El sector pesquero europeo, a través de Europêche, de la que forma parte la Confederación Española de Pesca (CEPESCA), ha comunicado a la Comisión Europea las medidas urgentes que habrían de tomarse para poder garantizar la actividad pesquera y, consecuentemente, el suministro de productos pesqueros a la población ante la situación creada por COVID-19.

Así, en un comunicado enviado a la Comisión, Europêche, conjuntamente con la Asociación Europea de Organizaciones de Productores (EAPO), manifiesta que, entre los problemas operacionales detectados por el sector, existen restricciones a las operaciones portuarias en terceros países, dificultades logísticas para la descarga de pescado entero congelado en puertos europeos, restricciones al envío de mercancías, obstáculos para el relevo de tripulaciones de larga distancia debido a cuarentenas, aumentos en las tarifas de hasta un 300% de los envíos por falta de disponibilidad de, por ejemplo, contendores refrigerados o quiebras en algunas compañías de seguros que comienzan a abandonar al sector.

Por lo que se refiere a los aspectos comerciales, el cierre de restaurantes, turismo costero, centros educativos, de trabajo y servicios diversos de alimentación. Igual que, los retrasos en la emisión de las documentaciones de capturas o certificados sanitarios...  

En los aspectos que afectan a las personas y tripulaciones, ambas organizaciones señalan que no existe un protocolo de acción en caso de cuarentenas de buques europeos en puertos terceros, así como asistencia sanitaria regular en los mismos.

Tanto Europêche como EAPO han hecho partícipes en su escrito a la Comisión de que las medidas de protección que están adoptando los países miembros de la UE pueden poner en peligro la comercialización de productos pesqueros y, en consecuencia, el cese temporal de las operaciones de pesca.

Con el fin de intentar paliar, en la medida de lo posible la situación, así como para “alentar” a los pescadores a continuar desarrollando su actividad, ambas organizaciones solicitan a la Comisión la opción de transferir más del 10% de sus cuotas de pesca existentes al próximo año, tal como se define en el artículo 15 (9) del Reglamento de Flexibilidad, dentro del Reglamento que regula la Política Pesquera Común. Esta medida, argumentan los pescadores europeos, ya fue ejecutada en 2014 y 2015 para las especies pelágicas. 

En su documento, tanto Europêche como EAPO reclaman una serie de medidas que garanticen las necesidades logísticas de las tripulaciones y barcos, tales como transporte de tripulaciones, equipos o repuestos; protocolos de salud ajustados a cada flota y garantía de movimientos de tripulaciones entre embarcaciones.

Entre otra de las medidas destaca la creación de un comité de crisis por parte de la Confederación Española de Pesca (CEPESCA) para hacer un seguimiento de la situación de la actividad pesquera de la flota española que defienda los derechos y seguridades del sector. Este comité velará por la protección de los trabajadores del sector pesquero que han manifestado su voluntad de seguir faenando, para lo que prestará una especial atención a la difusión y concienciación entre sus asociados de todas aquellas normativas y protocolos de actuación, tanto actuales como futuros, para hacer frente al COVID-19. El nuevo comité, que informará puntualmente de cualquier nueva situación, quiere, precisamente, trabajar para que los desajustes sean lo más limitados posible.

Según Javier Garat, “como cualquier otro sector de la actividad económica, estamos preocupados por el impacto que la actual situación pueda tener en la rentabilidad de las flotas, pero también somos conscientes de la responsabilidad que tenemos como suministradores de uno de los alimentos básicos de nuestra dieta.  Por lo tanto –añade Garat–, nuestro objetivo con este comité es asegurar que nuestra actividad no se detenga y buscar las vías de diálogo y soluciones que sean necesarias en caso de que surjan dificultades”. 

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