Vulnerables (VME) a proteger y el 68 % restante se fundamenta en la atribución del modelo del arrastre a toda la actividad pesquera. La sentencia tampoco tuvo en cuenta ningún estudio de impacto socioeconómico, especialmente para artes de bajo impacto, como el palangre de fondo, usado mayoritariamente por la flota de Burela, que apunta unas pérdidas promedio de -32 % en el volumen capturas de merluza de pincho por barco. Además de Burela, hay otras localidades como Celeiro, Coruña, Vigo, Cedeira, Ribeira, Ondárroa y puertos asturianos que se ven seriamente afectados.

El sector añade que estos argumentos ya habían sido advertidos también por los principales organismos asesores de la Comisión Europea, el Consejo Internacional para la Exploración del Mar (CIEM) y el Comité Científico Técnico y Económico de la Pesca (CCTEP), y que la sentencia no tuvo en cuenta.

Según Javier Garat, secretario general de Cepesca, “esta decisión del Gobierno de España devuelve al sector una esperanza que nunca debió perderse. No estamos en contra de proteger nuestros ecosistemas, –apunta Garat–, pero sí exigimos que las decisiones se basen en datos científicos robustos, en una evaluación específica por tipo de arte y en una evaluación adecuada de su impacto económico y social”.

Desde Cepesca se destaca también la determinación de la OPP de Burela, cuya “valiente” defensa de la especificidad de su flota y de su modelo de pesca sostenible ha sido “ejemplar”. La continuidad del proceso judicial abre la puerta a que tanto la Xunta como la propia OPP sigan defendiendo sus argumentos hasta el final del procedimiento.

Cepesca reitera su disposición a colaborar con las instituciones europeas para alcanzar soluciones de conservación eficaces, justas y realistas, y recuerda que “una protección medioambiental eficaz no puede lograrse a costa del abandono de quienes llevan generaciones cuidando y aprovechando sosteniblemente nuestros mares”.