_{Enrique Porta, socio responsable de Consumo y Distribución de KPMG en España.}

La cadena de valor alimentaria, desde el campo o el mar hasta el lineal del supermercado y la mesa de casa o del restaurante, constituye un rico ecosistema estratégico para la economía española dado su elevado impacto en la generación de riqueza y empleo. Su influencia en el bienestar colectivo e individual es de gran calado y abarca ámbitos como el desarrollo rural, la cultura, la educación, el turismo, la internacionalización y, por supuesto, la sostenibilidad medioambiental y la salud y calidad de vida.

Este sector, que durante la crisis COVID-19 está siendo más necesario, esencial y reconocido que nunca, se enfrenta a una doble transición, ecológica y digital, que es crítica para garantizar su sostenibilidad económica y medioambiental, su competitividad nacional e internacional y su capacidad para seguir generando empleo y riqueza. En este sentido, puede ser uno de los más beneficiados por la movilización histórica de fondos europeos que se producirá en España entre 2021 y 2026: hasta 140.000 millones de euros de ayudas extraordinarias (casi la mitad de estos, 69.528 millones de euros, en forma de subvenciones).

La aprobación el pasado 16 de junio del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de España por parte de la Comisión Europea ha supuesto el lanzamiento oficial del proceso de movilización de estos fondos. Las ayudas se articularán en torno a 10 políticas palanca y 30 componentes, detalladas en el citado Plan, y se desplegarán en los próximos meses y años a través de numerosas convocatorias y un número limitado de macroproyectos (PERTEs) en sectores estratégicos y con gran capacidad tractora, entre los cuales está el agroalimentario.

En relación con los componentes del plan, cabe destacar que se ha contemplado una línea específica (componente 3) denominada “Transformación ambiental y digital del sistema agroalimentario y pesquero” con una dotación de 1.051 millones de euros. Se persigue con este componente impulsar reformas e inversiones en los siguientes ámbitos: sostenibilidad y competitividad de la agricultura y ganadería; mejora de la eficiencia y la sostenibilidad en regadío; digitalización del sector agroalimentario, forestal y del medio rural; y sostenibilidad, investigación, innovación y digitalización del sector pesquero.

Asimismo, numerosos actores del sector podrán acceder a parte de los 3.782 millones de euros del componente 12 “Política Industrial España 2030”, que pretende favorecer el desarrollo tecnológico y la gestión de datos en el ámbito industrial, apoyar la implementación de la normativa de residuos y fomentar la economía circular; o parte de los 4.894 millones de euros del componente 13 “Impulso a la pyme”, que abarca igualmente medidas de digitalización e innovación o apoyo al comercio y la internacionalización, entre otros aspectos. Además, las compañías podrán optar a ayudas en otros ámbitos transversales como, por ejemplo, la movilidad sostenible, la ciberseguridad, el 5G, la inteligencia artificial o la formación y capacitación de empleados.

Uno de los hitos más relevantes en el despliegue de estos fondos para el sector será la puesta en marcha del “PERTE de la cadena agroalimentaria inteligente y sostenible”, que se encuentra actualmente en fase de estudio, y que busca “facilitar a la población el acceso a alimentos sanos, seguros y sostenibles”. Aunque está pendiente su aprobación, el Gobierno ya ha adelantado que se centrará en tres procesos transversales: la “sostenibilidad y competitividad”; la “trazabilidad y seguridad alimentaria”; y el “desarrollo de nuevas tecnologías, servicios y productos que permitan incrementar la capacidad exportadora no sólo de productos agroalimentarios, sino también de tecnologías y servicios digitales”.

Este PERTE, unido a las diferentes convocatorias de ayudas (algunas ya en marcha) que se sucederán a partir de ahora, supondrá una ventana de oportunidad única para impulsar proyectos en ámbitos críticos de transformación en los que el sector ya está invirtiendo o tiene previsto invertir. Existe, además, una voluntad firme por parte de los actores del sector para aprovechar este momento, y hacerlo de forma colaborativa entre los diferentes eslabones de la cadena de valor, tal y como ha quedado más que evidenciado en las numerosas manifestaciones de interés que se han presentado en los últimos meses como paso previo.

Desde KPMG, por nuestro conocimiento y experiencia en el sector y en el proceso de solicitud y consecución de ayudas, creemos que ninguna empresa de la cadena de valor alimentaria debería dejar de valorar la posibilidad de acceder a estos fondos.