La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) y la Federación de Industrias de Alimentación y Bebidas (FIAB) han comparecido esta semana ante la Comisión de Agricultura del Congreso de los Diputados. El motivo: representar a sus miles de afiliados y afiliadas en toda España y aportar sus propuestas sobre la reforma de la Ley de cadena alimentaria.

UPA ha calificado el momento de “histórico” ante los representantes de los partidos políticos en la Cámara Baja, a los que ha pedido “altura de miras”: “No se trata de garantizar por Ley los precios justos en el campo, que también, sino de sentar las bases para dar oportunidades reales a los agricultores y ganaderos de vivir de su trabajo sin abandonar sus pueblos”, ha asegurado la Vicesecretaria General de UPA, Montse Cortiñas.

La organización agraria ha trasladado a sus señorías sus propuestas para lograr que la reforma de la Ley 12/2013 de la cadena alimentaria, cuyo impulso se logró gracias a la movilización de todo el sector hace ahora un año, culmine “con éxito”, convirtiendo a España en un ejemplo para Europa a la hora de establecer unas reglas del juego justas para una cadena agroalimentaria "que cree valor y no lo destruya".

Entre las propuestas de esta organización, consensuadas además con el resto de organizaciones agrarias representativas de ámbito nacional, destaca el que las asociaciones de operadores puedan presentar denuncias, que se establezca un registro oficial de contratos de compraventa de alimentos o que se adecúen las funciones del Observatorio de la Cadena Alimentaria para dar más transparencia y más justicia a las relaciones entre los eslabones. UPA insiste también en la necesidad de crear la figura de un mediador que actúe en casos de conflicto entre partes.

UPA ha recordado a los diputados las “interminables filas de tractores” que hace un año inundaron calles y carreteras, una protesta frenada de golpe por la pandemia. “El campo clama por su futuro, un futuro de progreso sostenible en el que agricultores y ganaderos decidan por sí mismos, en el que los jóvenes tengan la posibilidad de apostar por la agricultura y la ganadería como forma de vida”, han recalcado.

La reforma de la Ley de la cadena alimentaria debe servir para impulsar un cambio de mentalidad en toda la cadena, para desterrar la venta a pérdidas de una vez por todas y para que España dé un paso adelante a la hora de aportar justicia y transparencia a su cadena alimentaria, asegura UPA. “Está en juego la soberanía alimentaria de todos nosotros”, han concluido.

FIAB señala la ambigüedad y difícil aplicación del Coste Efectivo de Producción

Por su parte, desde FIAB se ha propuesto la mejora de la Ley en cuanto a la inseguridad jurídica que genera el Coste Efectivo de Producción, concepto que conlleva muchas ambigüedades y es muy difícil de aplicar en la práctica.

Así, han recordado que la industria es el eslabón central de la cadena alimentaria y, por ello, considera necesaria una reforma que abogue por unas relaciones comerciales equilibradas, transparentes y justas. “Todos buscamos una cadena más fuerte y en la que el valor se reparta en todos los eslabones, pero que, al mismo tiempo, garantice un sector competitivo”, ha expuesto Mauricio García de Quevedo.

“Esta medida plantea incertidumbre e inseguridad jurídica debido a toda la casuística que puede entrar en juego, como el propio cálculo de los costes, los cambios sobrevenidos en los precios o la eficiencia en la gestión de las producciones, además de obviar la realidad del mercado y los cambios entre oferta y demanda, entre otros muchos aspectos. Vemos una difícil aplicación práctica”, ha añadido García de Quevedo.

En cuanto a los plazos de pago, desde la Federación se considera que la reforma de la Ley debe contemplar que los productos frescos que se venden para transformación puedan aumentar los plazos de pago hasta los 60 días como el resto de productos. El director general de FIAB también ha resaltado la importancia de dotar de competencia plena a la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA) como autoridad especializada de control de las relaciones comerciales de la cadena alimentaria.

FEPEX advierte que la nueva reforma podría incrementar las importaciones

El director de FEPEX, José María Pozancos, ha explicado también que, en el sector español de frutas y hortalizas, la exportación representa el 65% de la facturación, por tanto, las condiciones de competencia en los mercados exteriores son decisivas y estas condiciones están llevando a un incremento continuo y constante de las importaciones.

En 2019, las importaciones españolas de frutas y hortalizas frescas superaron 3.500.000 toneladas, con un crecimiento del 35% en los últimos 5 años, destacando el caso de Marruecos, con un 81% más. Con relación a este país, la evolución de la importación española es especialmente grave en productos con el mismo calendario de producción, como tomate, sandía o frambuesa, con crecimientos del 138%, 132% y 381%, respectivamente, con un fuerte impacto sobre los precios en España.

En este sentido, la Ley no contempla las situaciones creadas en unos mercados globalizados, no pudiendo resolver dos graves problemas: la pérdida creciente de competitividad en unos mercados globalizados, con unos precios que no se pueden predecir cuándo se planifica la producción y la inexistencia de medidas eficaces de gestión de crisis para afrontar los desequilibrios de oferta y demanda.

FEPEX ha planteado también la dificultad de concretar algunos puntos clave de la Ley como determinar el precio cierto que debe recoger el contrato entre el comprador y el vendedor. La volatilidad de los mercados provoca que la horquilla de precios, por ejemplo, de tomate redondo, llegue al 300% en una misma campaña. Según el seguimiento semanal de la Comisión Europea, los precios del tomate redondo en 2020 han variado entre 162 y 28 céntimos/kilogramo en el caso de Países Bajos, y entre 125 y 49 céntimos/kilogramo en el caso de España, estando el resultado económico determinado por el precio medio percibido, en una campaña de recolección, que se puede extender 3, 6 o 9 meses, dependiendo del nivel tecnológico de las explotaciones. Por ello, se ha planteado que el precio relevante, para asegurar en la medida de los posible la sostenibilidad económica de las explotaciones, sea el precio medio de la campaña.

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