Los Estados miembros, incluyendo a España, han decidido por voto mayoritario la restricción (prácticamente) definitiva de tres insecticidas neonicotinoides que se ya encontraban en suspenso desde 2013: la clotiadinida, el imidacloprid y el tiametoxam. La decisión está basada en el informe negativo emitido por la EFSA (Agencia de Seguridad Alimentaria Europea) que concluye que estos productos representan un riesgo para las abejas y otros polinizadores.

Sin embargo, desde Aepla, asociación empresarial que representa al sector fabricante de productos fitosanitarios en España, señalan que no se han tenido en cuenta los reciente informes desarrollados por ANSES (French Agency for Food, Environmental and Occupational Health & Safety)  y JRC (Joint Research Center) sobre la disponibilidad y viabilidad de alternativas que protejan los cultivos.

Esta organización destaca que "la salud de las abejas ha sido una preocupación prioritaria para la industria de semillas y fitosanitarios, tal y como sus empresas han venido demostrando a través de programas de protección de las abejas en cultivos que son atractivos para ellas. La propia tecnología ahora rechazada aporta un beneficio excepcional a la agricultura protegiendo a los cultivos con un mínimo impacto ambiental por su eficacia a bajas dosis y el tiempo de protección que proporcionan".

Carlos Palomar, director general de Aepla, ha calificado a esta decisión de "desproporcionada", por el "tremendo daño que puede significar para el futuro de la agricultura en Europa. Volvemos a asistir a la toma de decisiones arbitrarias en Europa. Una vez más, no se considera el impacto negativo cierto, y se aceptan ciertas hipótesis a las que determinadas campañas mediáticas pretenden conceder la condición de verdades absolutas, sin base científica, y que lamentablemente gobiernan Europa en los últimos tiempos".

Asimismo, añade que la decisión no ha tenido en cuenta los estudios independientes llevados a cabo en los diferentes estados miembros, entre ellos España, que demuestran que "el uso correcto de estos productos no perjudica la salud de las abejas". Palomar también critica que el proceso de decisión se ha basado "en el criterio de peligrosidad, ignorando las medidas de mitigación de riesgos".

No obstante, habrá que esperar la opinión del Tribunal Superior de Justicia Europeo: está previsto que en mayo dictamine si fueron correctas las primeras prohibiciones realizadas ya en 2013. Para la patronal de productos fitosanitarios, el problema ahora es que "no se aborden en profundidad, y de manera integral, todos los problemas de salud y de falta de hábitats de los polinizadores".

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