La Sección de Derecho Agroalimentario ha organizado la jornada “La Ley de la Cadena Alimentaria ante los nuevos retos del sector agroalimentario español”, que se ha celebrado en la sede de CaixaForum de Madrid (Paseo del Prado, 36).

El objetivo principal ha sido el tema de la futura transposición de la Directiva de prácticas comerciales desleales en el sector agroalimentario.

El presidente de la Sección, Manuel Lamela Fernández, ha sido el encargado de dar la bienvenida a la sesión, que contó con la participación, en calidad de moderador, de José Luis Palma, abogado experto en materia de Derecho agroalimentario, ha destacado la importancia de que la ley promueva la igualdad en todos los eslabones de la cadena de valor, de acabar con las diferencias y desequilibrios que no ayudan a la evolución del sector: "Debemos buscar unos parámetros objetivos, que promuevan acabar con las mínimas prácticas comerciales desleales". Además, Palma ha sido el encargado de dar paso a los ponentes de la misma, entre los que se encontraba:

Román Santalla Agra, secretario de Ganadería de UPA, Andoni García Arriola, miembro de la Comisión Ejecutiva de COAG y Gema Hernández Maroñas, directora de la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA).

Gema Hernández , durante su ponencia se ha mostrado a favor de la ley existente y de su funcionalidad, ha comentado las competencias existentes entre comunidades autónomas y el estado, y además ha resaltado, dentro de los conceptos jurídicos, el concepto de la cadena alimentaria, en la que se engloba a todos los eslabones, incluido al consumidor. "Gracias a la ley se establece lo que son las situaciones de desequilibrio, que vienen marcadas por relaciones comerciales en las que existen diferencias entre las empresas u operadores". "La ley ha creado un escenario muy favorable para que mejore el funcionamiento de la cadena".

A diferencia, Santalla Agra, secretario de Ganadería de UPA, se ha mostrado en la cara opuesta de la opinión sobre esta ley, apoyando que el consumidor no está lo suficientemente arropado por la ley. En cuanto a sanciones e infracciones, desde UPA piden que sean sanciones más fuertes y estrictas.

La Ley 12/2013, de 2 de agosto, de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria, nació con la vocación de mejorar el funcionamiento y la vertebración de la cadena alimentaria, así como con la intención de aumentar la eficacia y competitividad del sector agroalimentario español y reducir el desequilibrio en las relaciones comerciales entre los diferentes operadores de la cadena de valor.

Transcurridos cerca de seis años desde la entrada en vigor de esta Ley, se considera necesario valorar si realmente esta norma ha permitido dotar de una mayor seguridad jurídica al sector, máxime de cara a la próxima trasposición de la Directiva sobre prácticas comerciales desleales en el sector agroalimentario, motivo por el cual se estima oportuno profundizar en si la Ley está dando una respuesta eficaz a los retos actuales de nuestro sector agroalimentario o si sería preciso acometer una actualización o mejora de su contenido.

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