La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) muestra su rotundo rechazo a que se destinen un 25% de las ayudas de la PAC a los eco-esquemas, porque en la práctica supone un recorte encubierto para financiar políticas verdes con fondos agrarios.

El Secretario General de COAG, Miguel Blanco, ha sido muy crítico con el principio de acuerdo que en este punto han llegado Eurocámara, Comisión y Consejo de Ministros de Agricultura de la UE, durante las negociaciones llevadas a cabo la semana pasada para alcanzar un acuerdo global de la nueva PAC 2023-2027, que finalmente se ha postergado hasta el próximo consejo que tendrá lugar a finales de junio. 

COAG considera inquietante que, con estos planteamientos, la PAC se aleje de su verdadero objetivo; producir alimentos en cantidad y calidad suficiente para los 500 millones de ciudadanos europeos. “Resulta intolerable que, tras los aprendizajes que nos deja la pandemia, obviemos el carácter estratégico del sector agrario y desde las instituciones comunitarias se quiera reconvertir a los agricultores profesionales en los jardineros de Europa”, ha subrayado Blanco. 

Además, COAG señala las serias contradicciones de la UE en este sentido. El sector agrario está obligado a asumir las estrategias europeas (Paquete Verde y Estrategia de la Granja  la Mesa) y adaptar sus producciones a los más altos estándares de calidad y respeto medioambiental, para lo que correspondería indefectiblemente reforzar el presupuesto de la PAC. Al contrario, ante estos retos ambiciosos resulta lamentable un recorte de los fondos agrarios que supone una pérdida del 12% del poder adquisitivo aprobado por el Consejo Europeo para periodo 2021- 2027. Ello supondrá mayores costes para agricultores y ganaderos, que no se verán compensados.  

“Y no solo eso, de forma paralela la UE sigue firmando acuerdos de libre comercio con terceros países que ahondan en la desregulación del mercado debilitando las normas higiénico-sanitarias y el principio de precaución y son la puerta de entrada de importaciones que no cumplen con los estándares de calidad, seguridad alimentaria, respeto al medio ambiente y bienestar animal de la UE, y caldo de cultivo para la competencia desleal y la presión a la baja de los precios en el campo. Es una sentencia de muerte para las pequeñas y medianas explotaciones y un fraude para los consumidores”, ha argumentado el Secretario General de COAG. 

COAG participará el próximo 14 de junio en la manifestación convocada en Lisboa con motivo del Consejo de Ministros de la UE, junto a las diversas organizaciones agrarias europeas pertenecientes a la Coordinadora Europea Vía Campesina. “El modelo social y profesional de agricultura es el gran perdedor porque esta orientación de la PAC deja en manos de grandes empresas multinacionales y fondos de inversión especulativos la agricultura europea. Ya lo estamos viviendo en el día a día de muchos sectores, en donde la expulsión y el cierre de explotaciones por falta de rentabilidad es un hecho”,  ha apostillado el responsable de COAG.

Europa debe lograr un gran acuerdo con la PAC para proteger a la agricultura y ganadería familiar

Por su parte, UPA ha lamentado que las negociaciones no hayan llegado “a buen puerto”, pero reconoce que aún no es tarde para lograr un gran acuerdo que proteja especialmente al modelo mayoritario de la agricultura y la ganadería en España: el formado por explotaciones familiares de pequeña y mediana dimensión.

Para UPA, el techo máximo de ayudas es una de las claves para el futuro de la PAC. “¿Qué sentido tiene que haya grandes terratenientes percibiendo sumas enormes de dinero cuando los pequeños agricultores y ganaderos se ven abocados al cierre?”, reflexionan. El techo máximo de ayudas es una reivindicación histórica y una conquista social “irrenunciable”, que el propio Parlamento Europeo respalda.

UPA ha pedido al ministro de Agricultura, Luis Planas, que no dé ni un paso atrás en la exigencia de una ayuda redistributiva de, al menos, el 12%. Esta ayuda debe servir para lograr la ansiada ‘justicia social’ en las ayudas al campo que vienen de Europa. “Ese apoyo debe ser uno de los puntales del futuro del medio rural español y europeo. Protegiendo a los más pequeños estaremos luchando por el reto demográfico y contra la despoblación, y fomentando los modelos de agricultura y ganadería más sostenibles”, asegura UPA.

Sobre la llamada condicionalidad social de las ayudas, UPA cree que los derechos laborales deben cumplirse todos “sí o sí”. Vincular la percepción de una ayuda al cumplimiento de derechos es una “incongruencia”, han recalcado.

Tanto la Comisión, como el Parlamento y el Consejo “deben ser muy conscientes”, a juicio de UPA, de los avances que la agricultura y la ganadería han hecho en estos años en competitividad, sostenibilidad y modernización. “No podemos permitirnos que ningún agricultor o ganadero se vea obligado a abandonar por no cumplir nuevas exigencias de carácter medioambiental”, recalcan.

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