^{Emilio Calvo
Director del Componente 2 del programa de la Unión Europea AL-INVEST Verde}

Revista Alimentaria.- Usted dirige el Componente 2 del programa de la Unión Europea AL-INVEST Verde. ¿Qué nos puede contar sobre este programa? ¿Cuándo nace y cuáles son sus objetivos?

Emilio Calvo.- AL-INVEST Verde es la sexta edición de AL-INVEST, un programa de cooperación delegada financiado por la Unión Europea que tiene una trayectoria de 28 años y cinco ediciones concluidas. Su objetivo es promover el crecimiento sostenible y la creación de empleo en América Latina. Para ello, cuenta con tres componentes: el Componente 1 presta apoyo a las pymes, el Componente 2 se centra en el apoyo al sector público y el Componente 3 trabaja para un mayor uso y eficacia de los derechos de propiedad intelectual.

En nuestro caso, el Componente 2 está liderado por FIIAPP, entidad del sistema de Cooperación Española, e IILA, Organización Internacional Ítalo-Latinoamericana. Desde que arrancamos el programa, en octubre de 2021, prestamos acompañamiento técnico a los gobiernos de América Latina para apoyar el fortalecimiento de las políticas públicas en materia de sostenibilidad y fomentar el diálogo multiactor. Lo anterior, con el fin de avanzar en la transición hacia modelos productivos y comerciales más sostenibles desde un punto de vista socioambiental y, por lo tanto, alineados con los nuevos estándares y reglamentos de la Unión Europea, con una especial atención al Reglamento de cadenas de suministro libres de deforestación y degradación forestal.

R. A.- Ha mencionado que trabajan con instituciones públicas de Latinoamérica. ¿Cómo está siendo la colaboración con ellas?

E. C.- Desde el Componente 2 de AL-INVEST Verde, cooperamos con los gobiernos del Mercosur -Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay- y otros de la región Andina, como Colombia, Ecuador y Perú, a través de acciones nacionales y regionales. Entre las acciones, se incluye la asistencia técnica especializada y el intercambio de experiencias, así como estudios y diálogos regionales que abarcan a varios países con estructuras productivas similares y, por lo tanto, con retos comunes.

La región latinoamericana es cada vez más consciente de los retos que la sostenibilidad impone a su sector agroexportador y, en este sentido, la colaboración con las instituciones públicas está siendo en general muy buena. La posibilidad de apoyarse en programas como AL-INVEST Verde es vista como una oportunidad para avanzar más rápido hacia procesos de producción más sostenibles que muchos países iniciaron hace ya años.

R. A.- Su prioridad es ayudar a lograr cadenas de producción sostenibles y libres de deforestación. ¿Qué marca la legislación europea al respecto?

E. C.- Tras su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea, el pasado 29 de junio de 2023 entró en vigor el Reglamento (UE) 2023/1115, relativo a la comercialización en el mercado de la Unión y a la exportación desde la Unión de determinadas materias primas y productos asociados a la deforestación y la degradación forestal. Este reglamento establece normas relativas a la introducción y comercialización de determinados productos en el mercado de la Unión Europea, así como a la exportación desde él. Su objetivo es reducir al mínimo la contribución de la Unión Europea a la deforestación y la degradación forestal en todo el mundo.

La normativa afecta a los productos listados en su Anexo 1 que contengan o se hayan elaborado utilizando ganado bovino, cacao, café, palma aceitera, caucho, soja o madera y muchos de sus derivados. Estos productos no se podrán introducir, comercializar o exportar desde la Unión Europea a menos que se cumplan tres condiciones: deben estar libres de deforestación, cumplir con la legislación del país de producción y estar amparados por una declaración de diligencia debida que los operadores tienen que presentar antes de introducirlos en el mercado o exportarlos. La fecha de corte fijada para demostrar la no deforestación es el 31 de diciembre de 2020.

R. A.- ¿El sector alimentario europeo está concienciado acerca de lo que implica esta normativa?

E. C.- Desde las asociaciones sectoriales y desde el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico de España se está haciendo un importante esfuerzo de difusión y concienciación, pero todavía quedan muchas dudas sobre la aplicación efectiva del Reglamento y sus implicaciones reales. Es importante destacar que, aunque el Reglamento ya está en vigor, los operadores y comerciantes disponen de un periodo de transición para empezar a cumplirlo: las grandes y medianas empresas, hasta el 30 de diciembre 2024, y las micro y pequeñas empresas, hasta el 30 de junio 2025.

Lo que ya sabemos es que la obligación de presentar la declaración de diligencia debida en el sistema de información que habilitará la Comisión Europea recaerá sobre el operador europeo que importa o exporta una mercancía. Esta declaración deberá incluir al menos tres aspectos: la recopilación de información, datos y documentos que incluyan la trazabilidad completa y georreferenciación de las parcelas donde se ha producido; las medidas de evaluación del riesgo; y las medidas de reducción del riesgo, si este se ha identificado en el paso anterior.

Por último, la Unión Europea otorgará un nivel de riesgo a cada país productor. Este podrá ser bajo, estándar o alto. En función de este nivel, establecerá un trato diferenciado y las autoridades competentes deberán realizar un porcentaje mínimo de controles: 1 % para los países de riesgo bajo, 3 % para los de riesgo medio y 9 % para los de riesgo alto.

R. A.- ¿Y el sector productor latinoamericano?

E. C.- El Reglamento supone la necesidad de realizar transformaciones muy profundas en sus sistemas productivos en muy poco tiempo. Por ello, desde la fase de redacción y aprobación, tanto el sector público como privado latinoamericano han mostrado sus inquietudes sobre la aplicación efectiva del mismo.

Desde el programa AL-INVEST Verde estamos haciendo un gran esfuerzo de sensibilización y difusión del Reglamento en la región, generando diálogos regionales de los sectores afectados y tratando de introducir este tema en la agenda pública de los gobiernos con los que mantenemos un diálogo directo e intenso.

Son retos que preocupan, entre otros, la georreferenciación de todas las parcelas productivas y la trazabilidad plena a lo largo de todos los eslabones de la cadena. En el caso de la trazabilidad, la dificultad es mayor en cadenas que tienen un grado de informalidad muy alto o donde más del 80 % de la producción está en manos de pequeños productores. Otro factor que preocupa mucho es la legalidad, ya que los sistemas de registro y control de los productos y productores son muy precarios en muchos países de la región.

R. A.- ¿Qué acciones llevan a cabo desde el Componente 2 de AL-INVEST Verde para formar acerca de la legislación sobre deforestación?

E. C.- En el ámbito de la capacitación y sensibilización, son varias las acciones que estamos desarrollando desde el inicio del programa. Entre ellas, desde finales de 2021 y durante 2022, organizamos los “Diálogos técnicos sobre sostenibilidad y trazabilidad en las cadenas de valor de la carne y el cuero”, en Brasil.

A través de tres eventos virtuales y uno presencial, se analizaron distintos aspectos de las cadenas de valor para identificar buenas prácticas y promover políticas medioambientales que ayuden a combatir la deforestación. Asimismo, durante todo 2023, hemos organizado los “Diálogos e intercambio de experiencias sobre la sostenibilidad en la cadena de valor del café”, que también han contado con tres mesas redondas virtuales y un evento regional presencial, en Colombia, para analizar las principales iniciativas que están llevando a cabo los gobiernos de los países productores de café para el cumplimiento de la regulación europea.

Por otro lado, en los países del Mercosur, estamos realizando sendos estudios relativos a la adaptación al Reglamento de cadenas de suministro libres de deforestación y degradación forestal tanto de las
cadenas de la carne bovina y el cuero, como de la madera y sus derivados.

En el ámbito de la capacitación, destacaría una acción que estamos implementando en Ecuador para la formación de formadores que capacitarán, a su vez, sobre la aplicación del Reglamento de productos libres de deforestación y degradación forestal en el sector cacaotero; y en el ámbito de la divulgación, pondría en valor el convenio que firmamos con el Instituto Forestal Europeo (EFI) para que, con el apoyo de sus expertos en el Reglamento, podamos difundirlo con mayor fuerza en la región.

R. A.- Trabajan con cada país individualmente. ¿Nos puede contar el caso de algún país que esté más avanzado en estas cuestiones?

E. C.- Es difícil escoger un caso, ya que cada país tiene sus particularidades. Por ello, desde AL-INVEST Verde reforzamos el intercambio de experiencias.

No obstante, si tuviera que destacar un ejemplo, mencionaría la plataforma argentina para la soja y carne bovina libre de deforestación, ViSeC. Es una plataforma nacional, impulsada por el sector privado y la sociedad civil, que ha sido asumida por el sector público argentino como plataforma nacional de trazabilidad para la soja y la carne bovina. ViSeC reúne al 100 % de los productores de soja argentinos y a los establecimientos autorizados para exportar carne a la UE, para certificar que la soja y la carne bovina que se exportan a la UE están libres de deforestación. El uso de este sistema será gratuito para el productor argentino ya que los costos que implica la trazabilidad y la certificación serán transferidos al comprador europeo. Tiene potencial de expansión a otros países productores de soja como Paraguay y a otras cadenas de valor.

R. A.- ¿Cuáles son las principales barreras con las que nos encontramos a la hora de contar con cadenas de producción sostenibles?

E. C.- En América Latina, donde se centra AL-INVEST Verde, destacaría la debilidad de los sistemas de trazabilidad y georreferenciación de las parcelas como uno de los principales retos a los que se enfrenta el sector. El cumplimiento de la legalidad en términos de derechos laborales, sociales y propiedad de la tierra es otra de las grandes barreras para hacer frente al Reglamento. Por último, la falta de coordinación entre los distintos agentes públicos y privados que intervienen a lo largo de la cadena es otro obstáculo que impide la formulación de sistemas estables, robustos y nacionales que permitan cumplir con los requisitos a corto plazo.

R. A.- En cuanto a los consumidores, ¿son conscientes de la importancia de contar con estas cadenas de producción sostenibles?

E. C.- Los consumidores europeos son cada vez más exigentes. Reclaman alimentos que cuenten con garantías de sostenibilidad socioambientales. Sin embargo, la sociedad tiene que ser consciente de que la sostenibilidad tiene un coste. No podemos reclamar productos que cumplan altos estándares de sostenibilidad a precios reducidos. Las decisiones de consumo individuales tienen un alto impacto en la sostenibilidad y, por lo tanto, en el planeta. Los consumidores, con sus decisiones, guiarán el cambio en los patrones productivos, al reclamar cada vez más productos producidos de manera sostenible.

R. A.- Para finalizar, ¿qué resultados le gustaría obtener a lo largo de 2024?

E. C.- El año 2024 es clave para conseguir que todos los países agroexportadores productores se adapten al Reglamento europeo de productos libres de deforestación y degradación forestal, ya que el 31 de diciembre finaliza el periodo transitorio. A partir de entonces, serán obligatorias las declaraciones de diligencia debida para demostrar la no deforestación y legalidad de las cadenas afectadas. A lo largo de este año, confiamos en cerrar con éxito procesos de acompañamiento que mantenemos para el café y el cacao en los países andinos y para la carne, cuero y soja, en los países del Mercosur.