Las Instituciones Europeas han llegado a un acuerdo sobre el funcionamiento de la UE en el Acta de Ginebra, un tratado para la protección de las indicaciones geográficas.

Administradas por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, las indicaciones geográficas se ven protegidas por el Acta de Ginebra, un tratado multilateral del que formará parte la Unión Europea después de que el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión hayan alcanzado un acuerdo al respecto.

El Acta de Ginebra data de 2015 y viene a modernizar el Acuerdo de Lisboa de 1958 para la Protección de las Denominaciones de Origen y su Registro Internacional, y permite que se unan organizaciones internacionales como la Unión Europea.

El Acuerdo de Lisboa cuenta actualmente con 28 países miembros, 7 de los cuales son Estados de la UE, y garantiza la protección de las denominaciones de origen a través de un único registro. Al formar parte del Acta de Ginebra, las indicaciones geográficas de la UE contarán con un alto nivel de protección en el futuro.

Phil Hogan, Comisario de Agricultura y Desarrollo Rural, ha dicho que “con este acuerdo político, las indicaciones geográficas comunitarias podrán mejorar su protección a nivel multilateral”, complementando la protección otorgada a través de acuerdos bilaterales que ya que ya existen entre la UE y países de todo el mundo.

El proyecto de reglamento será aprobado oficialmente por el Parlamento Europeo y por el Consejo y la UE pasará a continuación a formar parte del Acta de Ginebra.

Mayor protección para las características esenciales de un lugar

En julio de 2018, la Comisión Europea recomendó a la UE unirse al Acta de Ginebra para la protección de las indicaciones geográficas (IG).

Las indicaciones geográficas (IG) designan un producto originario de un área geográfica específica con características esenciales vinculadas al origen geográfico, incluidos los factores naturales y humanos. Gracias a las IG, las comunidades locales pueden continuar comercializando sus productos sin temer el desplazamiento de la producción masiva global. Al crear nichos de mercado para productos de buena reputación de las comunidades locales, las indicaciones geográficas sirven también para distinguir y reforzar las contribuciones culturales y recompensar la creatividad de los conocimientos tradicionales. De este modo, los productores ubicados en el área designada solo pueden utilizar un término registrado como indicación geográfica protegida (IGP) o como denominación de origen protegida (DOP).

En la Unión Europea hay actualmente más de 3000 productos alimenticios registrados como IGP o DOG. Es el caso de Champagne, Grana Padano, Feta, o Comté.

La diferencia principal entre la IGP y la DOG es que en una DOG, la producción, la transformación y la elaboración de un producto ha de hacerse en una misma zona geográfica, mientras que en una IGP no es obligatorio que todas las fases se lleven a cabo en el mismo lugar, pero esto no repercute en la calidad del producto.

España, tierra protegida

España es uno de los países europeos con más indicaciones geográficas protegidas. Unos 250 productos, que incluyen carnes y pescados; quesos; frutas, legumbres y hortalizas; frutos secos; postres; aceites, o vinos, cavas y licores, se engloban bajo la denominación IGP o DOP.

El vino, uno de los productos españoles más valorados fuera de nuestras fronteras, se lleva la palma en el número de denominaciones de origen y de indicaciones geográficas. Cuenta con 68 DOP. Además, dos nuevos reglamentos europeos aprobados el pasado verano simplifican el proceso de identificación de los vinos como “indicaciones geográficas”, alineándose con otros sectores alimentarios.

El registro de un vino de calidad viene ahora facilitado por la simplificación de la descripción del enlace geográfico. Hasta hace poco, los solicitantes tenían que dar detalles sobre el área geográfica, las características del producto relativas a su origen geográfico y la influencia que la primera tenía en las segundas. Con el nuevo reglamento, solo es necesario describir el vínculo causal entre el área geográfica y las características.

También se ha simplificado el examen de la solicitud. El Estado miembro examinará la petición y la Comisión Europea se enfocará solamente en asuntos transfronterizos. Mientras que antes todo el proceso podía tomar algunos años, ahora se introduce un plazo de seis meses como parte de las nuevas reglas.

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