^{Rafael Escudero Alday, Secretario General de Consumo y Juego
, Presidente de la AESAN
, Ministerio de Consumo}

Desde hace años las organizaciones agrícolas y ganaderas han reclamado la adopción de medidas que faciliten la venta directa de productos y alimentos elaborados en pequeños establecimientos de calidad, como granjas y explotaciones unifamiliares. Una vieja demanda de estas organizaciones ha sido que la normativa sobre higiene y seguridad alimentaria se adaptara a sus características específicas. Una demanda que, además, encuentra su fundamento en objetivos sociales y económicos diseñados en estrategias políticas de organizaciones como Naciones Unidas (ODS 12 de la Agenda 2030), la Unión Europea ("De la Granja a la Mesa") y, por supuesto, el Gobierno de España (Estrategia de Economía Circular).

Hasta la fecha España era, en este ámbito, una anomalía dentro de la Unión Europea. A diferencia de los países de nuestro entorno, que hace tiempo que han regulado con éxito el canal corto de venta directa del pequeño productor al consumidor (la experiencia francesa es particularmente exitosa), no habíamos adaptado la normativa de higiene y seguridad alimentaria a estas situaciones específicas y particulares. Una posibilidad que nos permite la legislación europea y que ahora el Ministerio de Consumo, en coordinación con los Ministerios de Sanidad y Agricultura, Pesca y Alimentación, acaba de hacer efectiva.

La semana pasada se ha aprobado en el Consejo de Ministros un Real Decreto que facilita la comercialización de productos y alimentos elaborados en pequeños establecimientos, como granjas o explotaciones ganaderas y agrícolas familiares. Se trata de una compleja reglamentación técnica en una doble dirección. Por un lado, se adaptan los requisitos de calidad y seguridad alimentaria a las características propias de estas pequeñas empresas (definidas así por su especificidad, ubicación, tamaño o capacidad productiva). Por otro lado, se regulan los requisitos de producción, tratamiento y comercialización de los productos provenientes de estas explotaciones para garantizar en todo momento el más alto nivel de información y transparencia hacia las y los consumidores.

Esta normativa, que ha sido el resultado de un largo trabajo impulsado desde la AESAN (agencia adscrita orgánicamente al Ministerio de Consumo) y que ha contado con el consenso de las organizaciones del sector, es un buen ejemplo de cómo una oportuna regulación impulsa un desarrollo productivo social y económicamente sostenible.

Los beneficios de esta iniciativa son palmarios. Es previsible que las pequeñas explotaciones agrícolas y ganaderas aumenten la competitividad y rentabilidad de sus productos alimentarios, al poder ofrecerlos directamente al consumidor. El impulso del consumo de proximidad redundará en un modelo de producción sostenible, basado en los principios de la economía circular y asociado a su vez con un modelo de consumo que prime la proximidad y el acceso directo al producto. La cercanía y el canal corto de comercialización y venta directa son garantía tanto en el plano individual (mejores relaciones de consumo, basadas en la confianza y cercanía personal) como en el colectivo (menor huella ecológica).

A nadie se le escapa que el consumo local es clave para la subsistencia y viabilidad de las pequeñas explotaciones, las cuales, a su vez, son imprescindibles para vertebrar los entornos rurales y revertir su despoblación. Asimismo, estas medidas permitirán que se sigan utilizando métodos tradicionales en la producción de alimentos, poniendo en valor estas señas de riqueza e identidad cultural de nuestro país.

El beneficio es también notable para las personas consumidoras, las cuales tendrán acceso inmediato a productos y alimentos de calidad, frescos y de proximidad, con total garantía e información. Son productos imprescindibles para una dieta y alimentación saludable, en línea con la voluntad política expresada por el ministro de Consumo, Alberto Garzón, de impulsar un modelo de consumo responsable, sostenible y saludable. Un modelo que termine con el grave problema de salud pública que supone la obesidad y el sobrepeso infantil, que evite que las desigualdades económicas se traduzcan en desigualdades en salud, que impulse el consumo de cercanía y que garantice la producción de alimentos más sostenibles.

La AESAN será el organismo competente para la coordinación de la puesta en marcha de esta norma, que cuenta con una reglamentación técnica abundante y muy compleja. Normas exigentes como la que ahora se pone en marcha requieren procedimientos de evaluación avanzados y participados. Por eso, para su implantación se contará con el apoyo de las organizaciones agrícolas, las plataformas de trashumancia y de queseras artesanas, así como de las asociaciones de consumidores, entre otras. Todas ellas podrán participar en la evaluación de sus medidas, la detección de sus problemas y la constatación de sus éxitos, al objeto de contar con un panorama sobre la eficacia de la norma lo más participado posible.

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